El peor intendente de Santo Tomé: deuda millonaria y transferencia de obligaciones
Con la soga al cuello y acorralado por la Justicia, Miguel Weiss Ackerley tuvo que entregar el servicio de agua a ASSA. Pero ceder la administración no resuelve lo más importante: la deuda sigue y los fondos públicos no aparecen.
Los vecinos de Santo Tomé pagaron el servicio. Cumplieron mes a mes abonando sus boletas. Sin embargo, la gestión municipal enfrenta hoy una crisis de transparencia ineludible y hay una pregunta central que sigue sin respuesta: ¿dónde están los $6.000 millones que adeuda el municipio?
Con la soga al cuello y acorralado por la Justicia, el intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, tuvo que entregar el servicio de agua a Aguas Santafesinas (ASSA). Durante el anuncio oficial, el mandatario habló de una “solución necesaria” y finalmente reconoció que el modelo municipal era obsoleto.
Pero entregar el servicio no resuelve lo más importante. El agujero fiscal ya está hecho y las consecuencias institucionales no desaparecen por arte de magia:
- La deuda sigue.
- La demanda judicial sigue.
- Y los fondos públicos siguen sin aparecer.
Porque una cosa es tomar la decisión administrativa de resolver quién presta el servicio de agua de ahora en adelante. Y otra muy distinta, mucho más grave, es explicar qué pasó con la plata que ya pagaron los vecinos de Santo Tomé. La rendición de cuentas no se transfiere; es una obligación indelegable del Estado municipal.
Tras ser demandado por más de 6.000 millones de pesos, el municipio de Santo Tomé anunció formalmente que transferirá la prestación del servicio a la empresa estatal provincial. El caso expone la ineficiencia de la burocracia local para administrar recursos y el fracaso de una gestión que recién reacciona ante el avance de la Justicia. El modelo de intermediación estatal en la distribución de agua llegó a su fin, arrastrado por su propia ineficiencia y por el peso de un escándalo financiero insostenible. En medio del reclamo judicial por esta multimillonaria retención de fondos, el intendente anunció el envío de un proyecto de ordenanza para transferir definitivamente el servicio.
El anuncio se formalizó en una conferencia de prensa que contó con la presencia del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el ministro de Economía, Pablo Olivares; y la presidenta del directorio de ASSA, Renata Gigliotti. Durante la presentación, el propio intendente debió admitir el fracaso del esquema de distribución municipal, al cual calificó de «obsoleto», reconociendo que la delegación directa a la proveedora es «una solución que hacía falta hace 30 años».
La inviabilidad del municipio como administrador
La decisión de desarmar la estructura municipal para el cobro y distribución del agua desnuda un problema estructural: los municipios no tienen la escala ni la capacidad técnica para asumir roles comerciales complejos. Y expone, además, el absurdo de la burocracia: un Estado municipal que retiene los pagos de los contribuyentes y desfinancia a una empresa pública provincial (constituida como sociedad anónima estatal), obligando a que el conflicto deba resolverse en los tribunales.
El ministro Pablo Olivares lo expuso con claridad al justificar el traspaso basándose en criterios de «eficiencia y justicia». Mientras que ASSA cuenta con un volumen de 800.000 cuentas que le otorgan la espalda financiera para absorber y gestionar niveles de morosidad, el deficiente esquema municipal de Santo Tomé, con apenas 29.000 usuarios, colapsó administrativamente, rompiendo la cadena de pagos.
En este marco, la titular de la empresa estatal, Renata Gigliotti, anticipó un plan de inversiones de entre 6.000 y 9.000 millones de pesos a ejecutar en tres años para nivelar y modernizar la infraestructura de la ciudad, al tiempo que desmintió categóricamente los rumores sobre contaminación, garantizando que el suministro es «de primerísima calidad» bajo controles permanentes.
La verdad detrás de la deuda millonaria
A pesar de los anuncios de traspaso y las promesas de modernización, la titular de ASSA fue tajante al aclarar que la demanda judicial contra la Municipalidad por los fondos retenidos sigue su curso, ya que se trata de dinero público adeudado.
La realidad contable desmorona el relato oficialista y el intento de diluir las responsabilidades en gestiones pasadas. La exintendenta Daniela Qüesta ya había advertido que en diciembre de 2023 entregó el mando sin un solo centavo de deuda con la proveedora. Los números, por lo tanto, son inapelables: la deuda de más de 6.000 millones de pesos se generó en su totalidad durante la actual intendencia de Miguel Weiss Ackerley.
La realidad política demuestra que el intendente no tomó ninguna acción para solucionar este fracaso administrativo hasta no estar literalmente con la soga al cuello frente al inminente avance de la Justicia. Ahora, Weiss Ackerley tendrá que dar explicaciones de por qué pagó una sola cuota en toda su gestión, y esperemos que este traspaso sea una solución definitiva para los vecinos de Santo Tomé, quienes han padecido innumerables problemas con respecto al servicio de agua.
