Denunciaron a Alberto Fernández por traición a la patria tras decirle al Reino Unido que Argentina está “absolutamente desarmada”
El expresidente, que durante cuatro años fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quedó denunciado por sus dichos sobre las capacidades militares argentinas en pleno conflicto de soberanía por Malvinas. La polémica reabrió además el debate sobre su propia gestión: firmó la compra de los P-3 noruegos pero terminó el mandato sin pagar la primera cuota, su contrato no garantizaba la operatividad del radar principal y, semanas antes de dejar el poder, su gobierno desafectó ocho hectáreas de Defensa para cederlas gratuitamente a la UOM.
Una frase puede adquirir un significado completamente diferente dependiendo de quién la pronuncie.
Y Alberto Fernández no es un ciudadano cualquiera hablando sobre las Fuerzas Armadas. Fue presidente de la Nación entre 2019 y 2023 y, por mandato constitucional, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante cuatro años, con acceso al máximo nivel de información estatal sobre las capacidades militares argentinas.
Por eso provocó semejante repercusión su mensaje dirigido expresamente al Reino Unido en medio del renovado conflicto por Malvinas.
“Que no se preocupe por eso, porque la Argentina está absolutamente desarmada”.
Fernández pronunció la frase durante una entrevista en la que intentaba desacreditar la nueva estrategia de Javier Milei sobre Malvinas y cuestionó también la incorporación de los 24 F-16 adquiridos a Dinamarca, a los que calificó como un “vejestorio” e incluso como un supuesto “desfalco”.
La consecuencia llegó rápidamente: el abogado José Luis España presentó una denuncia penal en la Justicia Federal por presunta traición a la patria y revelación de información vinculada con la seguridad nacional y las capacidades militares del Estado. La presentación deberá ahora superar el análisis judicial para determinar si existe efectivamente algún delito.
¿Una opinión política o información sensible de un expresidente?
La gravedad política del episodio va incluso más allá de si finalmente la denuncia prospera penalmente.
Argentina mantiene una disputa de soberanía abierta con el Reino Unido, potencia que administra las Islas Malvinas y mantiene allí presencia militar.
Y quien le dice públicamente a Londres que puede “quedarse tranquilo” porque Argentina está “absolutamente desarmada” es alguien que hasta diciembre de 2023 tuvo acceso directo a información sobre estado operativo, capacidades, limitaciones, armamento, radares, aeronaves, barcos y planificación militar.
Precisamente allí apunta uno de los argumentos de la denuncia: determinar si Fernández realizó simplemente una apreciación política general o si habló apoyado en información estatal conocida durante su ejercicio presidencial.
El Código Penal castiga en su artículo 222 la revelación de secretos políticos, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad o los medios de defensa de la Nación.
La figura de “traición a la patria”, en cambio, tiene un umbral jurídico mucho más alto: la Constitución la restringe a tomar las armas contra la Nación o unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro. Por eso que exista una denuncia por traición no significa que el delito esté configurado; deberá determinarlo la Justicia.
Pero la pregunta política permanece:
¿qué necesidad tiene un expresidente argentino de tranquilizar públicamente al Reino Unido explicándole la debilidad militar de su propio país?
Si Argentina estaba “absolutamente desarmada”, ¿qué hizo Fernández durante cuatro años?
La declaración tiene además una consecuencia incómoda para el propio exmandatario.
Si, como afirma Fernández, Argentina está “absolutamente desarmada”, entonces necesariamente aparece otra pregunta: ¿qué ocurrió durante los cuatro años en los que él fue precisamente el responsable máximo de la Defensa Nacional?
Sería incorrecto afirmar que su administración no hizo absolutamente nada. Durante su gobierno el Congreso creó el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), promulgado por Fernández en 2020, que estableció recursos específicos para recuperación, modernización y compra de equipamiento militar. También hubo una recomposición salarial del personal y distintos programas de reequipamiento.
El problema está en las grandes capacidades estratégicas que quedaron pendientes.
Argentina terminó su mandato todavía sin capacidad supersónica de combate, sin haber recibido los nuevos aviones de patrullaje marítimo y con numerosos proyectos sin completar.
Y uno de esos casos resulta especialmente útil para comparar con la crítica que Fernández hace ahora contra los F-16 por su antigüedad.
Los P-3 de Fernández: usados, con décadas encima y sin una cuota pagada
El 17 de octubre de 2023, apenas semanas antes del cambio de gobierno, la Armada firmó durante la gestión de Jorge Taiana el convenio con Noruega para adquirir cuatro P-3 Orion: tres P-3C de exploración marítima y un P-3N de apoyo logístico.
El convenio fue firmado por el entonces jefe de la Armada, almirante Julio Guardia, junto con Taiana y las autoridades noruegas.
Los aviones tampoco eran nuevos.
Los P-3C noruegos pertenecen esencialmente a una generación incorporada a finales de los años 80 y comienzos de los 90. Uno de los aparatos fue entregado originalmente en 1989 y los restantes pertenecen a esa misma generación; el P-3N incluso proviene de una célula más antigua.
Es decir: Fernández critica hoy a los F-16 porque tienen alrededor de cuatro décadas, pero su propio gobierno decidió correctamente comprar aeronaves P-3 que también acumulaban varias décadas de servicio.
Porque en aviación militar la edad cronológica de la célula no determina por sí sola la utilidad de un sistema de armas.
Importan las horas remanentes, el mantenimiento, las modernizaciones, los sensores, la aviónica, el armamento y el soporte logístico.
Exactamente el mismo criterio que ahora Fernández omite al hablar de los F-16.
Firmaron el contrato, pero no pagaron
Hay otra diferencia.
La administración Fernández firmó la compra de los P-3, pero terminó el gobierno sin concretar siquiera el primer pago.
El entonces ministro Luis Petri confirmó en marzo de 2024 que al asumir el nuevo Gobierno “no había un solo pago” efectuado a Noruega. La primera transferencia efectiva por US$10 millones se concretó bajo la administración Milei. Documentación posterior enviada por Defensa al Congreso registra precisamente esos US$10 millones como pago efectuado en 2024.
Los fondos habían llegado a ser preparados sobre el final de 2023, pero el giro no se concretó y el dinero regresó al Tesoro. El contrato quedó así pendiente hasta que la nueva administración realizó el pago y reactivó la operación.
El primer P-3C finalmente llegó a Argentina en septiembre de 2024.
Y faltaba garantizar una pieza central: el radar
Pero el problema más delicado del acuerdo original no era la antigüedad.
Petri reveló que el convenio había sido firmado sin una cláusula que garantizara la operatividad del radar Raytheon AN/APS-137B(V)5, uno de los principales sensores del P-3C para detectar y seguir objetivos sobre el mar.
No sería exacto decir que los aviones iban a llegar convertidos simplemente en “aviones de carga”: los P-3C disponen de múltiples sistemas y capacidades.
Pero incorporar un avión de patrullaje marítimo sin tener garantizada la disponibilidad de su principal radar comprometía justamente la misión para la que Argentina lo estaba comprando: vigilar el Atlántico Sur.
La administración Milei terminó de gestionar con Estados Unidos —país de origen de los sistemas sensibles— la liberación de las aeronaves y de los equipos asociados. El primer aparato argentino ya realizó misiones utilizando radar, sistema electroóptico FLIR y detector de anomalías magnéticas MAD, entre otros equipos.
Hoy los P-3 son precisamente uno de los instrumentos que permiten controlar el Mar Argentino y vigilar las flotas pesqueras que operan sobre el límite de la Zona Económica Exclusiva.
Los F-16: viejos de fabricación, pero modernizados
La comparación con los F-16 deja todavía más expuesta la contradicción.
Sí: los F-16 daneses fueron fabricados originalmente hace aproximadamente cuatro décadas. Eso es cierto.
Lo que Fernández omite es que fueron sometidos al programa Mid-Life Update (MLU) y a modernizaciones posteriores. Defensa informó oficialmente al Senado que los aparatos recibieron mejoras de media vida y actualizaciones subsiguientes y que mantienen un remanente estimado de al menos 25 años de vida operativa, además de operar bajo estándares OTAN.
Durante 2025 se agregó además un acuerdo con la empresa danesa Terma para actualizar guerra electrónica, software, hardware, planificación de misión y soporte técnico.
Y Estados Unidos aprobó un paquete que incluye software clasificado, soporte, logística y componentes para misiles AIM-120 C-8, mientras Argentina avanzó también en integración de comunicaciones, guerra electrónica y sistemas de autoprotección.
Por eso discutir exclusivamente el año de fabricación conduce a una comparación engañosa.
Los P-3 comprados por Fernández y los F-16 adquiridos por Milei son aeronaves usadas y de varias décadas de antigüedad. En ambos casos, lo que define su capacidad actual son las modernizaciones, los sensores y el equipamiento que llevan adentro.
Ocho hectáreas de las Fuerzas Armadas para la UOM
La discusión sobre el legado militar de Fernández sumó además esta semana otro capítulo.
En los últimos meses de su gobierno, un predio estatal de aproximadamente 80.000 metros cuadrados —ocho hectáreas— que se encontraba bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas fue desafectado y entregado mediante un “permiso precario y gratuito” a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para construir un gran complejo multifuncional en Tres de Febrero.
La UOM estaba conducida por Abel Furlán, dirigente sindical de estrecha relación política con Máximo Kirchner. El trámite pasó por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, cuya vicepresidencia ocupaba Juan Debandi, dirigente vinculado a La Cámpora.
El complejo finalmente no se construyó. Esta semana se conoció además que el sindicato había pagado más de $126 millones por trabajos de arquitectura vinculados al proyecto a un estudio encabezado por Martín Reibel Maier, militante de La Cámpora y excompañero de colegio de Máximo Kirchner.
No se trató de una venta ni de una transferencia definitiva de propiedad: jurídicamente fue un permiso precario y revocable. Pero la decisión política resulta difícil de ignorar dentro de esta discusión: sobre el final de una gestión que hoy su propio expresidente describe como dejando a la Argentina “absolutamente desarmada”, ocho hectáreas afectadas a Defensa terminaron destinadas gratuitamente a un sindicato aliado.
De comandante en jefe a tranquilizar a los británicos
La denuncia judicial deberá seguir su camino y corresponde distinguir la crítica política de la responsabilidad penal.
Para que exista revelación de secretos deberá probarse que Fernández efectivamente divulgó información protegida y no simplemente una opinión general. Y la figura constitucional de traición a la patria es todavía más restrictiva.
Pero nada de eso elimina la dimensión institucional de sus palabras.
Alberto Fernández no solamente dijo que Argentina tiene problemas de Defensa.
Eligió dirigirse al país que ocupa las Islas Malvinas y decirle que podía quedarse tranquilo porque Argentina estaba “absolutamente desarmada”.
Lo hizo después de haber sido durante cuatro años el comandante en jefe responsable de esas mismas Fuerzas Armadas.
Lo hizo mientras criticaba por viejos a los F-16 modernizados, pese a que su administración había firmado la compra de P-3 igualmente veteranos.
Y lo hizo después de una gestión que firmó esos P-3 pero no alcanzó a pagar la primera cuota ni dejó garantizada la operatividad de su radar fundamental, mientras sobre el final del mandato desafectaba tierras militares para entregarlas gratuitamente a la UOM.
La Justicia deberá decidir si sus dichos constituyen delito.
La pregunta política es mucho más sencilla: si Alberto Fernández realmente cree que durante su presidencia Argentina quedó “absolutamente desarmada”, quizá antes de tranquilizar a Gran Bretaña debería explicar qué hizo él durante cuatro años para evitarlo.
