Un año presa y contando: Cristina recién podría pedir la condicional en 2029
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua.
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua.
El caso de Andrea Oberti, jueza de faltas de Wheelwright y ex presidente comunal de...
El Juzgado interviniente convocó a una audiencia para el próximo miércoles a las 12.30. La presentación judicial apunta a que el intendente Pablo Javkin brinde información sobre los antecedentes técnicos, ambientales, hidráulicos, urbanísticos y de movilidad de una obra que supera los $13.700 millones.
El Senado avaló las designaciones de jueces, fiscales, defensores y conjueces federales y nacionales. Para el Gobierno, se trata de un paso clave para cubrir vacantes, ordenar el sistema judicial y avanzar en una agenda institucional largamente postergada.
Carlos Córdoba y Miguel Ángel Arana recibieron cinco años de prisión por maniobras fraudulentas vinculadas a un plan de viviendas en Ushuaia. El caso vuelve a exhibir el costado más oscuro de cierta dirigencia sindical: poder, privilegios, victimización política y denuncias graves que se acumulan alrededor de los mismos nombres.
El peronismo cordobés empleó, defendió y blindó a Claudio Barrelier, el asesino de Agostina Vega. Mientras levantan pañuelos verdes en los actos del 8M, sus estructuras reales —sindicales, municipales, barrabravas— fabrican impunidad para los violentos. Guazzora, Sena, Espinoza, Larroque, Ameri: la misma historia, el mismo partido, el mismo cadáver.
El financista que colaboró con la Justicia será uno de los protagonistas de una nueva audiencia del juicio oral. También declarará Roberto Lavagna. La fiscalía sostiene que durante los gobiernos kirchneristas funcionó una estructura sistemática de recaudación ilegal vinculada a la obra pública.
Mientras parte de la agenda pública se concentra en operaciones mediáticas, dos funcionarios vinculados al kirchnerismo quedaron envueltos en investigaciones por presuntas drogas, comercialización de éstas y millonarias cifras de dinero en diferentes monedas en efectivo.
El abogado defensor Sergio Martyniuk sostiene que el caso comenzó con una prohibición de ingreso al edificio antes de que el fiscal adjunto Diego Rodríguez y Barros fuera formalmente notificado por la Legislatura. La denuncia fue desestimada por Benítez, luego convalidada por Clavero, y ahora deberá resolver Vranicich.
Diego Gustavo Rodríguez y Barros, fiscal adjunto con más de tres décadas de trayectoria, fue suspendido por la Legislatura santafesina en medio de un proceso que su defensa califica como “infundado y falaz”. En la zona destacan su trabajo contra delitos complejos y crece la sospecha de que su presencia habría incomodado intereses políticos, judiciales y económicos.
A pocos días de que El Liberador publicara un informe sobre dirigentes radicales condenados por corrupción, un nuevo caso se suma a la lista: Andrea Oberti, ex presidente comunal de Labordeboy y ex presidente de la UCR departamental, fue condenada el viernes a dos años de prisión en una causa por irregularidades en el manejo de fondos públicos.
El sistema SIRA fue la trampa perfecta. Con el cepo como excusa, el entonces ministro de Economía y su secretario de Comercio armaron un mecanismo donde empresarios pagaban entre el 10 y el 15 por ciento de coima para acceder al dólar barato. Los audios del celular de Martín Migueles —novio de Wanda Nara— destaparon el circuito. Mientras los medios miran a Adorni por 500 mil dólares, acá se habla de desvíos que podrían llegar a 7.000 millones.
Cristina pensó que cediendo todo a sus hijos en 2016 escaparía del alcance judicial. Se equivocó. El tribunal determinó que las transferencias no borran el origen delictivo de los fondos. Hoteles, terrenos, departamentos y sociedades vuelven al Estado. La mayor confiscación de la historia judicial argentina.
La fiscal federal Alejandra Mángano dictaminó que la presencia de Bettina Angeletti en el avión presidencial durante la "Argentina Week" no generó ningún gasto adicional para el erario público. El juez Rafecas tiene la última palabra.
En un fallo clave, la Justicia reactivó la Ley 27.802 y marcó un límite a la suspensión de normas votadas democráticamente. La decisión representa un triunfo político y jurídico para el gobierno de Javier Milei.