El Gobierno cruzó a Londres por Malvinas y advirtió a las empresas: «La ley argentina se aplicará con todo su rigor»
Cancillería rechazó el instructivo con el que el Reino Unido busca respaldar a compañías vinculadas con el archipiélago. El Gobierno anunció medidas administrativas, diplomáticas y judiciales contra quienes exploten recursos naturales sin autorización nacional.
El Gobierno de Javier Milei respondió con dureza a la guía comercial publicada por el Reino Unido para promover inversiones y respaldar a las empresas que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas.
A través de un comunicado, la Cancillería manifestó su “más enérgico rechazo” al documento británico y sostuvo que ninguna recomendación emitida por otro país puede dejar sin efecto la legislación argentina ni las normas internacionales aplicables a la disputa de soberanía.
“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido por Pablo Quirno.
La advertencia también alcanza a inversores, proveedores y compañías que participen directa o indirectamente en proyectos de explotación de hidrocarburos o de otros recursos naturales en las aguas circundantes al archipiélago.
Londres salió a respaldar a las empresas
La controversia comenzó luego de que el Gobierno británico difundiera un documento titulado “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, destinado a compañías y particulares interesados en operar, invertir o prestar servicios en el territorio bajo ocupación británica.
En esa publicación, Londres aseguró que respalda las actividades económicas autorizadas por las autoridades isleñas y afirmó que la legislación argentina no resulta aplicable dentro del archipiélago.
El instructivo también sostiene que la Argentina carece de jurisdicción sobre las compañías involucradas en negocios relacionados con las islas y ofrece asistencia diplomática a aquellas firmas que reciban intimaciones, advertencias o amenazas de acciones legales por parte de Buenos Aires.
No obstante, el propio Gobierno británico reconoce que el documento expresa solamente su posición política y aclara que no constituye asesoramiento jurídico. Además, recomienda a las empresas buscar asistencia legal independiente si enfrentan reclamos argentinos. La guía completa fue publicada en el sitio oficial del Gobierno británico.
Para la administración de Milei, la iniciativa busca otorgar una apariencia de legalidad a operaciones económicas realizadas en un territorio cuya soberanía permanece en disputa.
La respuesta argentina
Cancillería reafirmó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus espacios marítimos, forman parte del territorio nacional y permanecen ocupadas ilegítimamente por el Reino Unido.
El comunicado cuestionó especialmente los intentos británicos de promover inversiones hidrocarburíferas y comerciales sin autorización de las autoridades argentinas.
El Gobierno señaló que esas medidas contradicen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y al Reino Unido a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución negociada de la disputa.
Según la posición argentina, la explotación de recursos no renovables podría generar consecuencias irreversibles y alterar de manera permanente la situación existente en el Atlántico Sur.
La Casa Rosada también recordó la vigencia de la Resolución 2065, mediante la cual la ONU reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a ambos países a retomar las negociaciones bilaterales.
El proyecto Sea Lion, en el centro del conflicto
La escalada diplomática tiene como principal punto de tensión al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte e impulsado por la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.
Las compañías avanzaron con una decisión final de inversión para desarrollar el yacimiento bajo licencias concedidas por las autoridades instaladas en las islas. La Argentina desconoce esos permisos y sostiene que cualquier actividad hidrocarburífera en su plataforma continental requiere autorización del Gobierno nacional.
Luego de conocerse el avance del proyecto, Cancillería convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel para entregarles notas formales de protesta.
Durante esos encuentros, los funcionarios argentinos rechazaron las licencias, los llamados a proveedores, las normas emitidas por las autoridades isleñas y los incentivos comerciales promovidos desde Londres.
La administración libertaria anticipó que aplicará las leyes nacionales “con todo su rigor” contra las empresas, inversores y prestadores de servicios involucrados en operaciones no autorizadas.
Advertencias en 30 países y denuncias penales
El Gobierno informó que ya remitió cerca de 180 notas de advertencia a personas físicas y jurídicas radicadas en 30 países. Esas comunicaciones notifican los riesgos legales asociados con la participación en actividades económicas dentro del área en disputa.
Además, Cancillería comunicó la apertura de 60 procedimientos administrativos y la presentación de tres denuncias penales que involucran a diez compañías y a sus directivos.
El marco utilizado por el Ejecutivo incluye las leyes 26.659 y 26.915, además del Decreto 868/2026, que establecen sanciones para quienes intervengan en la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin permiso nacional.
La ofensiva no se limita a las empresas titulares de las licencias. También puede alcanzar a sociedades vinculadas, proveedores, inversores y contratistas que participen de manera indirecta en los proyectos cuestionados.
El mensaje busca contrarrestar las garantías ofrecidas por Londres y elevar los costos jurídicos y comerciales para las compañías interesadas en sumarse a las operaciones.
Diálogo diplomático y sanciones para las empresas
Pese al endurecimiento de las medidas, el Gobierno argentino ratificó su disposición a retomar negociaciones con el Reino Unido para resolver la cuestión de soberanía por medios pacíficos.
Al mismo tiempo, advirtió que agotará todas las instancias administrativas, judiciales, diplomáticas e institucionales disponibles contra quienes exploten recursos naturales sin la autorización correspondiente.
“Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluyó el comunicado difundido por Cancillería.
La nueva confrontación deja planteada una disputa que ya no se limita al terreno diplomático. Mientras Londres intenta garantizar seguridad a los inversores, la Argentina avanza con sanciones y denuncias para impedir que empresas extranjeras conviertan la ocupación británica en un negocio consumado sobre recursos reclamados por el país.
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