Giro en la causa que sacude a la AFA: la mansión de u$s17 M vuelve al fuero de Campana
Casación resolvió que la investigación por presunto lavado de activos salga del fuero Penal Económico porteño. La Justicia busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir la lujosa quinta de Pilar y otros bienes atribuidos a supuestos testaferros vinculados a dirigentes de la AFA.
La investigación por la lujosa casaquinta de Pilar vinculada en una denuncia a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a cambiar de manos. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que el expediente por presunto lavado de activos deberá abandonar el fuero Penal Económico porteño y regresar a la Justicia Federal de Campana.
La decisión fue adoptada por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia por cuestiones formales, aunque coincidió en que el delito de lavado de activos corresponde a la Justicia Federal. El expediente será enviado a la Cámara Federal de San Martín para que, “sin dilaciones”, lo remita al juzgado de Campana encabezado por Adrián González Charvay.
El caso tiene como pieza central una imponente propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, cuyo valor fue estimado oficialmente en alrededor de u$s17 millones. La investigación intenta determinar quiénes son sus verdaderos beneficiarios y, principalmente, cuál fue el origen del dinero utilizado para adquirirla.
La denuncia apunta a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, vinculados a la sociedad Real Central, que compró el inmueble. Ambos son señalados como supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, una hipótesis que todavía debe ser probada judicialmente.
Una propiedad de lujo y un patrimonio bajo sospecha
La magnitud de los bienes encontrados convirtió rápidamente al expediente en una de las investigaciones judiciales más incómodas para la conducción del fútbol argentino.
La quinta cuenta con helipuerto, caballerizas y otras instalaciones de lujo. A eso se sumó una flota de vehículos de colección valuada en más de u$s3 millones y caballos árabes, entre otros bienes incorporados al análisis patrimonial.
Según consta en la investigación, la propiedad fue adquirida en mayo de 2024 por un valor declarado de aproximadamente u$s1,8 millones, mientras que una tasación oficial posterior ubicó su valor en torno a los u$s17 millones. Esa enorme diferencia pasó a formar parte de los elementos analizados por los investigadores.
La pesquisa intenta establecer si existe correspondencia entre semejante patrimonio y los ingresos y perfiles fiscales declarados por quienes aparecen formalmente detrás de las adquisiciones.
Durante un allanamiento realizado en la propiedad también se encontraron objetos que pertenecerían a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los dirigentes más cercanos a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. Ese hallazgo reforzó una de las líneas que intenta determinar si detrás de los titulares formales de los bienes existen otros beneficiarios.
La defensa consiguió que el expediente vuelva a Campana
El fallo conocido este viernes representa una victoria procesal para la defensa de Pantano y Conte.
Su abogado, Mariano Morán, había reclamado esta misma semana ante Casación que la investigación regresara a Campana. Argumentó que el hecho investigado se exteriorizó en Pilar y sostuvo que ese era el territorio correspondiente al “juez natural” de la causa.
La Fiscalía había adoptado la posición contraria. El fiscal ante Casación Mario Villar pidió rechazar el planteo defensivo y mantener el expediente dentro del fuero Penal Económico.
Finalmente, la mayoría del tribunal hizo lugar al reclamo y estableció que la investigación debe continuar dentro de la Justicia Federal.
El argumento central fue jurídico: el hecho de que una causa involucre movimientos económicos no convierte automáticamente al fuero Penal Económico en competente para investigarla.
Casación recordó que ese fuero tiene atribuciones específicas establecidas por ley sobre delitos como evasión tributaria, contrabando, infracciones al régimen penal cambiario y balances falsos. El lavado de activos, en cambio, corresponde al ámbito federal.
Los magistrados justificaron además la decisión en la necesidad de preservar la garantía constitucional del “juez natural” y procurar una administración de justicia más rápida.
Una causa que pasó por varios despachos
El expediente arrastra desde hace meses una extensa disputa sobre qué tribunal debe investigarlo.
La causa comenzó en diciembre de 2025 a partir de una denuncia relacionada con la adquisición de la propiedad por parte de Real Central y las sospechas sobre el origen de los fondos.
La denuncia original fue presentada el 1° de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe, quienes pidieron investigar un supuesto esquema de lavado relacionado con propiedades, automóviles, caballos y otros bienes de alto valor presuntamente vinculados con dirigentes de la AFA.
Tras diferentes resoluciones y conflictos de competencia, en junio la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico determinó que el expediente quedara radicado en el Juzgado Penal Económico N°10.
La defensa volvió a recurrir y llevó la discusión hasta Casación. Ahora, por primera vez, ese tribunal se pronunció sobre el fondo de la disputa y determinó que corresponde la intervención de la Justicia Federal.
El fallo también convalidó las medidas realizadas hasta el momento, por lo que el nuevo cambio de jurisdicción no implica comenzar nuevamente la investigación.
La lupa continúa sobre el origen del dinero
El cambio de tribunal tampoco supone un cierre ni una resolución sobre las acusaciones que rodean a los investigados o a dirigentes de la AFA. Se trata de una decisión sobre quién tiene competencia para continuar investigando.
El Juzgado Federal de Campana deberá ahora avanzar sobre el núcleo del expediente: establecer de dónde salió el dinero utilizado para adquirir la quinta, determinar si el patrimonio investigado resulta compatible con los ingresos declarados y esclarecer quiénes fueron los verdaderos beneficiarios de las operaciones.
La propiedad declarada en alrededor de u$s1,8 millones y posteriormente tasada en unos u$s17 millones, junto con los vehículos, caballos y demás bienes encontrados, seguirá así bajo investigación.
Después de meses de idas y vueltas entre tribunales, la causa que puso bajo presión a figuras del poder de la AFA vuelve a Campana, pero mantiene intacta su pregunta central: quién puso el dinero detrás de uno de los patrimonios más llamativos investigados por la Justicia en los últimos meses.
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