Alberto Fernández cobra la jubilación de privilegio más alta del país: 26.1 millones por mes
El beneficio más alto del país
La asignación surge de la Ley 24.018, sancionada en 1991, que otorga una prestación vitalicia e inembargable a expresidentes, exvicepresidentes y determinados familiares, con un monto atado al salario de un juez de la Corte Suprema. Según datos de ANSES relevados en julio, Fernández encabeza el ranking de once beneficiarios de este régimen, por delante de Mauricio Macri ($25.043.153) y de Adolfo Rodríguez Saá, presidente durante apenas una semana en diciembre de 2001, que cobra casi $24 millones.
El monto que percibe el expresidente equivale a más de 52 jubilaciones mínimas, en un sistema previsional donde el haber mínimo con bono ronda los $498.000 mensuales.
Una polémica que se reabrió
El beneficio volvió a ser noticia después de que Fernández cuestionara con dureza el discurso de Javier Milei sobre la soberanía argentina en Malvinas y las sanciones anunciadas contra las petroleras que operan en el archipiélago. En declaraciones radiales, el expresidente calificó de «show» el anuncio y lanzó una frase que generó fuerte repercusión: «Que no se preocupe Inglaterra por eso, porque la Argentina está absolutamente desarmada«.
La frase fue interpretada por buena parte del arco político como un gesto de debilidad frente al Reino Unido, en plena discusión por la disputa de soberanía. El periodista Jonatan Viale fue uno de los que salió a cruzarlo en redes sociales, recordándole el monto de su jubilación de privilegio junto a la pregunta de qué autoridad moral tiene para pedirle tranquilidad a Londres quien, como expresidente, contribuyó al estado actual de las Fuerzas Armadas que hoy él mismo cuestiona.
Los intentos de quitarle el beneficio
Desde que se le otorgó el beneficio, distintos legisladores de la oposición —entre ellos Graciela Ocaña— reclamaron en varias oportunidades su revocación, primero por supuesta «falta de idoneidad» y luego, tras su procesamiento judicial por la causa de los seguros y la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez, pidieron directamente la suspensión del pago. Sin embargo, al tratarse de un derecho consagrado por ley, el propio Gobierno reconoció que haría falta una nueva norma para eliminarlo: en 2024, el Congreso rechazó un proyecto que buscaba derogar este tipo de regímenes especiales.
