Otro capítulo de corrupción kirchnerista: Alberto Fernández procesado en el caso Seguros
Un nuevo escándalo sacude al kirchnerismo
El 10 de julio de 2025, el juez federal Sebastián Casanello procesó al expresidente argentino Alberto Fernández por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” en la conocida como causa Seguros. Este fallo, que incluye un embargo de $14.634.220.283 sobre los bienes del exmandatario, marca el primer procesamiento por corrupción contra Fernández. Además, Fernández enfrenta un segundo procesamiento inminente por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez, un hecho que resulta particularmente contradictorio dado que el expresidente y su espacio político, el kirchnerismo, se presentaron como abanderados del feminismo y la lucha contra el patriarcado durante su gestión (2019-2023). La causa Seguros expone un presunto esquema de direccionamiento de contratos de seguros estatales, beneficiando a allegados como el bróker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, exsecretaria presidencial, y se suma a una larga lista de escándalos de corrupción asociados al kirchnerismo.
Detalles de la causa
La causa Seguros investiga irregularidades en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos a través de Nación Seguros S.A., una subsidiaria del Banco Nación, durante el gobierno de Alberto Fernández. El juez Casanello determinó que Fernández, en su rol como presidente, intervino directamente para favorecer los negocios del bróker Héctor Martínez Sosa, amigo personal del exmandatario, y de su esposa, María Cantero, quien fue secretaria presidencial entre 2019 y 2023. Según el fallo de más de 400 páginas, el nombramiento de Cantero generó una “confusión de intereses” debido a su cercanía con Fernández y su rol en la agenda presidencial, lo que facilitó el acceso de Martínez Sosa a contratos millonarios.
El decreto 823/2021, firmado por Fernández, es un elemento central de la acusación. Este decreto obligó a todos los organismos estatales a contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros, eliminando el sistema de coaseguro y otorgando un monopolio a la empresa estatal. Según la investigación, esta medida permitió que Martínez Sosa acumulara contratos con 19 organismos públicos, incluyendo ministerios, Vialidad Nacional, la Corte Suprema y la Casa de la Moneda, entre otros. Entre 2019 y 2023, su empresa cobró comisiones por $2.297.820.134, casi el 60% del total pagado por Nación Seguros en ese período.
Procesamientos y medidas judiciales
Además de Fernández, el juez Casanello procesó a otras 33 personas, entre ellas:
- Héctor Martínez Sosa: Procesado como partícipe necesario por negociaciones incompatibles.
- María Cantero: Procesada por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes como funcionaria pública.
- Alberto Pagliano: Extitular de Nación Seguros, procesado por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.
- Otros exfuncionarios y miembros del directorio de Nación Seguros, como Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos, así como economistas ligados al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), como Santiago Fraschina y Federico D’Angelo Campos.
El juez también ordenó allanamientos a empresas relacionadas, como Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía, Bri Brokers, Levelar, TG Broker, San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales y San Germán Seguros, entre otras. Además, dictó la falta de mérito para empresarios como Oscar Alberto Castello, Ernesto Mercuri y otros, al no encontrar pruebas suficientes en su contra.
Pruebas clave
Una prueba fundamental en la investigación fue un informe de 662 páginas elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), presentado en mayo de 2025. Este documento reveló que, entre 2010 y 2019, Fernández facturó $4.257.000 a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales, consistentes en informes sobre la coyuntura política y económica. La última factura, emitida el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la asunción de Fernández como presidente, levantó sospechas sobre la relación entre ambos. Además, chats filtrados muestran que Martínez Sosa visitaba a Fernández en la Quinta de Olivos sin dejar registros y utilizaba a Cantero para facilitar contactos con reparticiones públicas.
El juez Casanello destacó que Fernández no solo firmó el decreto 823/2021, sino que también intervino para evitar la remoción de Gustavo García Argibay del directorio de Nación Seguros, lo que favoreció los intereses de Martínez Sosa. El fallo subraya una “comunidad de intereses económicos” entre Fernández, Cantero y Martínez Sosa, consolidada durante años.
Contexto y origen de la investigación
La causa Seguros se inició a partir de dos denuncias presentadas en febrero de 2024. Una fue impulsada por la abogada Silvina Martínez, y la otra por los diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López y Paula Oliveto, quienes citaron una nota del diario Clarín que señalaba una “caja negra” en la ANSES relacionada con contratos de seguros por $20.000 millones. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, también presentó una denuncia. Estas acusaciones apuntaron a un esquema de intermediación que benefició a brokers cercanos a Fernández, como Martínez Sosa, Pablo Torres García y Juan Manganaro.
El fiscal federal Carlos Stornelli imputó a Fernández por administración fraudulenta en marzo de 2024, y la Justicia dictó la inhibición de sus bienes en abril de 2024. Fernández, al declarar en noviembre de 2024, negó las acusaciones, presentó un escrito y pidió su sobreseimiento, argumentando que el decreto 823/2021 fue elaborado con la participación de organismos como el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Seguros, y que no coordinó ninguna maniobra ilícita.
Contradicciones con el discurso feminista
Un aspecto que agrava la situación de Fernández es su procesamiento inminente por violencia de género contra Fabiola Yáñez, su expareja. Este caso, que está a punto de formalizarse, resulta especialmente polémico dado el discurso del kirchnerismo durante la gestión de Fernández, que se presentó como un gobierno comprometido con el feminismo y la lucha contra el patriarcado. Fernández y su espacio político promovieron iniciativas como la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y se arrogaron la bandera de la igualdad de género. Sin embargo, las acusaciones de violencia de género contradicen este discurso, generando críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre la coherencia del expresidente y su entorno político.
Estas acusaciones han debilitado aún más la imagen de Fernández, quien se encuentra bajo escrutinio por su conducta personal y su gestión pública.
La corrupción, un legado persistente
El procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros representa un nuevo capítulo en la historia de escándalos de corrupción asociados al kirchnerismo. La acusación de “negociaciones incompatibles” pone en el centro el rol del exmandatario en la contratación de seguros estatales y su vínculo con Héctor Martínez Sosa y María Cantero. A esto se suma el procesamiento inminente por violencia de género, que expone una contradicción flagrante con el discurso feminista que Fernández y su espacio promovieron. Con un embargo de más de $14.600 millones y 34 personas procesadas, la causa expone un presunto esquema de favoritismo que benefició a intermediarios cercanos al poder. A medida que avancen las indagatorias y los allanamientos, este caso podría tener repercusiones significativas para el escenario político argentino, profundizando el debate sobre la transparencia en la gestión pública y el legado del kirchnerismo.
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