Cristina Kirchner declara hoy en Comodoro Py por la causa Cuadernos
Con condena firme por Vialidad y tobillera electrónica, Cristina Fernández de Kirchner se presenta ante el Tribunal Oral Federal N°7 por el mayor esquema de sobornos de la historia política del país. Afuera, la menguante militancia kirchnerista monta un operativo de apoyo en pleno horario laboral
Este martes a las 9 de la mañana, Cristina Fernández de Kirchner se presentó en el Auditorium de Comodoro Py para declarar ante el Tribunal Oral Federal N°7 en el inicio de las indagatorias del juicio oral por la causa Cuadernos de las Coimas, el expediente judicial que investiga el sistema de recaudación ilegal de sobornos más extenso y documentado de la historia política argentina.
La expresidenta llegó desde su departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Es apenas la segunda vez que sale de su domicilio desde que comenzó a cumplir la sentencia en junio de 2025 —la primera fue una internación quirúrgica por peritonitis—.
No se trata de una ciudadana que comparece ante la Justicia desde la presunción de inocencia ordinaria. Se trata de una expresidenta ya condenada por corrupción, con sentencia firme del máximo tribunal del país, que ahora enfrenta un proceso judicial aún más grave: la acusación de haber liderado una asociación ilícita desde el corazón del Poder Ejecutivo y de estar implicada en más de 200 hechos de cohecho pasivo, es decir, la recepción sistemática de sobornos de empresarios contratistas del Estado a cambio de favores vinculados a la obra pública.
La historia, que Cristina Kirchner invoca permanentemente como su tribunal de apelación, ya comenzó a pronunciarse. Y su veredicto no le es favorable.
La causa Cuadernos: radiografía del saqueo
La investigación se originó en 2018 a partir de las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer del Ministerio de Planificación Federal, quien registró durante años —con la meticulosidad de un contador— los recorridos que realizaba para trasladar bolsos con dinero en efectivo provenientes de empresarios contratistas del Estado.
Las anotaciones de Centeno no eran impresiones vagas ni relatos de oídas. Eran registros detallados con fechas, direcciones, montos y nombres de los funcionarios que recibían el dinero. Un mapa preciso del sistema de recaudación ilegal que, según la acusación fiscal, funcionó de manera ininterrumpida durante los tres gobiernos kirchneristas (2003-2015).
El mecanismo que describe la acusación era estructuralmente simple:
- Empresarios que contrataban con el Estado pagaban coimas a funcionarios del área de infraestructura, obra pública y transporte.
- El dinero se recaudaba en efectivo, se trasladaba en bolsos y se entregaba directamente a los funcionarios involucrados.
- La cadena de mando llegaba hasta la cúspide del poder, es decir, hasta la propia presidencia de la Nación.
La causa cobró dimensión cuando varios de los implicados decidieron colaborar con la Justicia. El financista Ernesto Clarens, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y el empresario Gabriel Romero, entre otros, aceptaron declarar como imputados colaboradores y confirmaron la existencia del sistema.
Hoy, el proceso involucra a 86 acusados: 22 exfuncionarios —incluyendo secretarios de Estado, operadores y choferes— y 64 empresarios. La fiscal de juicio Fabiana León y el querellante de la Unidad de Información Financiera, Mariano Galpern, sostienen la acusación.
Cristina Kirchner es la primera en declarar. Y los cargos en su contra son de una gravedad extraordinaria: jefa de una asociación ilícita que operó desde el Poder Ejecutivo Nacional y responsable de más de 200 hechos de cohecho pasivo.
Doscientos hechos. No uno, no diez, no veinte. Doscientos actos de recepción de sobornos documentados por la fiscalía. La dimensión del caso habla por sí sola.
Una expresidenta condenada que insiste en el papel de víctima
La noche previa a su declaración, Cristina Kirchner publicó en la red social X un mensaje en el que calificó al juicio como una «farsa procesal» y acusó al tribunal de haber cedido ante una supuesta «exigencia mediática de presencialidad».
«Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada ‘Cuadernos’, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad’. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’.»
El argumento merece ser analizado en su justa medida: una expresidenta condenada por corrupción con sentencia firme, que enfrenta una nueva acusación por 200 hechos de soborno y liderazgo de una asociación ilícita, sostiene que el juicio oral y público en su contra es un «show» y una «farsa». Que la presencialidad —principio fundamental del derecho procesal penal en todo el mundo civilizado— es una concesión a los medios.
Es el mismo recurso retórico que empleó el 2 de diciembre de 2019, cuando declaró en la causa Vialidad en esa misma sala y pronunció la célebre frase:
«Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia.»
La Corte Suprema de Justicia —no la historia, sino la institución constitucional encargada de decir la última palabra— confirmó esa condena. Seis años de prisión. Sentencia firme. Tobillera electrónica. Arresto domiciliario.
La apelación a la historia como juez supremo es un recurso habitual de quienes rechazan la legitimidad de las instituciones cuando estas actúan en su contra. Pero la Argentina es un Estado de derecho, no un seminario de filosofía política. Y en un Estado de derecho, quien tiene más de 200 hechos de cohecho en su contra no es una perseguida: es una acusada que debe rendir cuentas.
La menguante militancia: operativo de apoyo en horario laboral
Como ocurre cada vez que Cristina Kirchner tiene una cita judicial, la maquinaria de movilización kirchnerista se activó para montar un operativo de acompañamiento en las inmediaciones de su domicilio y de los tribunales federales.
Desde las 7 de la mañana de un día martes laborable, militantes de diversas agrupaciones se concentraron en la esquina de San José y Humberto Primo, bloqueando el tránsito vehicular. Banderas de La Cámpora, Unidos y Organizados, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), Secasfpi (sindicato del ANSES) y el PJ de Lomas de Zamora se desplegaron sobre las veredas y la calzada.
Los pasacalles exhibían consignas como «Los pibes siempre vamos a estar», «Siempre con vos», «Te vamos a liberar», «Jueces corruptos» y «Milei corrupto, queremos a Cristina».
La composición de la concurrencia resulta reveladora. No se trató de una movilización masiva ni espontánea, sino de una convocatoria organizada, nutrida fundamentalmente por militantes de organizaciones políticas rentadas, gremios del sector estatal y agrupaciones de La Cámpora. Es decir, estructuras que dependen directa o indirectamente del financiamiento público.
El prontuario que define una carrera política
La causa Cuadernos no es un episodio aislado en la trayectoria judicial de Cristina Kirchner. Es una pieza más —probablemente la más voluminosa— de un entramado de causas por corrupción que no tiene precedente en la historia presidencial argentina.
Causa Vialidad: Condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta. Sentencia firme de la Corte Suprema. Cumpliendo condena.
Causa Cuadernos: 86 acusados. Más de 200 hechos de cohecho pasivo. Acusada de liderar una asociación ilícita. Juicio oral en curso.
Causa Hotesur-Los Sauces: Investigación por lavado de dinero a través de empresas familiares que alquilaban propiedades al Estado y a empresarios vinculados a la obra pública a precios sospechosamente elevados.
Causa Dólar Futuro: Presunta defraudación al Estado por operaciones realizadas por el Banco Central en el mercado de futuros del dólar.
Causa Memorándum con Irán: Acusación de encubrimiento del atentado terrorista contra la AMIA mediante un acuerdo diplomático con Irán que, según los fiscales, buscaba garantizar impunidad a los acusados iraníes.
Ningún expresidente argentino ha acumulado un historial judicial de esta magnitud. Ninguno. La concentración de causas, la gravedad de los cargos y la cantidad de pruebas reunidas configuran un cuadro que habla por sí solo sobre cómo se ejerció el poder durante los gobiernos kirchneristas.
En la nueva Argentina, la impunidad tiene fecha de vencimiento
Durante años, Cristina Kirchner operó bajo la convicción de que el poder político la blindaba frente a la Justicia. Los fueros parlamentarios, primero como senadora y luego como vicepresidenta, le otorgaron una protección institucional que utilizó para dilatar los procesos judiciales durante más de una década. Los operadores políticos en el sistema judicial hicieron lo suyo para entorpecer las investigaciones.
Esa era terminó.
La confirmación de la condena por Vialidad por parte de la Corte Suprema en 2025 marcó un punto de inflexión histórico. Por primera vez, una expresidenta argentina fue efectivamente condenada y puesta a cumplir sentencia por corrupción. No en los discursos, no en las tapas de los diarios, no en el tribunal de la opinión pública: en un tribunal de la Nación, con todas las garantías del debido proceso, tras años de juicio oral, con derecho a defensa y apelación en todas las instancias.
El gobierno del presidente Javier Milei ha sido claro en un principio fundamental: en la Argentina no puede haber ciudadanos por encima de la ley. La independencia del Poder Judicial no es una consigna: es la columna vertebral de una república. Y cuando la Justicia actúa con independencia y las sentencias se cumplen, el mensaje es inequívoco: el que comete delitos desde el poder rinde cuentas como cualquier ciudadano.
Una condena firme por corrupción. Prisión domiciliaria. Tobillera electrónica. Un nuevo juicio oral por 200 hechos de soborno. Ochenta y seis coacusados. Imputados colaboradores que confesaron. Cuadernos con registros de entregas de dinero. Bolsos con millones transportados de noche en autos oficiales.
El que las hace, las paga.
La juzgan en la sala AMIA.
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El Fantasma de Nismann está dando vueltas por alli.?
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Es muy interesante la coincidencia