Garantismo en la provincia de Kicillof: una jueza K frenó por 60 días la baja de la edad de imputabilidad
Marta Pascual hizo lugar a un habeas corpus colectivo y paralizó temporalmente la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense. La magistrada alegó que los institutos provinciales no están preparados para recibir a adolescentes de 14 y 15 años.
Apenas 48 horas después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, la Justicia bonaerense dispuso suspender durante 60 días su aplicación en la provincia de Buenos Aires.
La resolución fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora. La magistrada, con antecedentes dentro de administraciones peronistas, aceptó un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
La medida afecta la implementación de la Ley 27.801, sancionada por el Congreso e impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que estableció la responsabilidad penal desde los 14 años. Hasta la aprobación de la reforma, el régimen anterior fijaba el límite en los 16.
El argumento utilizado para frenar la reforma
Pascual justificó su decisión en las deficiencias que atraviesan los centros bonaerenses destinados al alojamiento de menores. Según sostuvo, la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años podría incrementar la cantidad de detenidos y provocar una situación de hacinamiento.
La jueza consideró que los establecimientos provinciales no cuentan actualmente con la infraestructura, los equipos profesionales ni los programas educativos necesarios para recibir a más jóvenes sin afectar sus derechos fundamentales.
También advirtió que las deficiencias en educación, capacitación laboral y reinserción podrían aumentar los niveles de violencia una vez que los adolescentes recuperen la libertad. A partir de ese planteo, decidió aplicar un criterio preventivo y postergar la puesta en marcha del sistema.
El fallo ordenó al Ministerio de Seguridad bonaerense, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia que adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la suspensión.
La magistrada convocó además a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que los funcionarios del gobierno de Axel Kicillof deberán informar qué acciones realizaron, cuáles tienen previstas y en qué plazos podrían adecuar los institutos provinciales.
El nuevo régimen ya estaba reglamentado
La decisión judicial se conoció el mismo día en que el Gobierno nacional publicó el Decreto 875/2026, mediante el cual reglamentó la reforma y designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.
La normativa alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta el momento en que cumplen 18 y busca terminar con el vacío legal que impedía responsabilizar penalmente a menores de 16 años, incluso cuando participaban en delitos de extrema gravedad.
El sistema no se limita a las penas de prisión. También contempla tareas comunitarias, reparación del daño, restricciones de acercamiento, monitoreo electrónico y programas de acompañamiento. Para los casos más graves, establece establecimientos especializados y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad, sin posibilidad de imponer prisión perpetua.
Además, reconoce expresamente los derechos de las víctimas y dispone la creación de supervisores especializados para controlar el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Justicia.
Críticas al garantismo bonaerense
La suspensión provocó una fuerte reacción de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien responsabilizó al gobernador Kicillof por el rumbo de la seguridad en la provincia.
“Kicillof se pone del lado de los delincuentes”, cuestionó la dirigente de La Libertad Avanza, quien también apuntó contra una parte de la Justicia bonaerense por priorizar a quienes cometen delitos mientras los vecinos viven con miedo.
La decisión de Pascual abre, además, una discusión sobre el alcance territorial del fallo. Fuentes judiciales señalaron que magistrados de otros departamentos bonaerenses podrían adoptar un criterio diferente y aplicar la nueva legislación ante casos concretos ocurridos fuera de Lomas de Zamora.
Por el momento, la resolución pretende mantener paralizada la reforma durante dos meses en toda la provincia. Durante ese período, el Ejecutivo bonaerense deberá explicar por qué su sistema de minoridad no cuenta con los recursos necesarios para cumplir una ley nacional sancionada y reglamentada.
El fallo vuelve a enfrentar dos concepciones claramente diferenciadas: la política del Gobierno nacional, orientada a terminar con la impunidad penal de los menores que cometen delitos graves, y el garantismo bonaerense, que utiliza las deficiencias estructurales de la administración de Kicillof como argumento para postergar la aplicación de la nueva normativa.
