ReconquistaLaura Oehrli denunció penalmente al intendente Vallejos y acusa una operación política y mediática tras asumir en ANSES
La actual titular de ANSES Reconquista decidió no responder la campaña mediática con otra operación periodística: presentó una denuncia penal contra el intendente Amadeo Enrique Vallejos y otros, e impugnó el decreto municipal utilizado para cuestionar su designación. Su defensa sostiene que los certificados médicos fueron reconocidos por el propio profesional, que la Municipalidad ya había aceptado su renuncia cuando decidió exonerarla y que el viejo expediente reapareció públicamente apenas asumió una responsabilidad política nacional.
Lo que comenzó como una fuerte operación política y mediática contra la nueva titular de ANSES Reconquista, Laura Oehrli, acaba de trasladarse al terreno donde las acusaciones deberán probarse: la Justicia.
Después de semanas de publicaciones, acusaciones televisivas y cuestionamientos alrededor de un expediente municipal de hace casi nueve años, Oehrli decidió no responder mediante cruces mediáticos. Presentó una denuncia penal contra el intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, y otros, e interpuso un recurso administrativo extraordinario para solicitar la nulidad absoluta del Decreto Municipal 572/2017, con el cual había sido exonerada de la Municipalidad.
La presentación judicial cambia el eje de una controversia que hasta ahora se había desarrollado fundamentalmente en medios locales.
Oehrli sostiene que desde el 30 de junio de 2026 se desplegó una campaña destinada a afectar su honor y su reputación luego de su designación al frente de la UDAI ANSES Reconquista. Su comunicado identifica particularmente publicaciones de La Grieta y ReconquistaHOY que retomaron las conclusiones del decreto de 2017 y las presentaron, según su defensa, como hechos definitivamente comprobados.
Ahora la funcionaria decidió que la discusión deje los estudios de televisión, las radios y las publicaciones políticas y pase a los expedientes judiciales.
El decreto de 2017 que reapareció cuando Oehrli llegó a ANSES
El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando Oehrli era empleada de la Municipalidad de Reconquista y utilizó una licencia médica.
Según el expediente reconstruido en su actual recurso, el Municipio realizó controles domiciliarios en los que no consiguió encontrarla en determinadas oportunidades y posteriormente tomó conocimiento de que había realizado un viaje al exterior.
Esos elementos fueron utilizados para poner en duda la licencia e iniciar un procedimiento disciplinario.
Pero hay un dato central que ahora forma parte de la defensa: el médico tratante declaró dentro del propio expediente, ratificó el diagnóstico, reconoció la autenticidad de los certificados que había emitido y justificó el tratamiento indicado.
Pese a ello, la Municipalidad terminó considerando que existían inasistencias injustificadas, que la patología no había sido debidamente acreditada y que se habían presentado certificados apócrifos, entre otros cargos.
La consecuencia fue la máxima sanción administrativa: la exoneración mediante el Decreto 572/2017.
El médico reconoció los certificados que después fueron presentados como “truchos”
Este punto aparece como uno de los aspectos más delicados del caso.
En los últimos meses se difundieron expresiones como “certificados médicos truchos” o “apócrifos” para describir públicamente lo sucedido.
Sin embargo, el recurso de Oehrli sostiene que el propio médico tratante reconoció ambos certificados, explicó la patología, describió el tratamiento y ratificó haber emitido la documentación.
La presentación señala que no aparece una pericia documentológica ni una prueba técnica que haya establecido la falsificación material de esos certificados. Incluso plantea que, si el Municipio entendía que existía documentación médica falsa, debía demostrarlo técnicamente o promover la correspondiente denuncia penal, algo que según el recurso no ocurrió.
Por eso, una cosa es informar que un decreto administrativo municipal calificó los certificados como apócrifos y otra muy diferente afirmar periodísticamente como un hecho comprobado que Oehrli presentó certificados falsos.
No existe, según la documentación aportada, una sentencia penal que haya condenado a Oehrli por falsificación o fraude.
Una exoneración después de que la Municipalidad ya había aceptado su renuncia
Otro de los argumentos centrales de la nueva ofensiva legal podría resultar todavía más problemático para el Municipio.
Oehrli sostiene que la Municipalidad había aceptado previamente su renuncia y extinguido su relación de empleo público antes de dictar posteriormente la exoneración.
Su defensa argumenta que, una vez finalizado formalmente el vínculo laboral, el Municipio había perdido la potestad disciplinaria necesaria para imponerle posteriormente una sanción expulsiva.
La presentación lo plantea de manera directa: si la propia Administración aceptó la renuncia y reconoció que la relación laboral había terminado, no podía comportarse después como si Oehrli continuara siendo empleada municipal para aplicarle la sanción más grave existente.
Ese será uno de los puntos que ahora deberá resolver la autoridad administrativa y eventualmente la Justicia.
La vieja política de Reconquista y un expediente desempolvado en el momento justo
El episodio tiene todos los elementos de una práctica conocida en la política tradicional.
Un dirigente de otro espacio accede a un cargo.
Aparece un viejo expediente.
Se filtran documentos.
Los medios reproducen inmediatamente las acusaciones.
Y la persona pasa a quedar públicamente obligada a demostrar su inocencia frente a hechos que todavía no fueron determinados por un tribunal.
El punto no es impedir que los periodistas investiguen ni ocultar la existencia del Decreto 572/2017. El decreto existe y debe ser informado.
Pero también existe ahora una impugnación formal que cuestiona desde su raíz aquel procedimiento.
La defensa denuncia que existió una investigación construida sobre indicios, que no se produjo una junta médica o pericia independiente que refutara técnicamente al profesional tratante y que la instrucción habría privilegiado elementos destinados a confirmar una hipótesis previamente asumida.
Esos datos también forman parte de la historia.
La respuesta: tribunales, no micrófonos
Oehrli decidió ahora cambiar las reglas de la discusión.
En lugar de responder acusación por acusación mediante entrevistas o declaraciones cruzadas, su equipo legal anunció acciones concretas.
La funcionaria promovió una denuncia penal para que se investiguen los hechos ocurridos dentro del Municipio y presentó el 12 de agosto un recurso de revocatoria in extremis contra el Decreto 572/2017, solicitando la nulidad del decreto y de las actuaciones administrativas que lo precedieron.
También anunció que analizará acciones civiles y querellas por calumnias e injurias contra quienes hayan atribuido falsamente delitos o presentado acusaciones controvertidas como hechos definitivamente comprobados.
Su defensa anticipó además pedidos de rectificación y derecho de respuesta para que las publicaciones que difundieron las acusaciones incorporen ahora la existencia de la impugnación y de las acciones judiciales iniciadas.
La decisión implica que quienes efectuaron acusaciones concretas podrán tener que defenderlas ya no frente a una cámara, sino ante un juez.
También cuestionaron su nombramiento en ANSES
La ofensiva mediática intentó avanzar además sobre la legalidad de la designación de Oehrli al frente de ANSES Reconquista.
Uno de los argumentos difundidos fue que la vieja exoneración municipal impediría su nombramiento dentro del Estado nacional por aplicación de la Ley 25.164 de Empleo Público.
La defensa rechaza esa interpretación y sostiene que la conducción de una UDAI constituye una designación política, transitoria y extraescalafonaria, diferente del ingreso como empleado permanente a la carrera administrativa. Según la presentación, la normativa distingue esas categorías y un decreto disciplinario municipal no produce automáticamente una inhabilitación para ejercer un cargo político nacional. Además, para su ingreso al organismo Oehrli presentó en tiempo y forma el certificado de antecedentes penales requerido, que se encontraba completamente limpio y sin registros que impidieran su designación; ese certificado, junto con el de Buena Conducta, fue incluso incorporado ahora como prueba en su presentación legal para demostrar que no existieron antecedentes penales por los hechos que posteriormente se utilizaron para desacreditarla.
En otras palabras: para sostener que Oehrli está legalmente impedida de ejercer el cargo debería existir una inhabilitación aplicable específicamente a esa función, no simplemente una interpretación periodística de una sanción municipal que, además, acaba de ser formalmente impugnada.
La acusación sobre una supuesta enfermedad psiquiátrica
La disputa alcanzó incluso un terreno particularmente sensible.
El comunicado legal cuestiona al funcionario Guillermo Romero por haber afirmado públicamente, según la presentación, que las licencias habían correspondido a una “enfermedad psiquiátrica”.
Oehrli rechaza esa versión y sostiene que los certificados correspondían a una afección neurológica, cuyo diagnóstico pertenece además a su esfera privada. Su defensa considera que la utilización pública de esa cuestión buscó estigmatizarla y anunció que también será analizada dentro de las acciones legales.
Ahora deberán aparecer las pruebas
Hasta este momento, buena parte de la discusión se construyó alrededor de titulares, documentos filtrados, declaraciones políticas y un decreto municipal de 2017.
A partir de ahora habrá otra instancia.
Una denuncia penal.
Un recurso formal contra el decreto.
Documentación médica.
El testimonio del profesional que reconoció los certificados.
El expediente administrativo completo.
Y la discusión jurídica sobre si la Municipalidad podía exonerar a una persona después de haber aceptado su renuncia.
Nada de esto significa que la Justicia ya haya declarado inocente a Oehrli ni que haya determinado judicialmente que existió una persecución política. Es precisamente eso lo que ahora deberá investigarse y resolverse.
Pero tampoco resulta correcto presentar las acusaciones del Municipio de 2017 como si fueran una condena penal firme.
La operación mediática buscó que el veredicto se produjera primero ante la opinión pública.
Oehrli eligió otra respuesta.
No discutir su honor con quienes desempolvaron un expediente de nueve años en el momento políticamente más conveniente, sino llevar cada acusación, cada documento y cada responsabilidad al ámbito donde las operaciones dejan de alcanzar: la Justicia.
