Bregman salió en defensa de los menores que delinquen y atacó la baja de la edad de imputabilidad
La dirigente trotskista acusó al Gobierno de “perseguir a la juventud” porque el nuevo régimen permite juzgar desde los 14 años. La ley contempla penas diferenciadas, medidas educativas y establecimientos separados de los adultos.
La referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman volvió a cuestionar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad mínima a partir de la cual una persona puede responder ante la Justicia por la comisión de un delito.
Mediante una publicación en X, la dirigente cargó contra el Gobierno de Javier Milei y contra los legisladores opositores que acompañaron la reforma. Según Bregman, la normativa entrega herramientas para “regimentar y perseguir a la juventud”.
La exdiputada también acusó a quienes votaron a favor de convertirse en cómplices de una supuesta “criminalización de la juventud y la pobreza”. Finalmente, afirmó que ninguna solución podía provenir del Gobierno.
Su mensaje generó cuestionamientos porque volvió a presentar como víctimas de una persecución estatal a adolescentes que, bajo el nuevo sistema, podrán ser investigados y juzgados cuando existan pruebas de que participaron en hechos delictivos.
Qué establece realmente la nueva ley
La Ley 27.801 reemplazó un régimen que permaneció vigente durante décadas y estableció un sistema penal específico para adolescentes de entre 14 y 17 años.
La normativa no dispone el encarcelamiento automático de todos los menores acusados ni replica sin modificaciones el sistema aplicable a los adultos. Por el contrario, contempla diferentes respuestas de acuerdo con la gravedad del hecho y las circunstancias particulares de cada caso.
Entre las alternativas aparecen la amonestación judicial, la prohibición de acercamiento a las víctimas, el monitoreo electrónico, la reparación del daño, la capacitación laboral, el acompañamiento psicológico y las tareas comunitarias.
Para los delitos de menor gravedad, la ley permite aplicar mecanismos como la mediación, la suspensión del proceso a prueba y distintas sanciones no privativas de la libertad.
La detención queda reservada para los casos que requieren una respuesta más severa y debe cumplirse en institutos especializados, sin contacto con presos adultos. La pena máxima prevista para una persona adolescente es de 15 años y están expresamente prohibidas la prisión y la reclusión perpetuas.
El régimen también incorpora obligaciones educativas, laborales y de resocialización, además de reconocer la participación de las víctimas y sus familiares durante el proceso.
El caso que expuso las consecuencias de la antigua legislación
La discusión adquirió una dimensión nacional después del asesinato de Kim Gómez, la niña de siete años que murió en La Plata durante el robo del automóvil de su madre.
Los atacantes escaparon con la menor atrapada en el vehículo y la arrastraron durante más de un kilómetro. Los acusados tenían 17 y 14 años al momento del crimen.
El mayor pudo ser sometido a un proceso judicial, pero el adolescente de 14 años quedó alcanzado por la inimputabilidad prevista en la legislación anterior. El caso se transformó en uno de los principales ejemplos utilizados para demostrar las consecuencias de un sistema que impedía juzgar a menores de 16 años, incluso ante hechos de extrema gravedad.
Para los familiares de las víctimas y los impulsores de la reforma, la edad no puede convertirse en una garantía de impunidad frente a homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
La izquierda vuelve a poner el foco en los victimarios
Bregman ya había rechazado la reforma durante el debate legislativo. En aquella oportunidad afirmó que el nuevo sistema otorgaría mayores facultades a la Policía para hostigar a los jóvenes de los barrios populares.
Su nueva intervención mantuvo el mismo enfoque: concentró las críticas en las consecuencias que la ley tendrá para los autores de delitos, mientras dejó en segundo plano el derecho de las víctimas a obtener justicia.
El régimen impulsado por Milei no elimina las garantías constitucionales ni desconoce la situación particular de los adolescentes. Establece un procedimiento especializado, incorpora herramientas de reinserción y diferencia las penas según la gravedad de cada conducta.
Pero también introduce un principio que el sistema anterior se negaba a reconocer: cuando un adolescente comprende la gravedad de sus actos y comete un delito, la Justicia debe contar con herramientas para investigar, juzgar y establecer responsabilidades.
Compartí esta noticia
