Aleart pidió frenar el parque acuático de la Costanera Norte y exigió que el proyecto pase por el Concejo
El concejal Juan Pedro Aleart presentó un reclamo administrativo formal para suspender de manera inmediata la licitación y las obras del denominado “Parque Acuático Costanera Norte”. El planteo apunta al corazón de una discusión cada vez más incómoda para la política rosarina: el uso de los recursos públicos, la falta de información y las prioridades de un Estado municipal que pretende avanzar sin debate suficiente.
El concejal Juan Pedro Aleart volvió a poner bajo la lupa el malgasto público en Rosario. Esta vez, el foco está puesto sobre el proyecto del “Parque Acuático Costanera Norte”, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo Municipal que, según el planteo presentado, no puede avanzar sin antes garantizar información completa, estudios técnicos y tratamiento institucional en el Concejo.
A través de un reclamo administrativo formal, Aleart solicitó la suspensión inmediata de la licitación y de las obras vinculadas al emprendimiento, además del acceso integral a toda la documentación técnica, ambiental y urbanística relacionada con el proyecto.
El pedido no es menor. En una ciudad atravesada por problemas estructurales, con vecinos que siguen reclamando por seguridad, transporte, infraestructura básica, mantenimiento urbano y servicios esenciales, la decisión de avanzar con una obra de estas características obliga a una pregunta central: ¿cuáles son las prioridades reales del municipio?
Aleart exigió que el Ejecutivo entregue los estudios de impacto ambiental, hidráulico, urbanístico y de movilidad, información oficial sobre la posible afectación de la línea ribereña y el camino de sirga, copia completa del expediente licitatorio y la justificación técnica y económica de la inversión pública prevista.
También pidió que se suspendan los vallados y cualquier avance de obra hasta que se garantice el acceso a toda la información pública. En otras palabras: antes de gastar, intervenir y modificar un sector sensible de la ciudad, el municipio debe explicar qué quiere hacer, cuánto costará, qué impacto tendrá y por qué considera que ese proyecto debe estar por encima de otras necesidades urgentes.
El reclamo abre una discusión que excede al parque acuático. Lo que está en debate es el modo en que el Estado municipal administra el dinero de los rosarinos. Durante años, la política acostumbró a presentar obras, anuncios y proyectos como si el presupuesto fuera una caja sin dueño. Pero cada peso que se gasta sale del bolsillo del contribuyente.
Por eso, el planteo de Aleart apunta a frenar una lógica repetida: decisiones tomadas desde el Ejecutivo, con poca transparencia, escaso debate público y una ciudadanía que muchas veces se entera cuando las máquinas ya están en marcha.
Rosario necesita obras, pero también necesita prioridades. Y, sobre todo, necesita que el gasto público deje de ser un terreno opaco donde la política decide primero y explica después.
El pedido del concejal de La Libertad Avanza busca instalar una regla básica: ningún proyecto financiado con recursos públicos puede avanzar sin documentación completa, control institucional y debate en el Concejo. Porque cuando el Estado gasta sin explicar, no invierte: compromete plata ajena.
En tiempos donde cada familia mide sus gastos, ajusta su economía y decide con cuidado en qué usar sus ingresos, el municipio también debería estar obligado a hacer lo mismo. La obra pública no puede ser un cheque en blanco. Y Rosario no puede seguir financiando decisiones que no pasaron por el filtro de la transparencia.
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