Milei redobla la defensa de Malvinas: cinco petroleras quedaron bajo investigación
Cancillería abrió expedientes sobre 45 personas físicas y jurídicas relacionadas con licencias, financiamiento y servicios para operaciones offshore sin autorización argentina. El procedimiento también alcanza a accionistas y proveedores internacionales.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva medida contra las empresas involucradas en la exploración y futura explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Por instrucción presidencial, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios sobre 45 personas físicas y jurídicas vinculadas directa o indirectamente con proyectos petroleros en el Atlántico Sur.
La investigación busca determinar si los involucrados violaron las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659, que exige autorización argentina para realizar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental nacional.
La ofensiva no se limita a las compañías que recibieron licencias de la administración británica instalada en el archipiélago. También incluye fondos de inversión, accionistas, ejecutivos, consultoras y proveedores que aportan capital, infraestructura o asistencia técnica.
Las petroleras que quedaron en la mira
En el centro de las actuaciones aparecen cinco compañías extranjeras señaladas como licenciatarias ilegítimas: Navitas Petroleum Development and Production Limited, Rockhopper Exploration, Borders & Southern Falkland Islands Limited, JHI Associates y JHI Falklands.
El listado también incorpora subsidiarias operativas como Navitas Petroleum Atlantic Limited y las sociedades británicas Rockhopper Exploration Hydrocarbons Limited y Rockhopper Exploration Oil Limited.
Navitas y Rockhopper son las principales responsables de Sea Lion, el proyecto petrolero más avanzado en las aguas que rodean a las Malvinas. La primera controla el 65% de la iniciativa y actúa como operadora, mientras que la compañía británica conserva el 35% restante.
La explotación se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas. Su primera etapa contempla una inversión cercana a los USD 1.800 millones, una producción inicial estimada en 50.000 barriles diarios y el comienzo de las extracciones durante 2028.
Para la Argentina, las autorizaciones concedidas unilateralmente por las autoridades británicas carecen de validez. Las operaciones se desarrollan sobre un espacio marítimo cuya soberanía permanece en disputa y sin la aprobación del Estado nacional.
El cerco llega hasta los accionistas y proveedores
El Gobierno amplió el alcance de la investigación para reconstruir toda la estructura financiera y operativa que sostiene los proyectos.
Entre los accionistas relacionados con Navitas aparecen las firmas israelíes Harel Insurance Investments, Migdal Insurance, Phoenix Financial y Meitav Investment House. En el caso de Rockhopper, figuran fondos y sociedades como Noked Capital, Aedos Advisers, Exodus Management Israel e Ion Fund Management.
También fueron incluidos Eco Atlantic Oil & Gas, accionista de las compañías JHI, y varios inversores vinculados con esa estructura empresarial.
Las actuaciones alcanzan además a Noble Corporation, identificada como proveedora estratégica de infraestructura, junto con accionistas como AP Moller Holding, First Eagle Investment Management, Vanguard y Dimensional Fund Advisors.
La nómina se completa con la consultora estadounidense Netherland, Sewell & Associates, dedicada al análisis de reservas y proyectos energéticos, y la neerlandesa Fugro, vinculada con la prestación de servicios técnicos para actividades offshore.
De esta manera, la estrategia oficial busca elevar el costo económico de participar en las operaciones británicas. El objetivo no consiste únicamente en sancionar a quienes extraigan petróleo, sino también en impedir que puedan conseguir financiamiento, seguros, maquinaria y asistencia especializada.
Las sanciones que podrían enfrentar
La Ley 26.659 prohíbe desarrollar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas realizadas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
La norma permite aplicar inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, además de impedir que las empresas involucradas mantengan contratos con el Estado nacional, las provincias o los municipios. También contempla multas, suspensión de actividades y eventuales consecuencias penales.
Los expedientes iniciados no implican todavía una sanción definitiva. Cada caso deberá atravesar el correspondiente procedimiento administrativo para determinar responsabilidades y permitir el ejercicio del derecho de defensa.
Sin embargo, la apertura formal de las actuaciones constituye una advertencia para las compañías que pretendan participar del negocio petrolero en las islas mientras mantienen operaciones o intereses comerciales en la Argentina.
Una estrategia integral para el Atlántico Sur
La medida forma parte del nuevo plan anunciado por Milei en cadena nacional. El Presidente anticipó que enviará al Congreso una reforma destinada a endurecer las penas, acelerar los procedimientos y ampliar la responsabilidad de los proveedores vinculados con explotaciones no autorizadas.
El canciller Pablo Quirno reveló además que unas 180 empresas relacionadas con la industria recibieron advertencias para que definan si continuarán participando de esos proyectos o preservarán sus negocios dentro del territorio argentino.
La presión ya produjo movimientos entre las principales prestadoras internacionales de servicios petroleros. Varias compañías con actividad en Vaca Muerta comunicaron públicamente que no participan ni participarán en operaciones hidrocarburíferas en Malvinas.
Desde la Casa Rosada remarcaron que la defensa de los recursos naturales forma parte inseparable del reclamo de soberanía y aseguraron que quienes pretendan beneficiarse de actividades ilegítimas encontrarán “toda la firmeza de la ley”.
Con esta decisión, el Gobierno de Milei busca transformar el reclamo histórico en acciones concretas. La estrategia apunta al punto más sensible del proyecto británico: las empresas, los inversores y la cadena internacional de proveedores que necesitan para convertir los recursos del Atlántico Sur en un negocio económicamente viable.
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