La Libertad Avanza desarmó el esquema regulatorio de Javkin: Uber y DiDi salen sin tarifa mínima ni tasa específica
El oficialismo anticipó que este jueves saldrá la normativa para habilitar las aplicaciones en Rosario, pero el texto que llega al recinto quedó muy lejos del proyecto original de Pablo Javkin. La presión de La Libertad Avanza eliminó el piso tarifario, evitó una tasa específica, consolidó la actividad como servicio privado, amplió la condonación de multas y postergó hasta un año la obligación de contar con licencia profesional.
Después de semanas de negociaciones, cruces y proyectos enfrentados, el Concejo Municipal de Rosario se encamina este jueves a aprobar finalmente la habilitación de Uber, DiDi y otras aplicaciones de movilidad. Pero la normativa que llegará al recinto tiene diferencias sustanciales respecto del esquema originalmente impulsado por el intendente Pablo Javkin, luego de que La Libertad Avanza condicionara sus votos a eliminar varios de los aspectos más intervencionistas.
El dictamen consiguió despacho con el respaldo de Unidos por Rosario y La Libertad Avanza, mientras el peronismo y Ciudad Futura se opusieron. Para el bloque libertario, el acuerdo representa haber conseguido que la Municipalidad pase de una lógica centrada en “regular” las aplicaciones a otra más próxima a simplemente habilitar una actividad que ya existe y que miles de rosarinos utilizan diariamente.
Desde La Libertad Avanza venían sintetizando la discusión con una frase: «Ellos quieren regular; nosotros queremos habilitar«. En ese sentido, sostuvieron durante todo el debate que la Municipalidad debía concentrarse en condiciones básicas de seguridad y documentación, pero sin intervenir en precios, agregar nuevas cargas o transformar una relación entre privados en otro servicio sujeto al control económico estatal.
Sin tarifa mínima, sin tasa específica y como servicio privado
Uno de los cambios centrales será la desaparición de la tarifa mínima. El proyecto original del Ejecutivo establecía que ningún viaje contratado mediante aplicaciones podía costar menos que el boleto del transporte urbano, un piso que actualmente se encuentra en $2.150 y que LLA cuestionó desde el comienzo por considerar que el Estado no debe decidir cuánto pueden acordar voluntariamente un conductor y un pasajero.
La versión que llegará al recinto mantiene, en cambio, la libertad tarifaria. Uber, DiDi y las demás plataformas podrán continuar utilizando precios dinámicos según oferta, demanda, distancia y disponibilidad, mientras el usuario seguirá conociendo el importe antes de aceptar o rechazar un viaje.
También quedó afuera la creación de una tasa específica sobre las aplicaciones, otro de los puntos que La Libertad Avanza había marcado como límite. El proyecto inicial del Ejecutivo dejaba a las plataformas alcanzadas por las obligaciones tributarias municipales que resultaran aplicables, una redacción que los libertarios cuestionaban porque consideraban que podía convertirse en una puerta para futuras cargas.
La nueva normativa tampoco encuadrará a Uber y DiDi dentro del régimen tradicional de servicio público de transporte, sino como un servicio privado de movilidad de pasajeros intermediado mediante plataformas tecnológicas. La definición fue central para LLA porque limita la posibilidad de trasladar automáticamente a las aplicaciones reglas pensadas para taxis, remises u otros servicios públicos.
La discusión jurídica no era solamente semántica. Para el bloque integrado por los concejales Juan Pedro Aleart, Lautaro Enriquez, Franco Volpe, Anabella Lencina y Samanta Arias, considerar la actividad dentro de la lógica de un servicio público podía justificar tarifas impuestas, obligaciones de continuidad durante las 24 horas, controles económicos adicionales y una intervención municipal mucho más amplia sobre la relación entre usuario, conductor y plataforma.
Otro cambio importante aparecerá en la condonación de multas. El beneficio no quedará reservado únicamente para taxistas y remiseros que hayan utilizado aplicaciones, sino que también alcanzará a los conductores particulares sancionados durante los años en que Rosario perseguía la actividad con multas y secuestros de vehículos.
Ese punto había generado otra diferencia con el oficialismo. La Libertad Avanza exigió que, si la ciudad finalmente reconoce como legal una actividad que durante años funcionó de manera masiva, la amnistía sea igual para todos los actores involucrados y no discrimine entre quienes tenían una licencia tradicional y quienes trabajaban de manera particular.
Hasta un año sin licencia profesional y la pelea pendiente por Uber Moto
La licencia profesional fue otra de las negociaciones que terminó con una concesión significativa. El Ejecutivo pretendía exigir la categoría D1, pero el texto final permitirá inicialmente trabajar con licencia B1 y otorgará un plazo de seis meses para realizar la adecuación, prorrogable por otros seis meses.
En los hechos, un conductor podrá permanecer hasta un año trabajando legalmente sin contar todavía con licencia profesional, siempre que cumpla el resto de los requisitos. Para LLA, esa transición evita dejar de un día para otro fuera del mercado a miles de personas que actualmente utilizan las plataformas como fuente principal o complementaria de ingresos.
La normativa mantendrá requisitos vinculados con la seguridad, entre ellos seguro para transporte de pasajeros, revisión técnica vigente e identificación del vehículo y del conductor. Las plataformas también deberán registrarse y aportar información estadística anonimizada al Ente de la Movilidad, por lo que el resultado no supone una desregulación absoluta sino un marco mucho menos restrictivo que el inicialmente discutido.
El único gran objetivo libertario que quedó afuera fue el transporte de pasajeros en motocicleta. Uber Moto y modalidades equivalentes no serán habilitadas en esta ordenanza, principalmente por las objeciones vinculadas con seguros y seguridad vial planteadas desde el oficialismo.
La Libertad Avanza no dará por cerrada esa discusión. El espacio anticipó que presentará un proyecto específico para habilitar los viajes en moto, con la intención de establecer requisitos propios de seguridad en lugar de mantener la prohibición sobre una modalidad que ya funciona de hecho y es utilizada tanto por pasajeros como por trabajadores.
Para el bloque libertario, el resultado de las negociaciones demuestra que su estrategia de bloquear el proyecto inicial y exigir modificaciones terminó corriendo al oficialismo hacia una normativa mucho más abierta. Aleart ya había adelantado que a su espacio no le interesaba quedarse con la autoría de la ordenanza, sino impedir que la legalización terminara convertida en una nueva capa de impuestos, pisos tarifarios y burocracia.
Desde LLA describen el desenlace en términos todavía más duros: sostienen que consiguieron “salvar a las aplicaciones de un proyecto socialista”, en referencia al nivel de intervención que atribuían al esquema originalmente impulsado desde el Palacio de los Leones. La caracterización pertenece al bloque libertario, pero las modificaciones concretas son verificables: no habrá tarifa mínima, no habrá tasa específica, será un servicio privado, se condonarán multas también a particulares y la licencia profesional podrá demorarse hasta un año.
Rosario llega así a la legalización formal de Uber y DiDi después de años de multas, corralones y persecución administrativa contra quienes trabajaban mediante aplicaciones. La última batalla quedará ahora en las motos: LLA logró modificar buena parte de la normativa y ya prepara el próximo paso para intentar que Uber Moto también deje de operar en la clandestinidad.
