Escándalo en la UOM: denuncian desvío millonario de aportes sindicales hacia la caja de La Cámpora
La sede central de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue allanada por orden de la Justicia federal en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta y asociación ilícita vinculadas al manejo de los fondos del sindicato.
Nuevamente un escándalo sacudió a otro gremio argentino,la UOM, tratándose de la industria metalúrgica.
En el centro de la investigación aparece el secretario general del gremio, Abel Furlán, acusado de haber firmado un contrato que habría permitido desviar millones provenientes de las cuotas sindicales de los trabajadores.
El contrato bajo sospecha
La firma estaría vinculada a la dirigente política María Soledad Calle, ex concejal ligada a La Cámpora, pareja de Abel Furlán y cercana al diputado nacional Máximo Kirchner.
La acusación sostiene que ese acuerdo le otorgaba a la empresa control operativo y financiero sobre los fondos sindicales, incluyendo facultades para administrar cuentas, pagos y movimientos económicos provenientes de los aportes de los afiliados metalúrgicos.
El porcentaje de la recaudación
Según surge de la denuncia judicial, la conducción de la UOM habría firmado un contrato reservado en 2023 mediante el cual se cedía la administración de gran parte de la caja del gremio a una empresa privada llamada USEN.
Uno de los puntos más controvertidos del contrato, detalla que, del 2% correspondiente al aporte sindical, USEM S.A. percibe el 0,5% en concepto de honorarios. La cifra se desprende del cálculo estimado sobre una base de aproximadamente 100 mil afiliados a la UOM.
Según los cálculos incluidos en la denuncia judicial, ese porcentaje representaría más de 100 millones de pesos mensuales, dinero que provendría directamente de los aportes realizados por los trabajadores metalúrgicos afiliados al gremio.
Para los denunciantes, este esquema implicaría que una parte significativa de los aportes sindicales terminara en manos de una empresa privada vinculada políticamente al kirchnerismo, lo que podría confirmar un mecanismo de desvío de fondos.
Allanamiento y avance de la causa
La investigación es llevada adelante por la Justicia federal y derivó en un allanamiento a la sede central del sindicato, donde se secuestraron contratos, documentación administrativa y registros contables para analizar el funcionamiento del acuerdo con la empresa cuestionada.
Los investigadores buscan determinar:
- cómo se firmó el contrato con la empresa,
- qué facultades reales tenía sobre los fondos sindicales,
- y cuál fue el destino final del dinero proveniente de los aportes de los afiliados.
Mientras la investigación judicial avanza, el escándalo vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos de los sindicatos y el destino de los aportes de los trabajadores, en una causa que promete tener derivaciones tanto judiciales como políticas en los próximos meses.
