Oportunidad histórica: el Senado debe cerrar para siempre la fábrica de inflación
La reforma del BCRA no es una discusión reservada a economistas, es la oportunidad histórica de impedir que la política vuelva a financiarse destruyendo salarios, jubilaciones, ahorros y crédito.
Hay leyes que modifican el funcionamiento de un organismo y hay leyes que cambian la trayectoria de un país. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina pertenece al segundo grupo.
La Cámara de Diputados dio el miércoles pasado un paso extraordinario al aprobarla por 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones. Ahora la responsabilidad está en manos del Senado, que deberá decidir si convierte esa media sanción en una verdadera frontera institucional o si permite que continúe abierta la puerta por la cual la política argentina confiscó durante décadas el fruto del trabajo de millones de personas.
No estamos discutiendo una modificación administrativa. Estamos discutiendo si un gobierno podrá volver a utilizar al BCRA como una caja auxiliar para gastar por encima de sus recursos y trasladar después la factura a toda la sociedad mediante inflación.
La iniciativa establece que la misión primaria y fundamental del Banco Central será preservar el valor de la moneda. Prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, elimina mecanismos de transferencia de reservas, limita la distribución de utilidades a aquellas que sean efectivamente realizadas y líquidas, y fortalece la autonomía de sus autoridades.
Traducido al lenguaje de todos los días: si el Estado quiere gastar, deberá recaudar legítimamente, obtener financiamiento voluntario o reducir otras partidas. Lo que ya no podrá hacer es inventar dinero, diluir silenciosamente su valor y cobrarle a la sociedad un impuesto que nunca fue debatido ni aprobado por el Congreso.
Latinoamérica ya tomó esta decisión
La Argentina no necesita inventar una teoría. Solamente debe mirar alrededor.
En la década de 1980, Latinoamérica estuvo atrapada en una verdadera catástrofe inflacionaria. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo calculó que la inflación promedio de once países de la región alcanzó el 70,5% en 1983 y llegó a un estremecedor 1.129% en 1985.
La región aprendió la lección. Entre 1988 y 1996, doce países latinoamericanos reformaron legal o constitucionalmente sus bancos centrales para otorgarles mayor autonomía, priorizar la estabilidad de precios y restringir la financiación directa de los gobiernos.
No todos eligieron exactamente el mismo camino. Algunos consagraron la independencia de sus autoridades monetarias. Otros adoptaron regímenes de metas de inflación. Panamá, Ecuador y El Salvador impusieron una restricción todavía más dura mediante la dolarización. Pero todos compartieron una decisión fundamental: la moneda no podía continuar siendo la caja chica del poder político.
Los resultados fueron contundentes. Durante la segunda mitad de los años noventa, la inflación regional promedio cayó al 13,2%. Entre 2000 y 2020, se redujo al 5,5% anual.
Brasil, Chile y Colombia adoptaron formalmente metas de inflación en 1999; México, en 2001; y Perú, en 2002. Más tarde siguieron Guatemala, Uruguay, Paraguay, República Dominicana y Costa Rica.
Actualmente, Brasil tiene una meta del 3%, Chile del 3%, Colombia del 3% con un margen de un punto, México del 3% con la misma tolerancia y Perú mantiene un rango de entre 1% y 3%. No siempre alcanzan esos objetivos y atraviesan períodos de aceleración, pero nadie discute que la obligación del banco central es hacer regresar la inflación a niveles razonables.
El contraste con la Argentina resulta vergonzoso.
Según los datos comparables del Banco Mundial, en 2024 la inflación anual promedio fue del 4,3% en Chile, 2% en Perú, 4,4% en Brasil, 6,6% en Colombia, 4,7% en México, 4,8% en Uruguay, 3,8% en Paraguay, 5,1% en Bolivia y 1,5% en Ecuador.
Argentina registró 219,9%. Venezuela, 254,9%.
Esas cifras exponen a los dos grandes desastres monetarios de la región. Mientras prácticamente toda Latinoamérica convirtió la inflación de un dígito en una exigencia elemental, Argentina y Venezuela normalizaron la destrucción de sus monedas.
No fue una cuestión geográfica ni cultural. Tampoco una fatalidad. Fue el resultado de decisiones políticas e instituciones diseñadas para permitirlas.
El costo de utilizar al BCRA como una caja
Entre 2003 y 2023, la inflación acumulada en la Argentina alcanzó el 50.141%. En apenas dos décadas, el peso perdió el 99,8% de su poder adquisitivo.
De acuerdo con una estimación presentada por el propio Banco Central ante el Congreso, durante ese período el BCRA transfirió recursos al Tesoro equivalentes al 85% del PBI, calculados en unos u$s553.000 millones a valores actuales. El impuesto inflacionario soportado por las familias habría representado alrededor del 60% del PBI, equivalente a u$s390.000 millones.
Solamente en 2023, la asistencia directa e indirecta vinculada al Tesoro alcanzó aproximadamente el 3,4% del PBI. Ese mismo año, el impuesto inflacionario llegó a representar casi siete puntos del producto y más del 30% de la recaudación nacional.
No existe tributo más perverso.
No necesita una ley. No aparece discriminado en un recibo. No respeta mínimos no imponibles. No distingue entre quien puede proteger su patrimonio y quien vive de un salario, una jubilación o una asignación. El Estado simplemente emite, los precios suben y el dinero que la persona conserva compra cada vez menos.
La inflación es el impuesto predilecto de la mala política porque permite gastar hoy y ocultar temporalmente quién pagará mañana.
Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, la Argentina terminaba 2023 con una inflación anual del 211,4%, reservas netas negativas y una dinámica que amenazaba con desembocar en una nueva hiperinflación.
En julio de 2026, la inflación interanual se ubicó en 33,8%. La reducción es enorme, aunque todavía insuficiente. Argentina continúa muy lejos de los niveles que sus vecinos consideran normales.
Por eso esta reforma es tan importante.
Milei podría limitarse a no emitir durante su mandato. Podría confiar en la disciplina de su equipo económico y en su decisión personal de mantener el equilibrio fiscal. Pero eso dejaría intacta la herramienta para que otro gobierno vuelva a utilizarla.
Lo verdaderamente histórico es transformar una convicción política en una institución permanente.
Un presidente responsable puede negarse a financiar el déficit con emisión. Una buena ley puede impedir que también lo haga un presidente irresponsable. Esa es la diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado.
La reforma tampoco funcionará por arte de magia. Ninguna Carta Orgánica puede sustituir al equilibrio fiscal. Un Banco Central independiente sometido a un Tesoro insolvente terminará enfrentando presiones tarde o temprano. El mérito del programa de Milei es precisamente combinar ambas columnas: orden fiscal y restricción monetaria.
Sin equilibrio fiscal, la prohibición de emitir se vuelve insostenible. Sin una prohibición legal, el equilibrio fiscal queda a merced del próximo populista.
Sin moneda no existe crédito
Durante décadas, los argentinos debimos acostumbrarnos a vivir sin crédito de largo plazo. Comprar una vivienda se convirtió en una posibilidad reservada para quien recibe una herencia, vende otra propiedad o logra reunir dólares durante años.
El crédito hipotecario representa actualmente apenas dos puntos del PBI argentino. En Chile alcanza aproximadamente el 27%.
No hay ningún misterio detrás de esa diferencia.
Cuando nadie sabe cuánto valdrá la moneda dentro de cinco, diez o veinte años, desaparecen los depósitos a largo plazo. Sin ahorro duradero, los bancos no pueden prestar a plazos extensos. Y cuando prestan, deben incorporar tasas altísimas para cubrir el riesgo de inflación, devaluación y cambio de reglas.
La estabilidad monetaria no garantiza automáticamente que una familia acceda a su casa. Pero la inflación crónica garantiza que millones jamás puedan hacerlo.
Con una moneda estable pueden reaparecer los créditos hipotecarios con cuotas previsibles, el financiamiento para construir viviendas, los préstamos para que una pyme compre maquinaria y el capital necesario para que una empresa amplíe su producción.
El crédito no nace de un decreto ni de una ventanilla estatal. Nace del ahorro, de la confianza y de la certeza de que un contrato conservará su significado con el paso de los años.
La responsabilidad histórica del Senado
Los senadores tienen derecho a debatir cada artículo y corregir cualquier resquicio que permita mantener mecanismos indirectos de financiamiento al Estado. Si todavía queda alguna puerta abierta, deben cerrarla.
Lo que no pueden hacer es utilizar una discusión técnica como excusa para rechazar el corazón de la reforma.
La pregunta que deberán responder es muy simple: ¿creen que un futuro gobierno debe conservar el derecho de financiar su déficit destruyendo el valor de la moneda?
Aprobar esta ley no significa votar a favor de Milei. Significa votar a favor de los trabajadores, jubilados, ahorristas, comerciantes y emprendedores que no pueden defenderse de la emisión refugiando millones en propiedades, acciones o cuentas en el exterior.
También significa proteger a las futuras generaciones de gobiernos irresponsables, sin importar su color político.
La Argentina ya comprobó demasiadas veces cómo termina la historia cuando el Banco Central queda subordinado a las necesidades electorales del poder. Cambian los ministros, cambian los billetes y se les quitan ceros a las monedas, pero la víctima siempre es la misma: el ciudadano que trabaja, ahorra y cumple la ley.
Javier Milei abrió una oportunidad que la Argentina postergó durante décadas. Diputados estuvo a la altura. Ahora le corresponde al Senado decidir si quiere formar parte de una transformación histórica o quedar registrado como el responsable de mantener abierta la fábrica de inflación.
La moneda debe volver a pertenecerles a los argentinos y dejar de ser propiedad de los gobiernos.
Esta vez, el «nunca más» también debe alcanzar a la emisión para financiar a la política.
