El Senado votó una ley ilegal que viola la ley 24.156 en su desesperación por desestabilizar a Milei
Juliana De Tulio y José Mayans, las caras K del Senado
El paquete previsional aprobado el jueves 10 de julio en el Senado —que incluye aumento de jubilaciones, moratoria y emergencia en discapacidad— es formalmente legal, pero en los hechos es absolutamente inconstitucional e inviable. ¿Por qué? Porque viola la Ley 24.156, que exige que todo aumento de gasto incluya una fuente real y suficiente de financiamiento.
Lo aprobado no lo cumple. Incluye «financiamiento», sí —pero simbólico, ínfimo, y hasta perjudicial para sectores productivos. Una maniobra legislativa para simular responsabilidad, cuando en realidad se fuerza un déficit mayor al margen acordado con el FMI, lo que vuelve el conjunto ilegal, por no ajustarse a la ley vigente.
📉 El dato clave: los números no cierran
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso y la consultora Invecq, el costo fiscal total de las tres leyes sancionadas asciende a hasta el 1,7 % del PBI. Pero el tope acordado con el FMI para el superávit primario es del 1,6 % del PBI. Es decir: el gasto aprobado supera el margen de maniobra fiscal del país entero.
Y peor aún: la principal medida incluida como «financiamiento» —la eliminación de exenciones para las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR)— recaudaría solo USD 136 millones al año, lo que equivale al 0,02 % del PBI.
🔴 Lo que se gasta es 85 veces más de lo que se recauda. Esa desproporción convierte la ley en un acto ilegal bajo la Ley 24.156.
⚖️ La trampa: cumplir la forma para violar el fondo
La Ley de Administración Financiera es clara en su artículo 38:
“Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento.”
Los impulsores del proyecto, sabiendo esto, incluyeron una serie de medidas para simular que cumplían la ley. Pero al revisar el contenido, todo se desmorona:
- ❌ La recaudación prevista no cubre ni el 10 % del gasto adicional.
- ❌ No hay una estimación seria ni un plan de ajuste alternativo.
- ❌ Se castiga a las pymes quitándoles el incentivo de acceso al crédito a través de las SGR.
Lo formal no alcanza si lo sustancial está vacío. No se puede esconder un agujero fiscal detrás de un par de líneas que no cierran ni en Excel.
💥 Una ley que nace quebrada y busca quebrar el equilibrio
Las otras fuentes de financiamiento incluidas son igualmente débiles:
- Reasignación de fondos de sobrecargos del FMI (aún no efectivizados).
- Recortes a partidas de la Agencia de Inteligencia (SIDE), sin detalle de montos ni viabilidad.
Este tipo de redireccionamientos, además de ser simbólicos, no pueden cubrir una expansión de gasto del 1,7 % del PBI sin romper el equilibrio general del presupuesto.
🚫 El «costo político» que el Congreso no quiso pagar
El Congreso se limitó a repartir plata sin decir cómo se paga. Cumplió con la «forma» para evitar el veto legal inmediato, pero en el fondo, es una ley de gasto sin financiamiento real.
No se tocaron:
- Gastos del Senado ni de la Cámara de Diputados.
- Regímenes especiales.
- Transferencias discrecionales.
- El gasto político o los privilegios de la casta.
En cambio, se eligió recortar a las pymes y empujar al Ejecutivo al default interno.
✅ Conclusión: técnicamente insuficiente, jurídicamente nulo
El paquete aprobado es ilegal en su conjunto, porque viola el espíritu y la letra de la Ley 24.156. No se puede aumentar el gasto en 1,7 % del PBI con ingresos de apenas 0,02 %. Eso no es financiamiento. Es maquillaje para el populismo.
Desde El Liberador lo decimos con claridad:
Lo que votó el Senado no fue una ley previsional. Fue una emboscada fiscal, armada con papeles formales pero con el claro objetivo de hacer caer el plan de déficit cero.
El gobierno tiene no solo el derecho, sino el deber de vetar esta ley y, si es necesario, llevarla a la Corte Suprema. Porque no se trata de jubilaciones o discapacidad. Se trata de no volver al infierno del déficit eterno.
