Aguas Santafesinas llevó a Santo Tomé a la Justicia por una deuda superior a $6.000 M
Aguas Santafesinas reclama el pago del agua suministrada mediante el Acueducto Desvío Arijón. Mientras los vecinos abonan el servicio en las liquidaciones municipales, la gestión de Miguel Weiss Ackerley todavía debe explicar cómo se originó el pasivo, cuánto recaudó y qué destino tuvieron esos recursos.
La administración de Miguel Weiss Ackerley —quien llegó al Ejecutivo tras desempeñarse durante ocho años como concejal y sin antecedentes de trayectoria laboral en el sector privado— se encuentra en el centro de un escándalo financiero e institucional. Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) decidió recurrir a los tribunales para exigirle a la Municipalidad de Santo Tomé el pago de una deuda por el suministro de agua potable del Acueducto Desvío Arijón, un pasivo que escaló descontroladamente desde los $2.500 millones en 2025 hasta superar los $6.000 millones en la actualidad.
El conflicto trasciende la simple morosidad para convertirse en una grave crisis de transparencia: el municipio cobra mensualmente el servicio a los vecinos a través de sus liquidaciones, pero ese dinero no fue transferido a la empresa provincial.
El agujero negro de la recaudación municipal
La falta absoluta de rendición de cuentas por parte del Ejecutivo local es el eje central del conflicto. Hasta el momento, el Gobierno municipal no brindó ninguna explicación pública sobre cómo se generó este pasivo millonario ni sobre la demanda judicial iniciada por ASSA.
Desde el Concejo Municipal, la oposición exige la interpelación urgente del intendente para que responda, con documentación respaldatoria, a interrogantes básicos que cualquier contribuyente merece saber:
- ¿Cuánto dinero recaudó exactamente el municipio por el concepto de agua?
- ¿Cuánto se transfirió a ASSA y cuál es la composición real de la deuda?
- ¿Qué destino tuvieron los recursos que los vecinos pagaron y que nunca llegaron a la empresa proveedora?
Incluso, desde el cuerpo legislativo se advierte que, si se confirma que los fondos cobrados por el servicio de agua fueron desviados hacia otros gastos, se podría avanzar con una denuncia penal por malversación de fondos. La opacidad se agrava al constatarse que la Municipalidad habría incumplido un convenio de pago previo con ASSA, dejando de abonar las cuotas acordadas.
Las contradicciones del discurso oficial
El impacto de este escándalo choca frontalmente con los ejes discursivos del oficialismo local. A las contradicciones de una gestión que pregonaba orden administrativo se suma la categórica afirmación de la exintendenta Daniela Qüesta, quien aseguró que, al entregar el mando en diciembre de 2023, las cuentas con ASSA estaban al día y la deuda era cero. De validarse esta afirmación en los registros contables, la totalidad del pasivo reclamado se habría generado exclusivamente bajo la administración actual.
El fracaso del Estado como intermediario
El caso de Santo Tomé es un ejemplo contundente de por qué el Estado suele ser un pésimo intermediario comercial. A diferencia de otras localidades donde ASSA factura directamente al usuario, en esta ciudad rige un modelo anacrónico: la empresa provincial provee el agua en bloque al municipio, y es la burocracia local la que la distribuye y la cobra.
Este esquema de intermediación estatal solo sirvió para romper la cadena de pagos. Los vecinos cumplieron con sus obligaciones fiscales, pero el municipio actuó como un intermediario ineficiente que retuvo los fondos, desfinanciando al proveedor del servicio y exponiendo a la ciudad a un litigio judicial. Una vez más, queda demostrado que cuando el Estado asume roles comerciales que no le corresponden, el que termina pagando los platos rotos es el contribuyente.
