Se cayó la denuncia contra el joven libertario en Baigorria: la Justicia desestimó la acusación que amplificaron medios y sectores políticos
Tres meses después de que los concejales Gisela Da Ponte, Antonella García y Adrián Milo denunciaran penalmente a Diego Lezcano por un supuesto delito informático, la presentación fue desestimada. El episodio había estallado en medio de la pelea desatada cuando Santiago Fontana cuestionó las dietas que habían llegado a $4,2 millones y propuso reducir el costo de la política. Desde La Libertad Avanza sostienen que se trató de una operación destinada a disciplinar al único concejal que enfrentó los privilegios del cuerpo.
La acusación que durante días convirtió a un joven de 21 años en supuesto protagonista de un “hackeo” contra el Concejo Municipal de Granadero Baigorria terminó sin avanzar en la Justicia.
Tres meses después de la denuncia presentada por Gisela Da Ponte, Antonella García y Adrián Milo contra el entonces secretario administrativo del Concejo Diego Lezcano, la presentación penal fue desestimada.
La Justicia descartó la denuncia al no encontrar elementos que permitieran sostener la existencia del delito atribuido al joven.
La resolución cambia completamente el escenario respecto del que se había instalado públicamente en abril, cuando distintos medios difundieron la denuncia presentada por los concejales prácticamente como una historia de “hackers” dentro del Concejo.
Uno de ellos fue Letra P, que tituló el 21 de abril: “Santa Fe: denuncian a un funcionario libertario por manipular el sistema informático del Concejo de Baigorria”. La publicación relató extensamente la versión de los denunciantes, quienes sostenían que Lezcano había ingresado sin autorización a una computadora de Mesa de Entradas y habría intentado borrar o modificar información después de ser apartado del cargo, sin haberse contactado mínimamente con el denunciado, mostrando el perfil de «operador político» y no se comunicador.
Tres meses después, aquella acusación no consiguió sostenerse penalmente.
Todo comenzó cuando Fontana se metió con los sueldos de la política
Para comprender la dimensión política del episodio hay que regresar unas horas antes de la denuncia.
Santiago Fontana, único representante de La Libertad Avanza en el Concejo de Granadero Baigorria, había comenzado a cuestionar el esquema salarial del cuerpo y propuso impedir que las dietas políticas continuaran aumentando.
Según publicó entonces El Liberador, las remuneraciones de los concejales habían llegado a aproximadamente $4,2 millones mensuales y Fontana impulsó primero su congelamiento y posteriormente una reducción mucho más profunda.
La respuesta política fue transversal.
Peronistas, integrantes de Unidos y representantes del Movimiento Evita que habitualmente se presentan como adversarios electorales terminaron votando juntos cuando estuvo en discusión la continuidad de Lezcano.
El secretario administrativo había sido propuesto por La Libertad Avanza. Finalmente fue desplazado por seis votos contra uno: solamente Fontana se opuso.
La composición del Concejo en ese momento incluía a Da Ponte, García, Milo, Fontana, Favio Maurelli, Natalia Annunziata y Martín Tartarelli.
Del despido a una denuncia penal
La situación no terminó con la remoción.
Después de ser apartado, Lezcano quiso eliminar y cerrar sus cuentas y sesiones personales que habían quedado abiertas en los equipos que utilizaba mientras trabajaba en el Concejo, según la versión difundida desde La Libertad Avanza.
Desde la presidencia del cuerpo interpretaron de otra manera lo que estaba ocurriendo.
Da Ponte, García y Milo acudieron al Ministerio Público de la Acusación y denunciaron hechos que, según escribieron entonces, podían constituir delitos contra la administración pública.
Letra P informó que la presentación sostenía que Lezcano había accedido sin autorización a una computadora, eliminado permisos de software y que posteriormente se había detectado la desinstalación de un antivirus. También consignó que, ante la situación, Da Ponte ordenó cortar el suministro eléctrico del edificio.
El episodio recibió inmediatamente una dimensión pública muy superior a la que habría tenido una simple disputa laboral.
Ya no se hablaba del joven secretario desplazado en medio de una pelea política por las dietas.
Se hablaba de un funcionario libertario acusado de intentar “hackear” el Concejo.
La Justicia no encontró delito para investigar
Ahora aquella construcción se derrumbó en sede penal.
De acuerdo con la información difundida por el sector de Fontana, la denuncia fue desestimada por la Justicia ante la inexistencia de elementos que permitieran sostener el delito denunciado.
No hubo imputación.
No hubo condena.
Y la acusación penal que tres meses atrás ocupó titulares terminó sin prosperar.
La desestimación de una denuncia no demuestra automáticamente, por sí sola, que quienes la presentaron hayan cometido un delito o formulado deliberadamente una denuncia falsa. Pero sí establece un dato que resulta imposible ignorar políticamente: la gravísima acusación que se utilizó públicamente contra Lezcano no consiguió respaldo suficiente para avanzar penalmente.
Y eso ocurre después de que el nombre y la imagen de un joven de apenas 21 años quedaran expuestos en medios de comunicación bajo una imputación de enorme gravedad.
“Ellos sabían cuál era la realidad”
Desde el espacio libertario van más lejos y sostienen que la presentación nunca respondió a la existencia de un verdadero delito.
“Lo peor de todo esto es que ellos sabían la realidad de la situación, que nada malo se había cometido, pero lo hicieron solamente para salir bien parados de una situación política”, denunciaron tras conocerse la decisión judicial.
Para Fontana y su equipo, la secuencia completa no puede analizarse por partes:
primero se cuestionaron los sueldos políticos;
después se amenazó con desplazar al secretario administrativo;
luego se lo removió por seis votos contra uno;
y finalmente tres concejales terminaron presentándolo ante la Justicia como presunto responsable de un delito informático.
La denuncia libertaria sostiene que el verdadero objetivo era modificar el eje de la discusión: dejar de hablar de los $4,2 millones que cobraban los concejales y colocar en el banquillo público al empleado ligado políticamente al único edil que había cuestionado esos ingresos.
Cuando todos los partidos se ponen de acuerdo para defender sus privilegios
El episodio resulta particularmente incómodo porque atraviesa las fronteras partidarias que los dirigentes locales exhiben durante las campañas electorales.
La denuncia fue firmada por:
Gisela Da Ponte, perteneciente a Unidos para Cambiar Santa Fe;
Antonella García, vinculada al Movimiento Evita;
y Adrián Milo, ligado al sector del exintendente Alejandro Ramos.
La presentación original fue efectivamente realizada por los tres ante el Ministerio Público de la Acusación.
Cuando la discusión fue el salario de los políticos, las diferencias ideológicas desaparecieron.
Cuando llegó el momento de desplazar al secretario propuesto por La Libertad Avanza, Fontana volvió a quedar solo.
Y cuando hubo que instalar una denuncia penal contra ese empleado, representantes de sectores que supuestamente compiten entre sí volvieron a actuar conjuntamente.
Eso es lo que La Libertad Avanza viene denunciando como “la casta”: partidos que se enfrentan frente a las cámaras pero encuentran rápidamente consensos cuando alguien amenaza los privilegios de quienes viven de la política.
Fontana fue más lejos y pidió bajar las dietas
El intento de disciplinamiento tuvo, además, el efecto contrario.
Después del conflicto, Fontana presentó una propuesta para llevar las dietas de los concejales a un RIPTE, que en aquel momento representaba alrededor de $1,7 millones mensuales, menos de la mitad de los aproximadamente $4,2 millones que denunciaba que cobraban los integrantes del cuerpo.
El proyecto fue rechazado y Fontana anunció que donaría personalmente la diferencia de su propio sueldo.
La discusión volvió así al lugar del que nunca debió salir: cuánto debe costarle la política al vecino de Granadero Baigorria.
Los medios que condenan antes que la Justicia
El caso deja además otro interrogante.
¿Qué responsabilidad tienen los medios cuando una denuncia política es convertida inmediatamente en una condena pública?
Letra P no ocultó que se trataba de una acusación y también publicó la versión de La Libertad Avanza, algo que corresponde reconocer. Pero eligió presentar el episodio bajo el título “Una de hackers” y dedicar una extensa cobertura a una denuncia que hoy terminó desestimada.
El problema excede a un medio en particular.
En buena parte del periodismo político argentino funciona desde hace años el mismo mecanismo: una denuncia alcanza para producir titulares, instalar sospechas y afectar la reputación de una persona. Cuando meses después la Justicia determina que aquello no tenía entidad penal, la noticia suele tener una repercusión infinitamente menor.
La acusación ocupa la tapa.
La desestimación, cuando llega, apenas merece unas líneas.
Mientras tanto, la persona denunciada ya cargó durante meses con Google, redes sociales, titulares y publicaciones que asociaron su nombre con un delito que nunca llegó a acreditarse.
En este caso se trató de un joven de 21 años que estudia y trabaja.
Ensuciar al que se mete con la caja
La política puede discutir ideas, modelos de ciudad, impuestos, obras públicas y prioridades presupuestarias.
Lo que no debería naturalizarse es la utilización de una denuncia penal como una herramienta más dentro de una disputa por cargos y privilegios.
Mucho menos cuando del otro lado hay una persona cuya vida privada, laboral y reputación quedan expuestas públicamente.
La Justicia acaba de quitarle sustento penal a una acusación que durante tres meses fue utilizada contra Diego Lezcano.
Ahora corresponde volver a formular las preguntas que aquella denuncia consiguió tapar durante un tiempo:
¿Por qué seis concejales pudieron ponerse de acuerdo tan rápidamente para desplazar al secretario vinculado al único edil que quería tocar sus salarios?
¿Por qué dirigentes de sectores enfrentados electoralmente encontraron una coincidencia perfecta cuando Fontana propuso reducir el costo de la política?
¿Y quién repara ahora el daño causado a la imagen de un joven que fue públicamente señalado como responsable de un delito que la Justicia decidió no perseguir?
Granadero Baigorria terminó ofreciendo una pequeña radiografía de un problema mucho mayor de la política argentina.
Cuando se discuten ideologías, los partidos parecen irreconciliables.
Cuando alguien se mete con la caja, demasiadas veces todos terminan del mismo lado.
