La Justicia procesó a Jorge Capitanich en una causa por irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales
El exgobernador chaqueño fue acusado de haber convalidado mediante decretos la entrega de más de 3.000 hectáreas a personas vinculadas con el entorno de una exfuncionaria. El actual senador rechazó los cargos y anticipó que apelará la resolución.
La Justicia Federal procesó al exgobernador del Chaco y actual senador nacional Jorge Capitanich en una causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales provinciales. La medida fue dictada por Fernando Carbajal, juez subrogante del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Capitanich quedó imputado como presunto coautor de fraude contra la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
El expediente analiza la cesión de cuatro inmuebles rurales ubicados en el departamento Almirante Brown, cuya superficie conjunta supera las 3.000 hectáreas. De acuerdo con la investigación, los terrenos habrían sido entregados en condiciones irregulares a empresarios relacionados comercialmente con Mauricio Ariel Cian, esposo de la exfuncionaria provincial Marta Soneira.
Soneira, quien durante la gestión de Capitanich estuvo al frente del Instituto de Colonización y posteriormente ocupó la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, también fue procesada. Para la fiscalía, habría utilizado sus cargos para favorecer a integrantes de su círculo cercano mediante adjudicaciones, beneficios fiscales y otras decisiones administrativas.
Las maniobras investigadas
La causa comenzó a partir de una denuncia presentada el 2 de mayo de 2024 por Ana María Canata, entonces presidenta del organismo provincial encargado de administrar las tierras fiscales. La presentación fue impulsada durante la gestión del gobernador Leandro Zdero, sucesor de Capitanich al frente del Ejecutivo chaqueño.
Entre las irregularidades señaladas en el expediente aparecen supuestos traslados y pérdidas de documentación institucional, informes de inspección confeccionados de manera idéntica y adjudicaciones que habrían beneficiado a personas vinculadas con la pareja de Soneira.
Los campos investigados comprenden dos propiedades de 1.250 hectáreas, una de 623 y otra de 512. Según la acusación, fueron adjudicados a Federico Storti, Nelson Ariel Pochón y Leandro Nicolás Bessone, identificados como socios comerciales de Cian.
La fiscalía sostiene que las operaciones se realizaron a valores considerablemente inferiores a los precios de mercado. En ese esquema, Capitanich habría tenido una intervención decisiva al firmar los decretos que ratificaron las adjudicaciones.
El procesamiento no equivale a una condena, sino que implica que el magistrado consideró reunidos elementos suficientes para que los acusados continúen sometidos al proceso penal.
La modificación del ordenamiento territorial
La investigación también alcanza una reforma del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia.
De acuerdo con el planteo del fiscal general Carlos Amad, durante la administración de Capitanich se modificó por decreto la clasificación de determinadas zonas rurales del departamento Almirante Brown. Ese cambio habría permitido habilitar actividades productivas y desmontes en sectores donde operaban empresas vinculadas con el entorno familiar y comercial de Soneira.
La acusación considera que esa actualización debía ser debatida y aprobada por la Legislatura provincial. Por ese motivo, atribuye al exgobernador haber avanzado sobre facultades legislativas y desconocido los procedimientos establecidos por la normativa de protección de los bosques nativos.
Para la fiscalía, la firma de los decretos colocó a Capitanich dentro del presunto mecanismo investigado, tanto por la adjudicación de los campos como por las modificaciones territoriales que habrían favorecido su explotación.
Otros acusados
Además de Capitanich y Soneira, el juez procesó por presunto fraude a Mauricio Ariel Cian y a los empresarios Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón.
En cambio, el magistrado dictó la falta de mérito para Darío Osvaldo Giménez y Sheina Marlene Waicman, quienes también habían sido alcanzados inicialmente por la investigación. La medida indica que, por el momento, no existen pruebas suficientes para procesarlos ni para desvincularlos definitivamente.
Federico y Diego Soneira, hermanos de la exfuncionaria, fueron sobreseídos.
Capitanich rechazó la acusación
Tras conocerse la resolución, Capitanich cuestionó con dureza el fallo y confirmó que será apelado.
El exmandatario sostuvo que las adjudicaciones de inmuebles rurales atravesaron los controles administrativos correspondientes y afirmó que la firma de un gobernador constituye la etapa final de un procedimiento en el que intervienen distintas áreas técnicas y organismos de control.
También argumentó que la adjudicación de un terreno no supone automáticamente la transferencia de su propiedad y negó que las decisiones adoptadas durante su gestión hayan tenido una finalidad delictiva.
Capitanich calificó el procesamiento como jurídicamente improcedente y cuestionó que se le atribuya responsabilidad penal por decisiones que, según su postura, fueron tomadas dentro de sus competencias constitucionales.
El senador defendió además la política de regularización y acceso a la tierra implementada durante sus gobiernos. Según manifestó, esas medidas permitieron avanzar en la situación dominial de más de 8.000 productores chaqueños y favorecieron el desarrollo productivo provincial.
En su descargo, denunció una utilización política de la Justicia y afirmó que continuará defendiendo su actuación en todas las instancias judiciales. La resolución podrá ser revisada por la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá evaluar los argumentos de las defensas y los fundamentos presentados por el juez.
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