Malvinas: Stornelli amplió la investigación sobre las petroleras que avanzan con el proyecto Sea Lion
El fiscal incorporó nuevos elementos a la causa por la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. La pesquisa busca determinar las responsabilidades de las compañías y de la red de proveedores vinculada al emprendimiento.
El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación contra las empresas involucradas en la explotación petrolera que se proyecta en las aguas circundantes a las Islas Malvinas.
La investigación tiene como eje el desarrollo Sea Lion, encabezado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas pretenden comenzar a producir petróleo en 2028 mediante licencias otorgadas por las autoridades británicas que ocupan el archipiélago.
La Argentina desconoce la validez de esas autorizaciones y considera que cualquier actividad de exploración o extracción realizada sin consentimiento nacional constituye una vulneración de su soberanía y de la legislación vigente.
La ampliación impulsada por Stornelli busca profundizar la investigación sobre las compañías operadoras, sus directivos y las empresas que aportan tecnología, financiamiento, logística o servicios al proyecto.
Una estructura internacional de proveedores
El desarrollo del yacimiento requiere embarcaciones, plataformas, sistemas submarinos, perforación, transporte y asistencia financiera. Por ese motivo, la pesquisa no se limita a Navitas y Rockhopper.
El objetivo es establecer qué empresas conocen el carácter controvertido de las licencias y, pese a ello, participan activamente en la explotación.
Varias compañías internacionales comenzaron a tomar distancia del proyecto después de las advertencias del Gobierno argentino. La Casa Rosada anunció que aplicará sanciones administrativas y promoverá acciones judiciales contra quienes intervengan directa o indirectamente.
El proyecto que reactivó la disputa
Navitas controla el 65% de Sea Lion, mientras que Rockhopper posee el 35% restante. Las empresas calculan que la primera etapa demandará una inversión cercana a USD 2.200 millones y permitirá extraer aproximadamente 50.000 barriles diarios.
El emprendimiento está ubicado al norte de las islas y contiene recursos petroleros de gran magnitud. Para el Gobierno, su puesta en funcionamiento implicaría consolidar una explotación económica unilateral en un territorio cuya soberanía continúa bajo disputa.
En paralelo con la causa penal, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para ampliar las sanciones vigentes. La iniciativa incluye penas más duras para empresas, proveedores, directivos e inversores que participen conscientemente en el aprovechamiento no autorizado de los recursos naturales argentinos.
La respuesta británica
El Reino Unido sostiene que las empresas poseen permisos legítimos concedidos por la administración isleña y rechaza la jurisdicción argentina sobre el proyecto.
Navitas y Rockhopper también aseguraron que mantendrán sus planes y que las acciones impulsadas desde Buenos Aires no modificarán el cronograma previsto.
La ampliación de la acusación eleva, sin embargo, el riesgo jurídico para los proveedores internacionales. La estrategia argentina busca que el costo de participar en Sea Lion no quede limitado al vínculo con las islas, sino que también afecte cualquier negocio presente o futuro dentro del territorio continental.
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