Matriz política: el peronismo y el mito de la exclusividad democrática
Una lectura crítica de la historia argentina pone en discusión la pretensión del justicialismo de presentarse como garante excluyente de la democracia y propone recuperar los principios republicanos de la Constitución de 1853.
Durante las últimas décadas, el debate político e histórico argentino estuvo atravesado por una profunda disputa sobre la titularidad y la defensa de los valores republicanos. Desde determinados sectores se construyó un relato que presenta al peronismo y sus distintas derivaciones como garantes naturales de la inclusión social, la representación popular y la democracia.
Sin embargo, una revisión rigurosa de la historia contemporánea permite cuestionar esa pretendida exclusividad. La distancia entre el discurso democrático del movimiento justicialista y algunos capítulos de su trayectoria expone contradicciones, relaciones internacionales controvertidas, episodios de violencia interna y tensiones recurrentes con el orden institucional.
Esto no implica desconocer la legitimidad electoral que el peronismo obtuvo en numerosos períodos ni su relevancia social y política. Significa, simplemente, rechazar la idea de que un partido o movimiento pueda arrogarse el monopolio de la representación popular y democrática.
Alineamientos internacionales y flexibilidad ideológica
Uno de los aspectos más discutidos en la genealogía del peronismo es su pragmatismo geopolítico y la amplitud de sus vínculos internacionales.
Desde su surgimiento en la década de 1940, el movimiento fundado por Juan Domingo Perón recibió influencias de las corrientes corporativistas que habían alcanzado protagonismo en la Europa de entreguerras. Perón había conocido de cerca la Italia de Benito Mussolini y posteriormente encontró refugio en la España gobernada por Francisco Franco.
No resulta necesario establecer una equivalencia lineal entre el peronismo y los fascismos europeos para reconocer la influencia que ejercieron determinadas concepciones corporativas, nacionalistas y autoritarias sobre su organización política.
Con el transcurso de las décadas, la flexibilidad ideológica del movimiento le permitió mantener relaciones tácticas con gobiernos autoritarios de distinto signo. Perón obtuvo asilo temporal en el Paraguay de Alfredo Stroessner y desarrolló buena parte de su exilio bajo el régimen franquista.
En su etapa contemporánea, el kirchnerismo desplazó sus principales simpatías internacionales hacia los gobiernos de Cuba y Venezuela, además de cultivar una relación política con la Rusia de Vladimir Putin.
Esta heterogeneidad demuestra que el pragmatismo y la conveniencia coyuntural prevalecieron muchas veces sobre una defensa constante de los principios de la democracia liberal, la división de poderes y los derechos humanos universales.
Un movimiento atravesado por la violencia interna
La historia del peronismo también debe analizarse a partir de su capacidad para reunir en su interior a sectores ideológicamente antagónicos. Esa amplitud le permitió convertirse en una de las fuerzas políticas más importantes del país, pero también provocó enfrentamientos que alcanzaron niveles extremos de violencia.
Durante las décadas de 1960 y 1970, de las distintas vertientes del movimiento surgieron expresiones armadas como Montoneros, organización que buscó alcanzar el poder mediante la violencia revolucionaria.
En el extremo opuesto apareció la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A. Este grupo parapolicial actuó durante el tercer gobierno peronista y fue responsable de amenazas, persecuciones y asesinatos políticos desde estructuras vinculadas con el propio aparato estatal.
El peronismo terminó albergando simultáneamente a una izquierda revolucionaria que practicaba la lucha armada y a una derecha que respondía mediante la represión clandestina. La confrontación entre ambas facciones quedó expuesta de manera brutal durante el acto de Ezeiza de 1973 y se profundizó en los años posteriores.
Aquella experiencia demuestra que la capacidad de contener posiciones contradictorias no siempre fue una virtud. En ciertos períodos, se convirtió en una fuente de violencia política que debilitó al Estado y deterioró la convivencia democrática.
La conflictiva relación con los gobiernos no peronistas
La relación del justicialismo con las administraciones constitucionales de otros signos políticos también estuvo marcada por una fuerte conflictividad.
Durante los períodos de proscripción, los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illia enfrentaron una situación institucional anormal, debido a que una parte sustancial del electorado no podía participar plenamente del sistema político. Esa restricción impide atribuirle a un único sector la responsabilidad por los posteriores golpes militares.
Sin embargo, una vez recuperada la democracia, el sindicalismo alineado con el peronismo sostuvo una oposición especialmente intensa contra las administraciones no justicialistas. El gobierno de Raúl Alfonsín, por ejemplo, debió enfrentar trece paros generales promovidos por la Confederación General del Trabajo.
La crisis económica, la hiperinflación y las dificultades internas del radicalismo fueron determinantes en la entrega anticipada del poder en 1989. Pero la presión sindical y partidaria también formó parte de aquel escenario de creciente ingobernabilidad.
Una dinámica similar reapareció durante la presidencia de Fernando de la Rúa. El fracaso económico, las divisiones de la Alianza y la pérdida de respaldo social explican buena parte de su caída, aunque tampoco puede ignorarse el papel de los sectores políticos y corporativos que procuraron capitalizar la crisis.
El problema de fondo es la persistencia de una matriz según la cual determinados actores consideran legítimo desconocer, condicionar o desgastar a un gobierno cuando el poder queda en manos ajenas.
El fracaso del gobierno de Isabel Perón
La presidencia de María Estela Martínez de Perón expuso de manera dramática la incapacidad del movimiento para administrar sus propias divisiones internas y responder a una crisis económica, social e institucional cada vez más profunda.
Durante ese período se multiplicaron la violencia guerrillera, la represión ilegal, los enfrentamientos internos y la pérdida de autoridad del Gobierno. La Triple A actuó con creciente impunidad mientras las organizaciones armadas intensificaban sus ataques.
El golpe de Estado de 1976 no puede explicarse únicamente por el fracaso de aquella administración. Fue ejecutado por las Fuerzas Armadas y contó con apoyos civiles, empresariales y políticos. Sin embargo, el deterioro del gobierno de Isabel Perón contribuyó a crear las condiciones que facilitaron el quiebre constitucional más sangriento de la historia argentina.
La transición democrática y la CONADEP
La recuperación democrática de 1983 constituyó un momento decisivo para evaluar el compromiso de las distintas fuerzas políticas con la reconstrucción republicana.
El gobierno de Alfonsín impulsó la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, encargada de investigar los crímenes cometidos durante la última dictadura. El Partido Justicialista rechazó el ofrecimiento para integrar formalmente la comisión.
La decisión no invalida el compromiso posterior de dirigentes y militantes peronistas con los derechos humanos. Sin embargo, revela que, ante un momento histórico, la conducción partidaria priorizó sus cálculos políticos antes que la participación institucional en el esclarecimiento del terrorismo de Estado.
Con el paso de los años, el kirchnerismo intentó presentarse como dueño excluyente de la política de derechos humanos. Esa reconstrucción omitió tanto el papel fundamental desempeñado por el gobierno de Alfonsín como las vacilaciones iniciales del justicialismo frente a la CONADEP y al juzgamiento de las juntas militares.
Ningún partido es propietario de la democracia
La principal conclusión que puede extraerse de este recorrido es que ninguna fuerza política puede proclamarse propietaria de la democracia.
El peronismo fue una expresión central de la historia argentina, representó a millones de ciudadanos y protagonizó importantes transformaciones sociales. Pero también desarrolló una estructura corporativa, personalista y altamente flexible que, en distintas etapas, mantuvo vínculos con gobiernos autoritarios, cobijó facciones violentas y presionó severamente a administraciones no peronistas.
El kirchnerismo profundizó muchos de esos rasgos mediante la concentración de poder, la colonización partidaria de organismos públicos y una concepción patrimonial del Estado. La retórica democrática convivió con ataques contra la prensa, la Justicia, la propiedad privada y quienes cuestionaban al oficialismo.
Frente a esa matriz, el surgimiento de una alternativa liberal representa la posibilidad de discutir las bases sobre las cuales se organizó el poder político durante las últimas décadas.
La transformación no consiste en reemplazar una corporación por otra ni en concederle a un nuevo espacio una legitimidad ilimitada. Consiste en recuperar los principios de la Constitución de 1853, garantizar la división de poderes, abrir la economía, defender la propiedad privada, alcanzar el equilibrio fiscal y respetar las libertades individuales.
La democracia no pertenece a un partido. Pertenece a los ciudadanos y solo puede sostenerse mediante instituciones capaces de limitar el poder, cualquiera sea el nombre o el signo político de quien lo ejerza.
