Ya son tres los gigantes petroleros que se bajaron de Malvinas tras la presión del Gobierno de Milei
SLB, Baker Hughes y Halliburton descartaron participar de proyectos hidrocarburíferos en las islas luego del endurecimiento de las sanciones dispuesto por el Gobierno nacional. Las tres compañías están entre las mayores proveedoras de servicios para la industria petrolera a nivel mundial.
La estrategia impulsada por el Gobierno de Javier Milei contra la explotación británica de hidrocarburos en las Islas Malvinas comenzó a mostrar sus primeras consecuencias concretas. En cuestión de horas, tres de las mayores compañías de servicios petroleros del mundo anunciaron que no participarán de proyectos vinculados con el archipiélago ni con sus espacios marítimos circundantes.
Se trata de SLB —la antigua Schlumberger—, Baker Hughes y Halliburton, tres multinacionales con una participación central en la industria energética global y, al mismo tiempo, una fuerte presencia en la Argentina.
Los pronunciamientos llegaron después de que el Ejecutivo nacional endureciera los mecanismos para aplicar la legislación argentina contra compañías que intervengan, directa o indirectamente, en la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas sin autorización del país.
El punto de inflexión fue el Decreto 868/2026, firmado por Milei y publicado el viernes 4 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y agilizó los procedimientos destinados a investigar y eventualmente sancionar a quienes participen de actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales por la Argentina.
La norma alcanza no solamente a quienes realizan directamente esas actividades, sino también a empresas, accionistas y proveedores vinculados con operaciones efectuadas sin autorización argentina.
En paralelo, la Casa Rosada informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas que podrían estar involucradas en la exploración o explotación de hidrocarburos en las islas. La investigación incluye también a accionistas y compañías que hayan prestado servicios a los proyectos.
La primera señal llegó desde SLB, considerada una de las compañías de servicios petroleros más importantes del planeta.
A través de su filial local, la empresa informó que no participa ni tiene previsto participar en licitaciones para prestar servicios a proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos circundantes y remarcó su compromiso con el cumplimiento de la legislación argentina.
Horas después se sumó Baker Hughes Argentina.
La multinacional estadounidense comunicó que tampoco participa ni proyecta participar en procesos destinados a prestar servicios para emprendimientos hidrocarburíferos en las islas y las áreas marítimas e insulares vinculadas.
La decisión adquiere especial relevancia por el peso tecnológico de Baker Hughes dentro de la industria offshore. La compañía provee equipamiento, tecnología y servicios especializados utilizados en algunas de las operaciones petroleras de mayor complejidad del mundo.
Finalmente llegó la confirmación de Halliburton, otro de los gigantes globales del sector.
La empresa aseguró que no participa del proyecto Sea Lion ni de actividades de exploración o producción alrededor de las Islas Malvinas y sostuvo que desarrolla sus operaciones respetando las leyes y regulaciones argentinas.
Halliburton fue todavía más explícita al manifestar que respeta la soberanía de la República Argentina y ratificar su compromiso con el país y con el desarrollo del sector energético nacional.
Detrás de la reacción del Gobierno aparece principalmente Sea Lion, el proyecto petrolero offshore que avanza al norte de las Islas Malvinas bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas del archipiélago y que la Argentina considera ilegales.
El emprendimiento está encabezado por Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
La preocupación argentina aumentó a medida que Sea Lion avanzó hacia su etapa de desarrollo. Para concretar un proyecto offshore de semejante escala, las compañías operadoras necesitan contratar una extensa cadena internacional de proveedores especializados en perforación, servicios de pozos, ingeniería, tecnología y logística.
Es precisamente allí donde apunta la nueva estrategia de la Casa Rosada.
El Gobierno busca elevar el costo económico y jurídico de participar de proyectos en Malvinas obligando a las multinacionales a elegir entre intervenir en explotaciones que la Argentina considera ilegales o conservar el acceso a uno de los mercados petroleros con mayor potencial de crecimiento del mundo.
La ecuación resulta especialmente sensible para empresas como SLB, Halliburton y Baker Hughes, que tienen negocios importantes en el país y participan del desarrollo de Vaca Muerta.
De la protesta diplomática a la presión económica
El Gobierno libertario decidió complementar el tradicional reclamo diplomático argentino con instrumentos económicos, regulatorios y comerciales.
La Ley 26.659 ya prohíbe a personas y compañías habilitadas para operar en la Argentina desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental sin autorización nacional, participar en empresas que lo hagan o prestarles distintos tipos de servicios.
El Decreto 868/2026 procura acelerar su aplicación. Entre otras disposiciones, estableció que los investigados tendrán diez días hábiles administrativos para presentar su descargo y ordenó a los organismos nacionales informar a Cancillería cualquier actividad que pudiera violar la legislación.
Las sanciones previstas pueden incluir inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para operar en la Argentina, además de otras consecuencias contempladas por la normativa vigente.
A esto se suma una ofensiva política más amplia anunciada por Milei para profundizar la defensa argentina sobre el Atlántico Sur y dificultar la explotación unilateral de sus recursos naturales.
Un primer resultado para la estrategia de Milei
La decisión simultánea de tres gigantes internacionales constituye una señal relevante para el Gobierno.
No implica, por sí sola, la paralización de Sea Lion: Navitas y Rockhopper continúan impulsando el proyecto y podrían recurrir a otros proveedores. Pero la negativa pública de SLB, Baker Hughes y Halliburton reduce considerablemente el universo de contratistas de primer nivel disponibles para una explotación offshore de alta complejidad.
Sobre todo, muestra que la amenaza de sanciones argentinas comenzó a incorporarse al cálculo comercial de las multinacionales.
En apenas unas horas, las tres grandes compañías internacionales dejaron en claro que no arriesgarán sus negocios en la Argentina para participar de la explotación petrolera británica en Malvinas.
Es el primer efecto visible de una estrategia con la que Milei busca trasladar el conflicto desde el terreno exclusivamente diplomático hacia uno en el que la Argentina posee una herramienta cada vez más poderosa: el peso económico de Vaca Muerta y el acceso al mercado energético nacional.
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