Fiscal suspendido denuncia una maniobra: “Es el precio de trabajar bien”
Su defensa apunta contra el trámite judicial y legislativo, habla de testigos direccionados y vincula el trasfondo con investigaciones sensibles en la localidad santafesina de San Jorge.
Primero lo suspendieron. Después le recortaron el sueldo. Y ahora su defensa denuncia que detrás del expediente contra Diego Gustavo Rodríguez y Barros, fiscal adjunto de San Jorge, no hay solamente una discusión disciplinaria, sino una pelea de poder dentro del sistema judicial santafesino. Según pudo saber El Liberador a través de la defensa, el fiscal habría sido corrido porque empezó a tocar intereses sensibles en el departamento San Martín.
El eje del planteo es concreto: Rodríguez y Barros habría sido apartado porque su trabajo en la localidad de San Jorge empezó a incomodar intereses locales. Entre las causas que investigaba, según su defensa, había expedientes vinculados a homicidios, microtráfico y otros delitos de impacto regional. Desde su entorno jurídico aseguran que la acusación por las cubiertas fue apenas el punto de partida de una ofensiva que luego sumó otros expedientes, testimonios internos y cuestionamientos laborales.
Una de las acusaciones que se le imputa surgió a partir del robo de dos ruedas de su auto personal. La defensa sostiene que el hecho existió, que Rodríguez y Barros fue víctima de la sustracción y que la imputación por presunta estafa a una aseguradora se construyó sobre una presunción sin prueba objetiva suficiente.
En el recurso presentado ante la Justicia, afirman que el fiscal aportó una versión circunstanciada del episodio y ofreció prueba de descargo, entre ella testimonios, registros de audiencias y documentación vinculada al día en que ocurrió el hecho. El planteo central es que esa prueba no fue valorada antes de avanzar contra él.
Pero la causa no quedó ahí. A la denuncia por las cubiertas se sumó otro episodio relacionado con un parabrisas y una acusación por presunto uso indebido del sistema informático del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En ese tramo del expediente, se lo señala por haber cargado una acusación contra un ciudadano bajo el legajo de otro fiscal.
El abogado patrocinador de Rodríguez y Barros, Sergio Adrián Martyniuk, negó ese hecho. Según esa versión, el fiscal nunca tuvo en su poder el legajo necesario para realizar esa operación y, además, habría impulsado una constatación notarial para mostrar la vulnerabilidad del sistema informático en la sede de San Jorge.
En esa línea, desde la defensa sostienen que las oficinas permanecían abiertas, que las computadoras tenían claves recordadas y que el acceso a sistemas y correos podía quedar expuesto a terceros. En otras palabras: cuestionan que se le atribuya automáticamente al fiscal una carga informática solo porque apareció vinculada a sus credenciales.
El expediente también incorpora señalamientos laborales contra Rodríguez y Barros. En ese punto, la defensa rechaza las acusaciones y afirma que aparecieron cuando la pata penal del caso no alcanzaba para justificar una sanción más severa. Desde el entorno del fiscal suspendido sostienen que varios testimonios internos estuvieron atravesados por conflictos previos y animadversión personal.
Ese es uno de los ejes más duros del planteo: se cuestiona la validez de declaraciones tomadas dentro del MPA y se sostiene que parte de los testigos no tenía objetividad para declarar. Incluso, desde la defensa afirman que algunos habrían manifestado su deseo de que Rodríguez y Barros no regresara a la fiscalía de San Jorge.
Para la defensa, ese dato era clave y debía ser explicitado en las actas. El planteo judicial sostiene que existieron graves irregularidades en la recepción de testimonios y que algunas declaraciones habrían sido tomadas sin los recaudos necesarios, lo que —según el recurso— las descalificaría como prueba idónea para fundar una imputación contra el fiscal suspendido.
La pelea penal que llegó a la Corte
El frente más importante, según la defensa, está hoy en la Justicia. El expediente penal discute medidas cautelares impuestas al fiscal suspendido, entre ellas restricciones de ingreso a dependencias del MPA y limitaciones de contacto. Su defensa acudió con un recurso de inconstitucionalidad, al considerar que las resoluciones que agravaron esas medidas fueron arbitrarias, dogmáticas y contrarias al debido proceso.
De acuerdo con la posición defensiva, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe deberá resolver ese planteo, que se suma a otro recurso anterior también pendiente de definición. En ambos casos, el eje es similar: la defensa sostiene que hubo afectación del derecho de defensa, falta de valoración de prueba de descargo y decisiones judiciales apoyadas en argumentos insuficientes.
En sus presentaciones, insisten en que el proceso penal está prácticamente paralizado por falta de evidencia nueva. Según esa lectura, si la acusación tuviera la solidez que se proclamó públicamente, la causa ya debería haber avanzado hacia una instancia más contundente, como una acusación formal o una definición judicial de fondo.
Mientras tanto, Rodríguez y Barros continúa suspendido y con la mitad del sueldo. Para su defensa, “esa situación funciona como una presión económica y psicológica para forzar su salida del MPA antes de que el fondo del caso sea revisado por tribunales superiores”.
El trasfondo: San Jorge y causas sensibles
Según pudo reconstruir este medio, el trasfondo del caso estaría vinculado al desembarco de Rodríguez y Barros en San Jorge en septiembre de 2023. Allí, aseguran desde su entorno, el fiscal comenzó a mover causas que llevaban años frenadas, impulsó detenciones, aceleró condenas y empezó a tocar intereses que hasta entonces no habrían tenido demasiados sobresaltos.
El punto más sensible aparece cuando la defensa vincula el conflicto con el microtráfico. De acuerdo con esa hipótesis, Rodríguez y Barros había empezado a cuestionar el esquema provincial de intervención en causas de narcomenudeo, especialmente por la pérdida del efecto sorpresa en allanamientos cuando distintos niveles del sistema debían ser informados previamente.
“Cuando un fiscal empieza a molestar, el sistema reacciona”, resumieron desde su defensa.
La instancia legislativa
En paralelo al frente penal, el caso también escaló a la Legislatura. La Comisión de Acuerdos tomó intervención en el expediente y será clave para definir la situación institucional del fiscal suspendido. Según fuentes vinculadas a su defensa, en estos días podría haber definiciones relevantes sobre su continuidad o no dentro del MPA.
Desde la defensa cuestionan aspectos del trámite legislativo y señalan que existieron falencias de procedimiento. El planteo apunta a que no habría un reglamento claro, que ciertas decisiones se habrían tomado con criterios discrecionales y que Rodríguez y Barros no habría tenido plenamente garantizado su derecho de defensa.
En particular, objetan que no se le haya permitido interrogar libremente a determinados testigos durante la instancia legislativa. También sostienen que el acusador se apoyó en gran medida en elementos provenientes del expediente penal, sin producir una investigación autónoma suficiente sobre los puntos controvertidos por la defensa.
“El caso abre una discusión más grande que el futuro de un fiscal. La pregunta de fondo es si en Santa Fe el poder político puede condicionar, disciplinar o directamente desplazar a fiscales que incomodan intereses sensibles”, manifiesta la defensa de Rodríguez y Barros, que sostiene que eso es precisamente lo que estaría ocurriendo.
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