Eliminar el DReI: menos gasto para aliviar al contribuyente
Una propuesta gradual para eliminar el DReI en Rafaela, revisar las erogaciones municipales y avanzar hacia una planta estatal más eficiente, sin trasladar el costo del ajuste al contribuyente.
El presupuesto es la columna vertebral de cualquier organización, pública o privada. Su lectura permite conocer las prioridades de una gestión, los objetivos que persigue y el valor que les asigna a los recursos aportados por los contribuyentes.
En esta época del año comienzan a presentarse los presupuestos correspondientes a 2027 en los distintos niveles del Estado. Por eso resulta oportuno recuperar una propuesta elaborada a partir del presupuesto 2026 de Rafaela. Aunque parte de datos locales, su lógica puede trasladarse a otros municipios e incluso al debate provincial sobre Ingresos Brutos.
Una propuesta para eliminar el DReI
A mi juicio, el Derecho de Registro e Inspección funciona en los hechos como un impuesto presentado bajo la forma de una tasa. Su recaudación está vinculada a la actividad económica, mientras que la relación con un servicio municipal concreto y divisible suele resultar discutible.
La discusión no es nueva. Desde hace décadas, tanto el DReI municipal como el Impuesto sobre los Ingresos Brutos provincial son cuestionados por gravar las ventas en distintas etapas de la cadena y trasladarse finalmente a los precios. El problema no es solamente jurídico: también afecta la inversión, la formalidad y la competitividad.
El peso del tributo en el presupuesto
Sobre un presupuesto municipal 2026 cercano a los $95.000 millones, la recaudación estimada del DReI ronda los $23.040 millones. Su eliminación exige, por lo tanto, una revisión profunda del gasto y no una simple declaración de intención.
El presupuesto contiene partidas que, a mi entender, se encuentran sobredimensionadas. Entre ellas aparecen rubros como combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios. También existen erogaciones destinadas a actividades que no integran las funciones esenciales del municipio y que podrían ser organizadas o financiadas por el sector privado, como determinados festivales, espectáculos o acontecimientos recreativos.
A esa revisión debe sumarse una mejora general de la eficiencia y los controles. Una administración que compra mejor, mide resultados y elimina gastos superfluos puede reducir sus erogaciones sin deteriorar los servicios básicos.
Una transición de veinte meses
Aunque considero que el ahorro potencial permitiría compensar la recaudación del DReI, eliminarlo de un día para otro podría generar tensiones financieras. Por eso propongo una transición de veinte meses mediante una reducción acumulativa del 5% en cada declaración jurada mensual.
Durante el primer mes, el contribuyente determinaría el importe mediante el procedimiento habitual y aplicaría un descuento del 5%. En el segundo mes, la reducción sería del 10%, y así sucesivamente hasta llegar al 100% en el mes veinte. A partir de ese momento, el tributo quedaría eliminado y también desaparecería la obligación de presentar la declaración jurada correspondiente.
Para mostrar el funcionamiento del esquema, puede tomarse como referencia una recaudación anual de $23.040 millones, equivalente a un promedio mensual de $1.920 millones.
Mes |
Descuento |
Ingreso municipal |
Ahorro del contribuyente |
0 |
0% |
$ 1.920.000.000 |
$ 0 |
1 |
5% |
$ 1.824.000.000 |
$ 96.000.000 |
2 |
10% |
$ 1.728.000.000 |
$ 192.000.000 |
3 |
15% |
$ 1.632.000.000 |
$ 288.000.000 |
4 |
20% |
$ 1.536.000.000 |
$ 384.000.000 |
5 |
25% |
$ 1.440.000.000 |
$ 480.000.000 |
6 |
30% |
$ 1.344.000.000 |
$ 576.000.000 |
7 |
35% |
$ 1.248.000.000 |
$ 672.000.000 |
8 |
40% |
$ 1.152.000.000 |
$ 768.000.000 |
9 |
45% |
$ 1.056.000.000 |
$ 864.000.000 |
10 |
50% |
$ 960.000.000 |
$ 960.000.000 |
11 |
55% |
$ 864.000.000 |
$ 1.056.000.000 |
12 |
60% |
$ 768.000.000 |
$ 1.152.000.000 |
13 |
65% |
$ 672.000.000 |
$ 1.248.000.000 |
14 |
70% |
$ 576.000.000 |
$ 1.344.000.000 |
15 |
75% |
$ 480.000.000 |
$ 1.440.000.000 |
16 |
80% |
$ 384.000.000 |
$ 1.536.000.000 |
17 |
85% |
$ 288.000.000 |
$ 1.632.000.000 |
18 |
90% |
$ 192.000.000 |
$ 1.728.000.000 |
19 |
95% |
$ 96.000.000 |
$ 1.824.000.000 |
20 |
100% |
$ 0 |
$ 1.920.000.000 |
Durante los primeros doce meses, el municipio recaudaría $15.552 millones y los contribuyentes ahorrarían $7.488 millones. En los ocho meses restantes, la recaudación sería de $2.688 millones y el ahorro privado alcanzaría los $12.672 millones.
En total, durante los veinte meses de transición, el municipio percibiría $18.240 millones y los contribuyentes conservarían $20.160 millones. Una vez completado el proceso, el sector privado dejaría de afrontar una carga anual equivalente —a valores de 2026— a $23.040 millones.
Esos recursos, administrados por empresas y comercios, podrían destinarse a inversión, contratación, capital de trabajo o reducción de precios. La expansión de la actividad también ampliaría la base de otros tributos municipales vinculados con nuevos inmuebles, habilitaciones y servicios.
2.El gasto en personal
La transición propuesta exige actuar sobre uno de los principales componentes del presupuesto: el personal. Las erogaciones de este rubro rondan los $47.000 millones sobre un total cercano a los $95.000 millones, es decir, aproximadamente la mitad del gasto municipal.
Una gestión más eficiente no debería continuar ampliando la planta. El primer paso podría ser congelar nuevas incorporaciones y permitir una reducción gradual mediante jubilaciones, renuncias y cambios de empleo, sin reemplazar automáticamente cada vacante.
La digitalización de trámites, la simplificación normativa y la eliminación de tareas burocráticas permitirían sostener los servicios esenciales con una estructura más reducida. La discusión no debería limitarse a cuántos empleados tiene el municipio, sino también a qué funciones cumplen, qué resultados producen y cuánto cuestan esas tareas.
Salarios y carga horaria
La comparación entre el empleo público y el privado también debe incorporar la carga horaria. En septiembre de 2026, un empleado de comercio de la categoría Administrativo A inicial percibía un ingreso bruto aproximado de $1.316.632, compuesto por un básico de $1.196.632 y una suma fija no remunerativa de $120.000.
En el ámbito municipal de Rafaela, el salario mínimo garantizado bruto informado para un agente inicial rondaba los $1.053.000, antes de sumar presentismo. La cifra nominal era menor, pero también lo era la jornada habitual considerada para esta comparación.
Sector |
Salario bruto |
Horas semanales |
Equivalente a 44 horas |
Comercio |
$ 1.316.632 |
44 |
$ 1.316.632 |
Municipal |
$ 1.053.000 |
30 |
$ 1.544.400 aprox. |
Un empleado de comercio cumple normalmente 44 horas semanales: ocho horas diarias de lunes a viernes y cuatro los sábados. Para el trabajador municipal se consideró una jornada de 30 horas, distribuida en cinco días de seis horas.
Al ajustar ambos salarios a una carga semanal equivalente de 44 horas, la remuneración municipal ascendería a unos $1.544.400. Bajo este criterio, resultaría aproximadamente un 17% superior a la del empleado de comercio. La comparación es orientativa: no contempla antigüedad, adicionales, categorías, presentismo ni otras diferencias convencionales.
Estabilidad y evaluación del desempeño
La comparación tampoco se agota en el salario. El empleo público suele ofrecer mayor estabilidad, licencias más amplias y una previsibilidad en el pago que no siempre existe en el sector privado. Además, determinados regímenes permiten conservar el puesto cuando el agente asume un cargo electivo.
El problema aparece cuando la estabilidad deja de proteger al trabajador frente a la arbitrariedad política y pasa a impedir cualquier consecuencia ante un desempeño deficiente. Sin objetivos medibles, evaluaciones periódicas y mecanismos de capacitación, resulta difícil distinguir a quienes cumplen correctamente sus funciones de quienes no lo hacen.
La meritocracia no consiste en desconocer derechos laborales, sino en vincular la permanencia, la promoción y los incentivos con la idoneidad, la responsabilidad y los resultados. El Estado debe exigir, como mínimo, estándares comparables con los que afronta cualquier trabajador del sector privado.
3.Igualar condiciones y reducir privilegios
Cuando se plantea reducir el gasto público aparece una pregunta legítima: qué hacer con quienes puedan perder su puesto. La respuesta no puede ser sostener indefinidamente empleos innecesarios con impuestos, pero tampoco ignorar la transición laboral.
Una alternativa sería reemplazar progresivamente las indemnizaciones tradicionales por un seguro de desempleo financiado de manera previsible, limitado en el tiempo y accesible bajo reglas generales. Ese mecanismo debería facilitar la movilidad laboral y brindar protección mientras la persona se capacita o busca una nueva ocupación.
La tecnología, la digitalización y la desregulación permiten reducir de manera sustancial las estructuras administrativas. El porcentaje concreto debería surgir de auditorías por área y no de una cifra uniforme, pero el objetivo debe ser claro: menos puestos destinados a sostener trámites innecesarios y más recursos concentrados en funciones esenciales.
Durante demasiados años, el sistema de selección y permanencia en el Estado priorizó vínculos políticos, antigüedad o pertenencia gremial por encima de la idoneidad. Esa lógica elevó la presión tributaria, deterioró la calidad de los servicios y profundizó la desconfianza del contribuyente.
Eliminar gradualmente el DReI, revisar cada partida, congelar la expansión de la planta y medir el desempeño permitiría comenzar a revertir ese proceso. El liberalismo propone precisamente ese cambio de prioridades: un Estado limitado a sus funciones esenciales, financiado con menos impuestos y obligado a administrar con la misma responsabilidad que se exige a quienes producen los recursos.
