La propuesta de Milei sobre el IVA: historia y actualidad de un impuesto a la pobreza
El presidente Javier Milei ha sacudido el tablero fiscal argentino con una propuesta audaz: separar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre la Nación y las provincias para fortalecer el federalismo fiscal. Esta iniciativa busca devolver a las provincias la autonomía impositiva perdida décadas atrás, alentando la competencia fiscal entre jurisdicciones y obligando a las economías locales a pararse sobre sus propios pies. A continuación, analizamos en detalle esta propuesta desde un enfoque técnico-económico con tintes libertarios, revisando la historia y problemas del IVA en Argentina, evaluando su posible impacto en las cuentas nacionales y provinciales, y comparando con modelos internacionales.
El IVA en Argentina: origen y efectos a lo largo del tiempo
El IVA cumple medio siglo en el país y ha sido protagonista central de la recaudación pública. Se creó a fines de 1973 (entró en vigencia en 1975) durante el gobierno de Juan D. Perón, sustituyendo al impuesto a las ventas (nacional) y al impuesto a las actividades lucrativas (provincial). La adopción del IVA respondió a la necesidad de modernizar el sistema tributario: evitar las distorsiones del viejo impuesto en cascada y aumentar la recaudación en un contexto de creciente gasto público. Inicialmente tenía una alícuota general del 13% (con excepciones amplias para atenuar su efecto regresivo en la canasta básica) y una tasa especial de 21% para ciertos bienes. Sin embargo, con el tiempo el IVA se fue expandiendo y encareciendo:
- Incrementos constantes de la alícuota: la tasa original del 13% nunca bajó. Por el contrario, fue elevada sucesivamente al 16%, luego 18% y finalmente al 21% en 1995, nivel que se mantiene hasta hoy. Argentina terminó con uno de los IVA más altos del mundo desarrollado, sólo detrás de contados países (Italia y Uruguay con 22%, a la par de España y los Países Bajos con 21%). Además existen pocos bienes con tasa reducida (10,5%) y algunos servicios con una agravada de 27%, lo que deja a la mayoría del consumo alcanzado por el máximo.
- Carácter regresivo: al gravar por igual el consumo de todos, el IVA recae proporcionalmente más sobre quienes menos tienen. En Argentina esto se agrava porque aplica incluso a muchos productos básicos sin distingos por capacidad económica. Mientras países desarrollados eximen o reducen el IVA en alimentos esenciales (Reino Unido, Canadá, Australia y otros aplican 0%, y la mayoría de la UE tasas de 5–10% en comida), aquí la canasta básica paga 21% excepto contadas excepciones. El resultado: los más pobres destinan una porción mayor de sus ingresos al IVA, haciéndolo un impuesto notoriamente injusto en términos sociales.
- Incentivos a la evasión y distorsiones financieras: la elevada carga del IVA fomenta la evasión en muchos eslabones de la cadena productiva. Además, problemas en el diseño local agravan su peso: en Argentina los saldos técnicos a favor (créditos de IVA superiores al débito) no se reintegran ni actualizan automáticamente, obligando a las empresas a financiar esos importes en un contexto inflacionario. Esto encarece costos y finalmente se traslada a precios, contraviniendo la teórica neutralidad del IVA. Sectores exportadores, aunque tienen reintegros, sufren trámites engorrosos y demoras que licúan el beneficio.
- Falta de transparencia para el contribuyente: históricamente el IVA estuvo invisibilizado para el consumidor final en Argentina. A diferencia de otros países donde el ticket de compra discrimina claramente el impuesto, aquí el precio exhibido ya lo incluye y solo las empresas ven el IVA desglosado en sus facturas. Esta opacidad generó “falta de conciencia fiscal” en la ciudadanía: la gente no percibe cuánto de lo que paga son impuestos, lo que reduce el escrutinio público sobre el gasto. Según analistas tributarios, esta falta de involucramiento facilitó el crecimiento desmedido del gasto público en las últimas décadas. En línea con una visión libertaria, el gobierno de Milei buscó corregir esto implementando desde abril de 2025 la obligación de detallar el IVA en todos los comprobantes de venta, incluso de pequeños comercios, para que el impuesto sea explícito en cada ticket. La medida busca dar mayor claridad al consumidor sobre la carga impositiva de cada compra, fomentando la transparencia y el debate informado sobre el destino de esos fondos.
En síntesis, el IVA nació con el fin técnico de reemplazar impuestos distorsivos y dotar al Estado de una fuente potente de ingresos, pero con el tiempo sus efectos negativos se han acumulado: se transformó en un tributo elevado en términos internacionales, regresivo en su impacto social, fuente de informalidad y, paradójicamente, pilar de un esquema fiscal poco transparente y centralista. Este diagnóstico es clave para entender por qué desde sectores libertarios se plantea reformular completamente la relación Nación-Provincias en torno a este impuesto.
Federalismo fiscal en agenda: la propuesta de Milei de dividir el IVA
Frente a este panorama, Milei propone “devolver la autonomía impositiva a las provincias” y, en concreto, distribuir el IVA entre la Nación y las jurisdicciones provinciales. ¿En qué consiste esto? En esencia, implicaría que cada nivel de gobierno cobre y se quede con una parte del IVA. Hoy el IVA es un impuesto nacional cuya recaudación luego se comparte en cierto porcentaje con las provincias via coparticipación. La iniciativa del gobierno busca romper ese esquema: el gobierno nacional cobraría solo su tramo del IVA, y cada provincia aplicaría y retendría su propio IVA adicional en su territorio. En otras palabras, en la factura se distinguiría un IVA nacional y un IVA provincial.
Milei deslizó esta idea durante la Expo EFI 2025, sugiriendo que en la próxima reforma tributaria “la Nación cobrará su IVA y las provincias decidirán el suyo”. Por ejemplo, podría fijarse una alícuota básica federal (digamos 21% o quizás algo menor) y permitir que cada provincia agregue algunos puntos porcentuales según sus necesidades. Esto abriría la puerta a la competencia fiscal interna: provincias con finanzas ordenadas podrían fijar un IVA provincial más bajo para atraer inversiones y consumo, mientras que las más dependientes tal vez opten por una tasa mayor. El propio presidente citó el caso de Estados Unidos, donde los estados compiten con distintos impuestos a las ventas –desde niveles cercanos al 9% en lugares como Tennessee o Washington, hasta menos del 2% en Alaska– y esa competencia lleva a que empresas y personas “voten con los pies”, mudándose a jurisdicciones más amigables.
El objetivo declarado de Milei es fortalecer el federalismo fiscal auténtico. Actualmente rige la Ley Nº 23.548 de coparticipación (sancionada en 1988), por la cual las provincias cedieron a la Nación la facultad de recaudar ciertos impuestos a cambio de recibir diariamente una porción fija de esos fondos. Si bien este sistema buscaba equilibrar las disparidades regionales, en la práctica generó provincias altamente dependientes de los giros automáticos y con escasa responsabilidad fiscal sobre sus gastos. “Recuperar la autonomía significa que cada provincia se financie con los impuestos que recaude en su territorio”, enfatizó Milei, argumentando que así los gobernadores deberán salir de la “zona de confort” de la coparticipación y rendir cuentas directamente a sus ciudadanos por lo que gastan. Este principio –conocido como corresponsabilidad fiscal– es muy caro al ideario libertario: “el que gasta, recauda (y da la cara por cómo gasta)”. La propuesta del IVA compartido va precisamente en esa dirección, al devolverse a las provincias una de las principales fuentes tributarias.
Sin embargo, Milei también dejó entrever que esta transformación requerirá coordinación para evitar caos impositivo. No se trata de que cada provincia cree tributos nuevos a su antojo, ya que eso sí podría derivar en solapamientos y distorsiones –“una anarquía impositiva con doble o triple imposición”, advierten expertos–. La idea sería más bien consolidar impuestos existentes: unificar el actual IVA nacional con los impuestos provinciales al consumo (notoriamente el Impuesto a los Ingresos Brutos) en un solo tributo al valor agregado de alcance provincial. De facto, muchas provincias cobran hoy Ingresos Brutos sobre ventas dentro de su jurisdicción, lo que es un impuesto cascada muy criticado por su efecto distorsivo. Integrarlo dentro de un “IVA provincial unificado” eliminaría esa distorsión. Este IVA provincial unificado podría tener distintas alícuotas según cada provincia, tal como hoy cada distrito fija su porcentaje de Ingresos Brutos, pero bajo un esquema común de aplicación. Brasil ofrece un ejemplo a seguir: en 2023 aprobó una reforma para sustituir una maraña de gravámenes (federales, estatales y municipales) por un sistema de IVA dual, donde habrá un impuesto al valor agregado federal y otro para los estados/municipios (Impuesto sobre Bienes y Servicios, IBS) con bases unificadas. Los estados brasileños vienen coordinando la transición para que la suma de ambos IVA no supere cierto techo (aprox. 26.5%). En Argentina, una estrategia similar implicaría un acuerdo entre la Nación y la “liga de gobernadores” para definir reglas claras: por ejemplo, qué bienes gravar, cómo repartir la recaudación de transacciones entre provincias y fijar topes razonables a las alícuotas para que la carga total no espante la actividad formal.
En síntesis, la propuesta de Milei busca “terminar con el unitario fiscal” y reemplazarlo por un modelo más cercano a un confederación de fiscos provinciales. Desde la perspectiva libertaria, esto empoderaría a las provincias, incentivándolas a ser eficientes y a “competir para ver quién atrae más inversiones”. Pero semejante cambio estructural también entraña desafíos importantes, especialmente para aquellas provincias que hoy dependen en gran medida del auxilio nacional. ¿Quiénes ganarían y quiénes perderían con un IVA provincializado? ¿Y cómo se ajustaría el gobierno central a esta nueva realidad? Lo analizamos a continuación.
Impacto en las cuentas nacionales y provinciales
Para dimensionar el efecto de esta medida, conviene primero ver la foto actual de la recaudación y distribución de los principales impuestos. En Argentina, IVA e Impuesto a las Ganancias son las dos mayores fuentes tributarias. En 2024, el IVA representó aproximadamente 6,7% del PBI, y el Impuesto a las Ganancias alrededor de 4,3% del PBI. Ambos ingresos hoy se reparten entre Nación y provincias mediante coparticipación: del IVA, la Nación se queda en los hechos con ~3,1% del PBI y las provincias con ~3,6%; en Ganancias, Nación retiene ~1,6% del PBI y las provincias ~2,7%. Es decir, sumando ambos tributos, actualmente el gobierno central obtiene unos 4,7 puntos del PBI mientras los estados provinciales reciben unos 6,3 puntos del PBI.
Milei propone un cambio de asignación pero manteniendo equilibrada la balanza entre niveles de gobierno: las provincias pasarían a quedarse con el 6,7% del PBI que recauda el IVA, y la Nación con el 4,3% del PBI de Ganancias. Esto prácticamente equivale a lo que cada parte ya obtiene hoy por coparticipación, por lo cual no tendría por qué generarse un desequilibrio fiscal agregado. En teoría, la Nación no perdería recursos netos (compensaría el IVA cedido con más Ganancias) y las provincias tampoco (sustituirían transferencias por recaudación propia del IVA). Claro que en la práctica, algunas provincias saldrían ganando y otras perdiendo en relación al esquema actual, porque la distribución ya no sería por un coeficiente fijo sino por lo efectivamente generado en cada territorio.
Veamos quiénes serían los ganadores y perdedores. Actualmente, la coparticipación federal beneficia desproporcionadamente a las provincias más rezagadas en población o PBI, a costa de las más productivas. Por ejemplo, en 2022 la región Centro (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y CABA) concentró el 74,2% de la actividad económica del país y 64,4% de la población, pero recibió solo el 46,5% de los fondos coparticipados. En cambio, regiones de menor peso económico obtuvieron una tajada mucho mayor que su aporte: el NEA generó apenas 3,7% del PBI pero recibió 15% de los recursos; el NOA produjo 5,8% del PBI y accedió a 17,4% de los fondos. Este mecanismo redistributivo hizo que solo un puñado de jurisdicciones sean aportantes netas al “pozo” común, mientras la mayoría son receptoras netas. De acuerdo a un análisis de IARAF, solo 6 distritos financiaron al resto en 2022: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Chubut y Mendoza. CABA resultó la más perjudicada en términos relativos, recibiendo 16 puntos porcentuales menos en fondos de lo que aporta al PBI nacional. Buenos Aires (provincia) también tuvo una brecha negativa de ~12,5 puntos, y Santa Fe una leve diferencia negativa (aporte similar pero recibe algo menos). En cambio, las provincias del norte encabezaron la lista de beneficiadas: Chaco, Formosa y Santiago del Estero recibieron en transferencias 2,9 a 3,6 puntos porcentuales más que lo que contribuyeron al producto.
Otra forma de verlo es la dependencia de cada provincia de la coparticipación para financiar su presupuesto. Provincias ricas generan más ingresos propios (impuestos locales) y dependen menos de los giros nacionales, mientras que las más pobres prácticamente viven de la coparticipación. Según datos de 2023, estos son algunos ejemplos extremos:
- Más dependientes: Santiago del Estero financia 80% de sus ingresos con fondos coparticipados; La Rioja alrededor de 76%; provincias del norte como Jujuy, Catamarca, Formosa y San Luis rondan el 74% de dependencia. En Chaco, casi 69% de sus recursos provienen de la Nación. Esto indica que la mayor parte de su gasto (salarios públicos, obras, etc.) se cubre con dinero recaudado fuera de su provincia.
- Menos dependientes: Neuquén (por su riqueza petrolera) apenas tiene 19% de dependencia de coparticipación, financiando el 81% restante con ingresos propios. La Ciudad de Buenos Aires también se autosustenta en gran medida, ya que solo 24% de sus fondos vienen de Nación (esto tras el recorte de fondos que sufrió en 2020 y su posterior restitución parcial vía Corte Suprema). Chubut, otra provincia hidrocarburífera, depende en un 29% de la coparticipación. Incluso provincias grandes como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe muestran una estructura más equilibrada: el Estado bonaerense obtiene alrededor del 36% de sus ingresos vía coparticipación, Córdoba un 44%, Mendoza 47% y Santa Fe 51% (el resto lo logran con recaudación propia, principalmente Ingresos Brutos, Sellos, inmobiliario, etc.).
¿Qué ocurriría bajo el esquema propuesto? Las provincias “aportantes” verían incrementados sus recursos disponibles, porque dejarían de detraer una parte considerable de lo recaudado en su territorio para el fondo común. Por ejemplo, Buenos Aires y CABA podrían retener localmente la mayor parte del IVA generado por sus consumidores, en lugar de redistribuirlo al interior. Esto podría darles margen para reducir impuestos provinciales distorsivos (como I.Brutos) o bien para invertir en infraestructura, seguridad, etc., mejorando servicios a sus contribuyentes. Incluso provincias medianas con economías dinámicas (Santa Fe, Mendoza) posiblemente recaudarían por IVA propio cantidades similares o mayores a lo que hoy les gira Nación, dándoles mayor independencia financiera.
En cambio, las provincias altamente dependientes enfrentarían un duro desafío. A Santiago del Estero, Formosa, Chaco, por citar casos, ya no les alcanzaría con la actividad económica magra que tienen para sostener el nivel de gasto público actual. Se verían obligadas a ajustar sus cuentas: o bien estimular fuertemente inversiones privadas para ampliar su base imponible local, o recortar gastos y mejorar eficiencia para vivir con menos recursos, o –muy probablemente– ambas cosas. La era del subsidio automático llegaría a su fin, forzando una responsabilidad fiscal que esas jurisdicciones no han tenido que ejercer plenamente en décadas. En términos prácticos, podrían verse impelidas a subir sus alícuotas de IVA provincial por encima de las de otras provincias para tratar de recaudar más. No obstante, esa estrategia tiene límites: tasas muy altas podrían alentar la evasión o el contrabando interprovincial (comprar bienes en provincias vecinas con IVA más bajo). Ya hoy se observan desvíos de comercio internos por diferencias impositivas –por ejemplo, si una provincia cobra Ingresos Brutos muy alto, las empresas prefieren radicarse o vender desde otra con menor carga–. Por eso será crucial una coordinación: quizás se permita cierta variación, pero contenida, para evitar distorsiones extremas.
Un efecto positivo de esta presión es que muchas provincias deberían encarar reformas de fondo. Aquellas con estructuras sobredimensionadas tendrían que reducir gasto político y clientelar, porque ya no habría “otra provincia” pagando la cuenta. Vale señalar que, gracias al fuerte ajuste del gasto nacional en 2024, incluso con menor coparticipación la mayoría de las provincias lograron superávit fiscal ese año –12 de 15 jurisdicciones medidas por una consultora mejoraron sus resultados primarios–, lo cual indica que hay margen para manejarse con menos recursos si se administra con prudencia. Pero casos como la Provincia de Buenos Aires (que terminó 2024 con el déficit más alto en términos absolutos, unos $698 mil millones) o Chaco y Catamarca (también con rojos significativos) evidencian que el camino no será sencillo para todos. Paradójicamente, Buenos Aires –que genera un tercio del PBI nacional– carga con un déficit crónico en sus cuentas provinciales, en parte porque históricamente recibió una porción menor de coparticipación que otras provincias más pequeñas. Con la reforma, Buenos Aires podría ver incrementados sus ingresos propios vía IVA, pero aun así deberá controlar su gasto para sanear números. Otras provincias deficitarias como Chaco tendrán que hacer un esfuerzo aún mayor, pues perderían ayuda neta nacional.
En el nivel nacional, el Tesoro debería resignarse a depender menos del IVA y más de otros tributos (Ganancias, derechos de exportación, etc.). Desde una óptica libertaria esto es deseable: el gobierno central reduciría su rol redistributivo y se concentraría en sus funciones específicas (defensa, justicia, relaciones exteriores, tal vez educación o infraestructura nacional), financiándose con impuestos sobre rentas o comercio exterior, pero dejando la tributación sobre consumo al ámbito local. Además, al eliminar la coparticipación del IVA, se transparentaría el verdadero esfuerzo fiscal de la Nación versus las provincias. Hoy, la Nación recauda y luego devuelve; con la reforma, cada peso recaudado tendría un dueño definido de antemano, evitando disputas como las que hemos visto (v.gr. el recorte unilateral de fondos a CABA en 2020 que terminó judicializado). Por supuesto, el gobierno nacional podría enfrentar resistencia política: los mandatarios provinciales que pierdan fondos presionarán por compensaciones o transición lenta. Pero Milei parece dispuesto a avanzar apoyándose en las provincias que se verían beneficiadas netas (el centro productivo del país), formándose así una división política interesante entre “provicias aportantes” vs “provicias dependientes”.
Mirada comparada: IVA y federalismo en el mundo
La discusión sobre repartir o no el IVA entre distintos niveles de gobierno tiene antecedentes internacionales variados. La gran mayoría de los países del mundo aplican un IVA unificado a nivel nacional (más de 160 países lo poseen), pero en los países federales a menudo hay mecanismos para involucrar a estados o provincias en la recaudación o definición de impuestos al consumo:
- Caso extremo – Estados Unidos: Es el único país de la OCDE que no posee un IVA nacional. En lugar de ello, cada estado fija sus sales taxes (impuestos a las ventas minoristas), con amplias diferencias: algunos estados como Florida o Texas rondan el 6-7%, otros superan el 9% al sumar impuestos locales (California, Tennessee), mientras que unos pocos no cobran nada (Delaware, New Hampshire, Montana) o casi nada (Alaska). Este sistema altamente descentralizado ejemplifica la competencia fiscal interna: estados sin impuesto sobre ventas o sin impuesto a la renta (como Texas o Nevada) suelen atraer población y empresas, mientras otros con cargas elevadas las ven emigrar. El resultado es un mapa tributario heterogéneo, donde cada estado se financia con sus propios impuestos y recibe transferencias federales solo para ciertos programas (ej. salud, infraestructura) de forma condicionada. Para un libertario, el modelo estadounidense demuestra que es posible sostener un país sin un IVA central; sin embargo, críticos señalan que EE.UU. enfrenta déficits fiscales recurrentes y una complejidad administrativa por la disparidad de normas estatales. Aun así, la flexibilidad impositiva de sus estados se traduce en experimentación de políticas y en disciplina impuesta por el mercado: un estado que sube demasiado los impuestos ve rápida respuesta en la fuga de bases imponibles.
- Modelo europeo: En casi toda Europa existe un IVA nacional uniforme, con una sola alícuota general (y usualmente algunas reducidas para bienes esenciales o sectores específicos). Las tasas en la Unión Europea oscilan entre 17% (Luxemburgo) y 27% (Hungría), estando la mayoría alrededor del 20%. Si bien formalmente es un impuesto centralizado, en países federales como Alemania o Austria la ley prevé que la recaudación del IVA se comparta con los estados federados en porcentajes fijos. Es decir, los Länder alemanes no pueden alterar la tasa ni la base del IVA (que es nacional), pero sí reciben automáticamente una porción significativa de lo recaudado en su territorio, garantizando recursos para sus presupuestos. Este esquema logra cierto equilibrio: evita competencias desleales (misma tasa en todo el país) a la vez que sostiene el federalismo fiscal por el lado de la distribución. No obstante, críticos señalan que sistemas así pueden desincentivar el esfuerzo recaudatorio local –pues el estado subnacional recibe fondos “llueva o truene”– y generar disputas políticas cuando una región siente que aporta más de lo que le devuelven (un tema presente incluso en Alemania entre estados ricos del sur y pobres del este).
- Canadá y la fórmula dual: Canadá ofrece un modelo mixto interesante. Existe un impuesto federal al consumo (GST) del 5%, pero las provincias tienen la opción de imponer un impuesto provincial adicional. Algunas provincias, como Quebec, administran su propio IVA provincial (TVQ) sumado al GST, mientras que otras optaron por un IVA armonizado (HST) donde la administración federal recauda un único impuesto que combina la tasa federal y provincial y luego reparte la parte provincial. Por ejemplo, Ontario tiene un HST de 13% (5% federal + 8% provincial) y el contribuyente ve una sola línea en la factura. En contraste, Alberta decidió no tener impuesto provincial, de modo que solo se cobra el 5% federal. Esta flexibilidad ha llevado a diferencias en la carga al consumidor según la provincia (de 5% en Alberta hasta 15% en las provincias atlánticas). ¿El resultado? Provincias ricas en recursos como Alberta atraen más comercio con su menor impuesto, mientras que otras prefieren el ingreso extra para financiar servicios. La administración compartida ha funcionado relativamente bien, aunque no está exenta de complejidades burocráticas (por ejemplo, Quebec maneja su recaudación separada, lo que requiere coordinación con la autoridad federal). Para Argentina, el caso canadiense sugiere que sí es viable técnicamente que coexistan un IVA nacional y IVAs provinciales, siempre que haya acuerdos claros de armonización y mecanismos de recaudación eficientes.
- Reformas en Sudamérica: Brasil ya se mencionó como caso en movimiento: históricamente ha tenido un sistema complejo con impuestos estatales al consumo (ICMS), municipales (ISS) y federales (IPI, PIS/COFINS) que encarecen el cumplimiento. La reforma constitucional de 2023 unificará todo en un IVA dual a partir de 2026, con un componente federal y otro estadual/municipal. Cada nivel fijará su alícuota dentro de un marco coordinado. Se busca simplicidad y eliminar arbitrajes tributarios internos. Otras naciones latinoamericanas, en su mayoría unitarias, mantienen IVA nacionales (Chile 19%, Perú 18%, Colombia 19%, etc.) y compensan a sus regiones vía presupuestos nacionales. Un dato llamativo: prácticamente todos los países latinoamericanos han adoptado IVA salvo muy contadas excepciones (Paraguay fue de los últimos en implementarlo en 1991; solo algunos microestados del Caribe carecen de IVA propio). Esto refleja que el IVA se convirtió en la “columna vertebral” de la recaudación moderna. Pero al mismo tiempo, los países reconocen sus efectos no deseados: muchos aplican devoluciones de IVA a sectores vulnerables o zonas fronterizas para amortiguar el impacto. En Argentina mismo, durante 2023 se lanzó el programa “Compre sin IVA” que devolvía 21% a jubilados y bajos ingresos en compras de alimentos básicos, reconociendo la carga excesiva que este impuesto representa en el bolsillo popular.
En conclusión, desdoblar el IVA entre Nación y provincias colocaría a la Argentina en una senda de mayor descentralización fiscal, algo inédito en nuestra historia reciente pero no completamente ajeno a experiencias internacionales. El éxito de la medida dependerá de cómo se instrumente: si se logra un acuerdo entre provincias para un IVA unificado con reglas claras de reparto (como sugiere el equipo de Milei inspirándose en Brasil), el proceso podría ser ordenado y beneficioso. Por el contrario, si deriva en una guerra de alícuotas sin coordinación, podría traer problemas de evasión y litigios entre jurisdicciones. La clave está en encontrar el balance entre autonomía y armonización.
Consideraciones finales
Desde la visión editorial de El Liberador, la propuesta de Milei representa un avance hacia la libertad económica de las provincias y una ruptura con el centralismo asfixiante. Hacer que “cada cual viva de lo que produce” puede sonar rudo, pero a largo plazo es la única manera de salir del esquema paternalista que ha fomentado el despilfarro y la falta de responsabilidad. Un gobernador que ya no pueda culpar a Buenos Aires por la falta de fondos será un gobernador obligado a gestionar mejor. Y un ciudadano que vea claramente en su ticket cuánto le cobra su provincia sabrá a quién exigirle cuentas por esos impuestos.
Por supuesto, la transición deberá ser cuidadosa. Podría contemplarse un fondo de compensación transitorio para que provincias muy rezagadas no caigan en crisis súbita mientras ajustan sus finanzas. Asimismo, se requiere invertir en capacidades administrativas locales: no todas las provincias tienen organismos tributarios eficientes para recaudar un IVA propio, algo en lo que la Nación podría asistir técnicamente (por ejemplo, mediante la nueva Agencia Federal ARCA operando “por cuenta y orden” de las provincias). Pero estos son obstáculos superables comparados con los potenciales beneficios de un federalismo fiscal pleno.
En definitiva, discriminar el IVA entre Nación y provincias no es solo una reforma impositiva más, sino un cambio de paradigma: implica pasar de la cultura de la dependencia a la cultura de la responsabilidad fiscal. Las provincias argentinas volverían a ser dueñas de su destino financiero, compitiendo por atraer empresas y vecinos con mejores políticas. Y la Nación podría concentrarse en sus funciones indelegables, aliviada de actuar como intermediaria omnipresente en la recaudación. Como toda idea transformadora, genera temores en algunos sectores, pero también despierta esperanza de un país más equilibrado y próspero. En palabras del propio Milei, “esto es el pilar del desarrollo”, porque cuando el que gasta es el mismo que debe recaudar de sus contribuyentes, mágicamente aparecen la prudencia y la eficiencia. Si Argentina logra dar este paso, podría sentar un precedente innovador en la región y, quién dice, finalmente comenzar a despegar de años de decadencia hacia un futuro de mayor libertad y responsabilidad compartida.
