Escándalo en Brasil: ordenaron arrestar a un funcionario por retener colectivos con propaganda del partido de Lula en plena veda electoral
La Justicia Electoral de Bahía ordenó a la Policía Federal detener al secretario de Movilidad de Salvador, Pablo Souza, después de que parte de la flota quedara fuera de circulación durante el balotaje. La Municipalidad sostuvo que los vehículos habían sido retenidos porque aparecieron con adhesivos electorales de Lula, cuya exhibición en colectivos públicos está prohibida. Hasta el momento no se confirmó que el funcionario haya sido detenido.
Una fuerte polémica estalló este domingo en Salvador de Bahía durante el balotaje presidencial brasileño después de que la Justicia Electoral ordenara el arresto del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, por la reducción de la flota de colectivos mientras miles de ciudadanos se dirigían a votar.
La orden fue emitida por el presidente del Tribunal Regional Electoral de Bahía (TRE-BA), Maurício Kertzman Szporer, después de una denuncia presentada por la Federación Brasil de la Esperanza, integrada por el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el Partido Verde.
La coalición oficialista denunció que más del 50% de la flota de transporte colectivo de la capital bahiana habría permanecido fuera de servicio durante parte de la jornada electoral, afectando la posibilidad de numerosos ciudadanos de llegar a sus centros de votación.
La resolución ordenó a la Policía Federal detener inmediatamente a Souza y restablecer el 100% del servicio, con frecuencias equivalentes a las de un día hábil y gratuidad para los pasajeros.
Sin embargo, al momento de conocerse la decisión no existía confirmación de que el funcionario hubiera sido efectivamente arrestado. Medios brasileños informaron incluso que Souza se encontraba en París, por lo que la orden judicial todavía debía ejecutarse.
La Municipalidad denunció colectivos con propaganda de Lula
El episodio tiene, sin embargo, otra cara que abrió una fuerte controversia política.
El alcalde de Salvador, Bruno Reis, de União Brasil y aliado de Flávio Bolsonaro, sostuvo que parte de los colectivos no había salido de las terminales porque durante la mañana aparecieron unidades con adhesivos del número 13 y propaganda vinculada al PT y a Lula da Silva.
Según el jefe comunal, integrantes sindicales habrían colocado el material electoral sobre los vehículos y las empresas decidieron retenerlos hasta retirar los adhesivos para evitar infringir la legislación electoral.
“En Plataforma tuvimos problemas con miembros del sindicato que querían obligar a todos los autobuses a salir con pegatinas del PT, número 13, y eso es un delito electoral”, explicó Reis.
La legislación brasileña establece que los vehículos afectados al transporte colectivo urbano no pueden exhibir propaganda electoral, precisamente porque prestan un servicio público y deben mantenerse neutrales durante los comicios.
La regulación dictada para las elecciones de 2026 también establece que el transporte público gratuito dispuesto durante la jornada electoral debe funcionar sin distinción entre votantes y sin publicidad partidaria o electoral.
La Municipalidad sostuvo que los colectivos comenzaron a regresar a las calles una vez que se retiró parte del material político y posteriormente ordenó liberar incluso aquellas unidades que todavía mantenían adhesivos para cumplir con la resolución judicial.
Según la Secretaría Municipal de Movilidad, la prioridad pasó a ser normalizar el servicio y garantizar el traslado de los electores.
El TRE apuntó contra la reducción de la flota
La Justicia Electoral tomó una posición diferente frente al episodio.
Una inspección realizada durante la jornada encontró numerosos vehículos estacionados en garajes y un supervisor del sistema BRT declaró que la cantidad de colectivos en funcionamiento era inferior a la habitual por una orientación atribuida a la propia Secretaría de Movilidad.
En dos establecimientos inspeccionados se encontraron decenas de unidades fuera de circulación, lo que llevó al tribunal a considerar que existían elementos suficientes para ordenar medidas urgentes.
Además del arresto de Souza, el TRE dispuso que la Municipalidad y las concesionarias restablecieran el servicio completo en el plazo establecido. En caso de incumplimiento, podrían enfrentar una multa de R$1 M por cada hora de demora.
La Procuraduría Regional Electoral también deberá investigar las circunstancias del episodio y determinar responsabilidades.
El punto central de la controversia es ahora establecer qué ocurrió primero y quién fue responsable de la interrupción: mientras el PT sostiene que la gestión municipal redujo deliberadamente el transporte y dificultó el acceso de los electores a las urnas, la Municipalidad afirma que los colectivos fueron previamente intervenidos con propaganda política ilegal y que retirar ese material retrasó su salida.
La existencia de adhesivos partidarios en unidades de transporte público agrega así un elemento que deberá ser investigado junto con la reducción del servicio.
La legislación electoral contempla ambos problemas: prohíbe la propaganda electoral en colectivos públicos y también sanciona una reducción injustificada del transporte durante la jornada de votación.
En plena definición presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, el episodio convirtió al sistema de transporte de Salvador en otro escenario de una elección marcada por una enorme polarización.
Por ahora, el hecho concreto es que la Justicia ordenó detener a Pablo Souza y exigió la circulación inmediata de toda la flota. Pero, pese a algunos titulares que hablaron directamente de un arresto, hasta el momento no se había confirmado que el secretario hubiera sido detenido.
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