El negocio de las fotomultas: la Municipalidad de Santa Fe proyecta recaudar más de $10.000 millones
El Presupuesto Municipal 2026 contempla ingresos por $10.060 millones en multas y fija como meta de gestión 400.000 actas de infracción durante el año: prácticamente una por cada habitante de la ciudad. Más del 93% de lo proyectado provendrá del sistema de fotomultas.
Para 2026, la Municipalidad de Santa Fe con el intendente Juan Pablo Poletti al mando, programó $10.060 M de recaudación en concepto de multas: unos $25.000 por cada habitante, sobre una población estimada de 400.000 personas. El cálculo equivale a más de $100.000 por familia tipo. Y para alcanzar esa proyección, el mismo presupuesto fija un objetivo de gestión de 400.000 actas de infracción durante el año.
Cuando un número parece exagerado, corresponde observar las planillas que sustentan la estimación. Los datos están incluidos en el propio Presupuesto Municipal.
Los números, partida por partida
Los recursos por multas programados para 2026, según el desagregado de recursos tributarios y no tributarios del Presupuesto Municipal, son los siguientes:
Más de nueve de cada diez pesos —$9.411 M, el 93% del total— provendrán de cámaras: los convenios de fotomultas, directos y afectados. No del inspector que presencia una maniobra peligrosa, sino del dispositivo que factura en serie.
Siete veces más en un solo año
La serie histórica muestra que esto no fue siempre así. En 2014, la ciudad recaudaba $62,75 M por multas. En 2023, $633,47 M. En 2024 —el año de la masificación de la fotomulta— la recaudación ejecutada saltó a $4.492,35 M: se multiplicó por siete en un solo ejercicio (+609%).
La inflación por sí sola no explica un salto de esa magnitud; el cambio coincide con la incorporación de tecnología de fiscalización automática. El Presupuesto 2025 ya preveía $5.621 M. El de 2026 programa $10.060 M: un 79% más que el año anterior.
La multa dejó así de aparecer solamente como un instrumento correctivo con una recaudación incidental. Hoy constituye una línea de financiamiento planificada, con proyección propia y crecimiento programado.
Una multa cada 79 segundos
El Cuadro de Metas Físicas de la Secretaría de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana fija como objetivos de gestión para 2026 400.000 “infracciones en controles” (código 1346) y 8.000 “vehículos retenidos” (código 1347).
En el mismo tipo de planilla donde otras áreas comprometen cuadras pavimentadas o luminarias instaladas, esta Secretaría compromete actas: casi 1.100 por día, una cada 79 segundos, todos los días del año. A ello se suman veintidós vehículos retenidos por jornada.
La población estimada de la ciudad ronda los 400.000 habitantes. La meta, leída con frialdad contable, equivale a una infracción anual por vecino, incluyendo en esa relación estadística a bebés, niños y personas que jamás manejaron.
Aquí aparece el problema de fondo, que es de diseño antes que de ideología: cuando un ingreso se incorpora al presupuesto, la administración necesita alcanzar esa proyección para cumplir con las cuentas previstas.
El riesgo es que el éxito del sistema deje de medirse exclusivamente en siniestros evitados y pase a estar asociado también con la cantidad de actas labradas, precisamente porque existe una expectativa de recaudación incorporada a las cuentas municipales.
Si todos los santafesinos cumplieran rigurosamente cada velocidad máxima, cada senda peatonal y cada semáforo, el municipio dejaría de percibir buena parte de esos $10.000 M proyectados. La buena conducta del vecino se convertiría, paradójicamente, en un problema para una previsión fiscal que depende de las infracciones.
Un régimen sancionatorio bien diseñado debería aspirar a recaudar cada vez menos como consecuencia de un mayor cumplimiento de las normas. En este caso, la recaudación prevista continúa creciendo.
El tarifario, medido en nafta
La Unidad Fija (UF) con la que se liquidan las multas quedó en $2.092: el precio del litro de nafta súper en el surtidor de referencia de YPF del Automóvil Club. Es un 73,75% más que en enero de 2025 ($1.204) y un 36,29% más que en octubre pasado ($1.535).
El detalle institucional importa: al estar vinculada al precio del combustible, cada aumento de la nafta incrementa automáticamente el valor de las multas, sin necesidad de una nueva ordenanza ni de una votación del Concejo.
Con la UF a $2.092, el tarifario queda así:
- Piso de cualquier acta (15 UF): $31.380.
- No usar cinturón (15 a 150 UF): hasta $313.800.
- Cruzar en rojo y otras faltas graves (50 a 500 UF): de $104.600 a $1.046.000.
- Alcoholemia en el nivel máximo (más de 1,3 g/l; 1.200 a 1.900 UF): de $2.510.400 a $3.974.800.
- Manejar para una aplicación como Uber o DiDi sin registro habilitante (2.000 a 9.000 UF): de $4.184.000 a $18.828.000.
Sobre este último punto aparece un interrogante adicional. Una sanción que puede alcanzar los $18,8 M excede ampliamente una lógica meramente correctiva y termina funcionando, en los hechos, como una importante barrera económica para competir dentro del mercado del transporte.
Mientras las cuadras siguen a oscuras
La otra pregunta inevitable es qué ocurre con el dinero recaudado. Las multas ingresan a rentas generales y a fondos específicos de “movilidad”.
Si esos $10.000 M retornaran directamente a la infraestructura vial, deberían traducirse en semáforos, señalización, pintura vial, iluminación y otras mejoras visibles para los contribuyentes.
Lo que aparece en la ejecución, en cambio, incluye también el sostenimiento de la propia estructura encargada de realizar los controles: personal, administración y gastos operativos de inspección.
Se genera así un circuito particular: las infracciones de los vecinos contribuyen a financiar la estructura que tiene entre sus metas anuales alcanzar 400.000 actas.
En la anatomía del elefante municipal, este órgano tiene una particularidad: es el único que engorda cuando el vecino se equivoca.
El contraste puede verse diariamente en distintos barrios de Santa Fe: mientras las cámaras destinadas a detectar infracciones funcionan de manera permanente, numerosos vecinos continúan reclamando por problemas de iluminación y otras deficiencias de infraestructura.
Los números expuestos surgen del presupuesto elaborado, aprobado y publicado por el propio municipio.
Las cuentas públicas pertenecen a los vecinos que las financian mediante sus impuestos y tasas. Analizarlas, discutirlas y exigir explicaciones sobre el destino de esos recursos forma parte del control ciudadano sobre la administración.
