La liberación de más presos políticos tras la derrota del socialismo en las urnas desnuda la falsa democracia que existía en Bolivia
La liberación de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari revela lo que siempre estuvo a la vista: en Bolivia no hubo justicia independiente, sino una farsa al servicio del MAS. La prisión de opositores fue utilizada como herramienta de persecución política y hoy, tras la derrota electoral del oficialismo, los mismos jueces que los mantuvieron presos se apresuran a corregir lo “insostenible”. Una muestra más de la connivencia entre poder judicial y mafia política.
La audiencia judicial que liberó a Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari deja al descubierto una realidad que los bolivianos conocen hace tiempo: la justicia no funciona como un poder independiente, sino como un apéndice del poder político. Ambos dirigentes opositores pasaron tres y cuatro años presos preventivamente sin juicio firme, en un país donde la prisión preventiva debería durar solo seis meses. Recién ahora, después de la paliza electoral sufrida por el MAS, el Tribunal Supremo de Justicia ordena revisar sus detenciones.
Una justicia de conveniencia
Durante todo este tiempo, jueces y fiscales hicieron silencio frente a la persecución contra Camacho, Pumari y Jeanine Áñez. La excusa era siempre la misma: “hay procesos en curso”. Pero la realidad es que se trataba de un mecanismo de disciplinamiento político. La liberación de Áñez hace pocos días y el inminente fallo a favor de Camacho y Pumari no muestran un despertar de la justicia, sino una adaptación al nuevo mapa de poder: cuando el MAS mandaba, servían a su mafia; ahora que el MAS perdió, buscan acomodarse.
El carroñerismo político-judicial
El caso refleja lo que en Bolivia se ha vuelto norma: una justicia que no defiende derechos, sino que mide la conveniencia política del momento. No es casual que estos gestos lleguen justo ahora: el oficialismo perdió fuerza y los jueces temen quedar expuestos como cómplices de la persecución. Lo que debería haber sido una garantía de libertades básicas, terminó siendo una herramienta de represión primero y de oportunismo carroñero después.
Un precedente peligroso
El mensaje es claro: en Bolivia no existen presos políticos por decisión de la justicia, sino por decisión del gobierno de turno. Y cuando ese gobierno se debilita, mágicamente se abren las puertas de las cárceles. La pregunta de fondo es inevitable: ¿quién protege a los ciudadanos si el poder judicial es solo otro engranaje de la casta política?
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