Milei amplió el cerco contra quienes operan en Malvinas: ya son 60 las personas y empresas bajo proceso
La Casa Rosada incorporó otros 15 posibles infractores a las actuaciones abiertas por actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. El Ejecutivo prometió identificar y sancionar a todos los responsables de avanzar sobre los recursos del Atlántico Sur.
El Gobierno de Javier Milei profundizó su ofensiva contra las personas y empresas vinculadas con la explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas y la plataforma continental argentina.
La Oficina del Presidente anunció el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos que habrían infringido las prohibiciones establecidas en el artículo 2° de la Ley 26.659.
Las nuevas actuaciones se suman a los expedientes iniciados previamente contra otros 45 involucrados. De esta manera, ya son 60 las personas humanas y jurídicas alcanzadas por los procesos administrativos impulsados por el Gobierno nacional.
Las identidades de los nuevos investigados no fueron detalladas en el comunicado oficial. Sin embargo, el Ejecutivo aclaró que se trata de actores presuntamente involucrados en el desarrollo de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
El Gobierno promete avanzar contra todos los responsables
La ampliación de los procedimientos forma parte de una estrategia destinada a identificar a cada uno de los participantes de los proyectos que buscan explotar los recursos naturales ubicados en los territorios y espacios marítimos bajo ocupación británica.
El relevamiento no se limita a las compañías que encabezan las iniciativas petroleras. El Gobierno busca determinar también la responsabilidad de directivos, accionistas, contratistas y proveedores que colaboren directa o indirectamente con esas operaciones.
“La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, afirmó la Oficina del Presidente al comunicar la apertura de los nuevos expedientes.
La Casa Rosada ratificó además los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes. También advirtió que ningún actor extranjero puede disponer de esos recursos sin la autorización del país.
El Gobierno aseguró que continuará con las tareas de identificación y abrirá nuevos sumarios a medida que detecte la participación de otras personas o compañías. El objetivo es que toda la cadena económica involucrada en las actividades hidrocarburíferas responda ante el Estado argentino.
La ofensiva por los recursos del Atlántico Sur
La medida se conoce en medio del endurecimiento de la política nacional frente a los proyectos petroleros que avanzan alrededor del archipiélago. El principal foco de tensión es Sea Lion, una iniciativa liderada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration que pretende comenzar a producir petróleo al norte de las islas.
La administración libertaria considera que estas operaciones vulneran la legislación argentina y buscan apropiarse de recursos pertenecientes al país mediante licencias otorgadas unilateralmente por las autoridades británicas.
Milei anunció que utilizará instrumentos administrativos, económicos, judiciales y diplomáticos para impedir que las compañías involucradas puedan operar simultáneamente en las islas y dentro del territorio continental argentino.
El Ejecutivo también busca acelerar los mecanismos previstos en la Ley 26.659 y endurecer las sanciones contra quienes participen en tareas de exploración o explotación sin autorización. Las restricciones podrían alcanzar tanto a las empresas principales como a sus proveedores y socios comerciales.
“Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción”, sostuvo la Presidencia al defender la decisión de avanzar contra los responsables.
Con los 15 nuevos procedimientos, el Gobierno volvió a demostrar que la defensa de la soberanía no quedará limitada a declaraciones diplomáticas. La estrategia apunta directamente contra la estructura empresarial y financiera que hace posible la explotación de los recursos argentinos bajo protección británica.
La Casa Rosada ratificó que agotará todas las instancias disponibles para que quienes vulneren la soberanía nacional respondan por sus acciones. El mensaje para las compañías fue claro: operar ilegalmente en Malvinas tendrá consecuencias.
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