Una conferencia que marcó un giro histórico: superávit sostenido, inversiones privadas récord, orden en las calles y un Código Penal que finalmente protege a la sociedad.
El Gobierno envió al Congreso la reforma integral del Código Penal, un proyecto que multiplica la cantidad de artículos, endurece penas para delitos graves, incorpora nuevas figuras criminales y vuelve imprescriptibles los crímenes más violentos. La iniciativa promete terminar con la “puerta giratoria” y modernizar un sistema centenario, pero abre un debate profundo sobre garantías, capacidad del Estado para aplicarlo y el impacto real que tendrá en la seguridad y la justicia argentina.
Calmavonici pertenece a una agrupación de ddhh con afinidad a movimientos de izquierda que promueven la homosexualidad y pedofilia.
La batalla cultural argentina tiene un nuevo capítulo en San Martín. Una joven militante libertaria denuncia haber sufrido un ataque humillante en la Marcha del Orgullo 2023. Mientras la justicia avanza con inexplicable lentitud, el silencio –y la complicidad– de quienes suelen abogar por los derechos resulta ensordecedor. Un caso incómodo que expone la doble vara moral y enciende alarmas en la nueva Argentina liberal.
La denuncia del abogado Edgardo Taboada contra Pablo Toviggino por asociación ilícita, estafas y falsificación de escrituras no solo expone el oscuro derrotero del hombre fuerte de la AFA en su ascenso patrimonial, sino que coincide con el escándalo actual en el que la propia AFA es acusada de falsificar documentos oficiales para sancionar a Estudiantes de La Plata. Dos tramas que se entrelazan y revelan un mismo patrón: el uso del poder para manipular papeles, borrar rastros y operar con lógica mafiosa tanto dentro del fútbol como fuera de él.
La Justicia rosarina decidió mantener detenidos al financista Pablo Arcamone, director del Grupo América, y a su socio Martín Fernández, acusados de al menos 13 estafas por un monto estimado en 1,3 millones de dólares y de lavado de activos. El juez Fernando Sosa prorrogó la prisión preventiva hasta mediados de diciembre, mientras la Fiscalía avanza sobre un entramado de negocios financieros, inmobiliarios y mutuales que habría captado los ahorros de más de 40 víctimas.
El presidente Javier Milei avanza con la creación de la Policía Migratoria, una nueva fuerza especializada que estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Su objetivo será modernizar y profesionalizar el control de fronteras, reemplazando progresivamente a Gendarmería y a la PSA en pasos terrestres y aeropuertos. La medida, impulsada mediante el decreto 366/2025, apunta a reforzar la detección de delitos como trata, narcotráfico y terrorismo, y consolidar a Migraciones como organismo central en la política de fronteras del país.
a Justicia allanó la sede de Sur Finanzas, empresa del financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de activos investigado por la UIF y la Procelac. La pesquisa apunta a movimientos millonarios realizados entre 2022 y 2023, durante el gobierno kirchnerista de Fernández–Fernández, y conecta con el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelando un entramado que se arrastra, como mínimo, desde la etapa kirchnerista.
En la tercera audiencia del juicio de los Cuadernos se leyó la confesión del financista Ernesto Clarens, pieza clave en la ruta de las coimas que, según la justicia, integraron Néstor y Cristina Kirchner junto a sus funcionarios y empresarios amigos. El propio arrepentido admitió que fue contratado para transformar sobornos en dólares, ordenar la recaudación semanal de la obra pública, intervenir en licitaciones direccionadas y canalizar dinero para campañas y favores políticos. Un nuevo capítulo de cómo el Estado kirchnerista funcionó como caja privada del poder.
El Tribunal Oral Federal 2 ordenó ejecutar bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y otros condenados para cubrir $685.000 millones robados al Estado. Tras años de maniobras, apelaciones y estrategias dilatorias, la exmandataria pierde parte del patrimonio acumulado durante el período de mayor corrupción de la historia argentina.
Mientras algunos agitadores digitales insisten con la fábula del “8%” y el supuesto financiamiento espurio desde la ANDIS, la causa judicial muestra otra película. No es el Estado ni la cúpula del gobierno quienes aparecen vinculados a retornos, sino un entramado privado–paraestatal que se movía en los bordes. Este artículo repasa los hechos, las pruebas reales y por qué esta opereta es otro capítulo de la batalla cultural contra un gobierno que incomoda.
El femicidio de Cecilia Strzyzowski no solo derrumbó al clan Sena: también destapó el entramado político que el kirchnerismo provincial, bajo Jorge Capitanich, permitió y financió durante años. Un poder territorial construido sobre la pobreza, el miedo y el dinero público que terminó colapsando.
La condena a 9 años contra el exfiscal Patricio Serjal reaviva el caso más incómodo de la política santafesina. El fallo confirmó la existencia de una red político-judicial vinculada al juego ilegal y vuelve a poner en el centro al senador Armando Traferri, hasta ahora protegido por los fueros. Con la nueva Constitución que limita esas inmunidades, la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿puede Traferri ir preso?
La Tragedia de Once fue mucho más que un accidente ferroviario: fue el resultado de años de corrupción, desidia y complicidad política. Detrás de los 52 muertos y más de 700 heridos, se reveló el verdadero rostro de un Estado que priorizó los negocios y los subsidios sin control por encima de la vida humana. Una década después, las condenas llegan tarde, pero el mensaje persiste: en la Argentina, la impunidad también viaja en tren.
Condenan a Julio De Vido a 4 años de prisiòn por fraude en la compra de GNL. El Tribunal Oral Nº 7 orderó además la restitución de 5,5 millones de dólares robados al Estado.
El caso expone nuevamente la corrupción estructural del kirchnerismo, donde se usaron intermediarias como Diligentia y Dysan para desviar fondos públicos mediante comisiones ilegales. Poco a poco, los funcionarios más cercanos a Néstor y Cristina Kirchner van cayendo en la Justicia, confirmando el saqueo sistemático al Estado argentino durante más de una década.
