«Gratis» no va más: Salta empezó a cobrar la salud y pasó de 31.561 extranjeros atendidos en 2022 a solo 77 en 2024
La provincia comenzó a cobrar en 2024 las prestaciones a extranjeros no residentes y registró un desplome de la demanda. El ahorro permitió reforzar el sistema sanitario y comprar 34 ambulancias. Ahora el Gobierno de Javier Milei aplica un esquema similar en los hospitales nacionales.
Salta se convirtió en uno de los ejemplos más contundentes del impacto que puede tener el cobro de la atención sanitaria a extranjeros no residentes. Después de implementar el arancelamiento en 2024, la cantidad de pacientes extranjeros atendidos en el sistema público provincial cayó drásticamente y liberó recursos que pudieron ser destinados a la población local.
Los números muestran la magnitud del cambio. Durante 2023, antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen, los hospitales salteños habían registrado 31.561 atenciones a pacientes extranjeros. En 2024, esa cifra se redujo a apenas 77, según los datos difundidos por las autoridades provinciales.
El efecto continuó posteriormente. La Provincia informó además fuertes reducciones de la demanda en hospitales ubicados cerca de la frontera, donde durante años la atención de ciudadanos procedentes de países vecinos había generado presión adicional sobre el sistema sanitario.
La medida no impide la asistencia frente a situaciones críticas. Las urgencias y emergencias continúan siendo atendidas independientemente de la nacionalidad o situación migratoria del paciente. El cobro alcanza a determinadas prestaciones para extranjeros que no reúnen las condiciones de residencia previstas por la normativa.
Millones que quedaron dentro del sistema
El impacto no se limitó a la caída en las consultas. Durante los primeros cinco meses de 2025, 141 extranjeros fueron atendidos bajo el nuevo régimen y el sistema recuperó más de $50 millones por las prestaciones realizadas.
A eso se suma el dinero que directamente dejó de gastarse por la reducción de la demanda. Uno de los casos más significativos ocurrió en el Hospital San Vicente de Paul de Orán, donde el ahorro informado durante los primeros nueve meses de aplicación alcanzó los $2.367 millones.
La diferencia es importante: una cosa es el dinero efectivamente cobrado por prestaciones y otra, mucho mayor, son los recursos que el sistema dejó de consumir como consecuencia de la caída en la cantidad de atenciones.
Parte de ese ahorro tuvo un destino concreto. El Gobierno salteño informó que pudo incorporar 34 ambulancias para fortalecer la atención de emergencias en la provincia.
El ministro de Salud provincial, Federico Mangione, sintetizó el efecto de la política con una frase: “Ahora tenemos camas para nuestros pacientes”.
La experiencia salteña puso además en discusión una situación que durante años generó controversia en las provincias fronterizas: ciudadanos extranjeros que cruzaban hacia la Argentina específicamente para acceder gratuitamente a tratamientos y prestaciones sanitarias.
Con el nuevo régimen, quienes no son residentes deben afrontar el costo correspondiente, mientras los recursos financiados por los contribuyentes pueden concentrarse prioritariamente en quienes viven y aportan dentro del país.
Milei lleva el modelo a los hospitales nacionales
Los resultados se conocen justo cuando el Gobierno de Javier Milei avanzó con una transformación similar en los establecimientos dependientes de Nación.
El Ministerio de Salud reglamentó esta semana, mediante la Resolución 1066/2026, el procedimiento para cobrar las prestaciones sanitarias no urgentes a extranjeros que no tengan residencia permanente en la Argentina. La disposición instrumenta los cambios introducidos en 2025 a la Ley de Migraciones.
El mecanismo diferencia claramente las situaciones. Los extranjeros con residencia permanente conservan el acceso a los hospitales nacionales en igualdad de condiciones que los argentinos. Los no residentes, en cambio, deberán acreditar un seguro médico o pagar la prestación antes de recibirla cuando no se trate de una emergencia.
Cuando exista cobertura, el hospital podrá facturar directamente a la aseguradora. Si el paciente carece de ella, deberá elaborarse un presupuesto y cobrarse antes de efectuar la prestación. Las emergencias seguirán garantizadas para todas las personas, sin importar su condición migratoria.
La decisión busca terminar con un esquema en el que los contribuyentes argentinos financiaban prestaciones programadas de personas que llegaban desde otros países sin residir ni tributar en la Argentina.
Salta ofrece ahora un antecedente concreto de lo que puede provocar ese cambio. El desplome de 31.561 atenciones a apenas 77 en un año expuso hasta qué punto existía una demanda extranjera que desapareció prácticamente por completo cuando dejó de ser gratuita.
Con el nuevo régimen nacional, la administración Milei lleva esa lógica a los hospitales bajo su órbita: las emergencias se atienden, los residentes mantienen sus derechos y quienes vienen desde el exterior para recibir prestaciones programadas deberán hacerse cargo de su costo.
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