Pullaro asigna ¡46.000 millones! de fondos públicos a pauta publicitaria para medios de comunicación amigos para el 2026
El proyecto de Presupuesto 2026 de la provincia de Santa Fe incluye una partida de 46.428 millones de pesos destinada a comunicación, contenidos, imagen y publicidad bajo la órbita de la Gobernación. Es decir: casi 47 mil millones de pesos para financiar el relato oficial durante un año.
La cifra surge de un presupuesto total de 14.125 billones de pesos y supera el presupuesto completo del Ministerio de Cultura y duplica lo asignado al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, dos carteras ya cuestionadas por su baja capacidad para resolver problemas concretos de los santafesinos.
Traducido a números diarios, la provincia destinaría alrededor de 127 millones de pesos por día sólo a sostener propaganda y publicidad oficial.
Pauta oficial: el Estado compra independencia periodística
Que un gobierno pueda disponer discrecionalmente de semejante cantidad de dinero para repartirla entre los medios “más importantes” no es un detalle técnico del Presupuesto: es un problema institucional mayúsculo.
El mecanismo es simple y conocido:
- El gobierno define quién cobra y quién no.
- Los grandes medios se vuelven dependientes de esa pauta para cerrar sus números.
- La crítica dura se vuelve riesgosa: nadie quiere perder un contrato millonario.
- El resultado es un sistema donde el dinero público compra la independencia periodística.
En la práctica, el mensaje implícito es claro:
“Si querés seguir cobrando, hablá bien de quienes deciden el reparto. Si criticás demasiado, te quedás afuera”.
Un esquema así no sólo distorsiona la competencia entre medios —premiando a los más alineados con el poder— sino que además castiga al contribuyente dos veces: primero cuando paga impuestos para sostener el aparato propagandístico, y después cuando recibe información filtrada por esos mismos intereses.
Desde una perspectiva republicana mínima, un sistema de pauta oficial manejado con esta discrecionalidad debería estar directamente prohibido. El Estado puede informar actos de gobierno por sus propios canales y, si necesita campañas puntuales (salud, emergencias, etc.), contratar espacios bajo reglas estrictas, transparentes y limitadas. Lo que no debería poder hacer es lo que prevé este presupuesto: usar recursos de todos para comprar opinión y silencios en los medios que domina la agenda pública.
RTS: millones para una señal casi sin audiencia
Dentro del esquema de comunicación oficial, hay un caso emblemático: Radio y Televisión Santafesina (RTS).
El mismo proyecto prevé para RTS 6.830 millones 127 mil pesos en 2026, para una estructura de apenas 50 trabajadores permanentes.
Eso significa que casi el 15% de todo el gasto previsto en comunicación y publicidad se concentra en una señal estatal cuya audiencia real es marginal y que, en la práctica, funciona más como aguantadero de militancia radical y caja de contenidos oficiales que como servicio público de comunicación.
Mientras pymes, comercios y contribuyentes ajustan hasta el último peso, el Estado provincial blinda una estructura de medios propios —RTS y toda la galaxia de la pauta oficial— con recursos que salen directamente de los aumentos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y otros tributos que paga el “interior productivo” al que el discurso oficial dice defender.
Un gasto que se acerca al costo de toda la Legislatura
La magnitud del gasto en propaganda se entiende mejor si se la compara con otros rubros del propio Estado santafesino.
Según datos recientes, la Legislatura de Santa Fe (Senado + Cámara de Diputados) terminará gastando en 2024 unos 66.111 millones de pesos, es decir 181 millones de pesos por día, lo que la convierte en la tercera legislatura más cara del país. De ese total, 27.200 millones corresponden al Senado y 38.911 millones a Diputados, con una estructura de casi 1.850 empleados y un festival de subsidios repartidos discrecionalmente por legisladores.
El monto previsto ahora para propaganda oficial (46.428 millones) equivale a más de dos tercios de todo lo que ya consume la Legislatura en un año. En otras palabras: mientras el aparato político legislativo es una oda al gasto público sin control, el Ejecutivo decide sumar al cuadro una maquinaria paralela de casi igual escala para blindar su imagen con recursos del contribuyente.
Y si miramos dentro del propio presupuesto 2024, los 66.111 millones de la Legislatura ya eran:
- 1,5 veces el presupuesto del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
- 5 veces el del Ministerio de Cultura.
- 29 veces el del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que debe investigar delitos en toda la provincia.
Ahora, con el Presupuesto 2026, la provincia agrega otro bloque de decenas de miles de millones para propaganda, en lugar de revisar a fondo estas estructuras que se devoran el esfuerzo fiscal de los santafesinos.
Medios “amigos” y concentración de la pauta
El problema no es sólo cuánto se gasta, sino cómo se reparte.
Los datos conocidos de la pauta reciente muestran una altísima concentración en pocos grupos mediáticos de Rosario y Santa Fe, con montos que superan los 1.100 millones de pesos repartidos en apenas tres señales de TV: Telefé, Canal 3 y RTS, vinculadas en buena medida al mismo conglomerado empresario que ya controla diarios como La Capital y El Litoral.
Es decir, el Estado provincial no sólo elige cuánto gasta, sino que además decide qué empresas privadas se quedan con la tajada grande. En un contexto de crisis y caída de ingresos publicitarios privados, esa decisión se vuelve casi una adjudicación de supervivencia: quien recibe pauta oficial a gran escala, vive; quien no, compite en clara desventaja.
El resultado político es obvio: los llamados “medios amigos” tienen un incentivo económico directo para cuidar la imagen del gobierno de turno. No hace falta un llamado amenazante ni una censura explícita: alcanza con la lógica de la chequera.
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