A casi 19 años del escándalo del “valijagate”, Claudio Uberti comenzó a cumplir una condena de cuatro años y seis meses de prisión por el ingreso ilegal de USD 790.550 al país. La Corte Suprema dejó firme la sentencia y marcó un nuevo avance judicial sobre uno de los casos más emblemáticos del entramado de corrupción del kirchnerismo.
Mientras Milei se reunió con Gianni Infantino en Davos, la ARCA denunció a la AFA por más de $375 millones en fondos presuntamente mal utilizados. Dos escenas al mismo tiempo: afuera, el Presidente mostrando respaldo internacional; adentro, el fin de la impunidad en la caja del fútbol argentino
La empresa Dicetel Corp, sin empleados ni presencia real verificable, habría recibido más de US$ 4 millones canalizados por TourProdEnter LLC, la firma de Javier Faroni contratada como agente comercial internacional de la AFA. La operatoria aparece conectada a transferencias a SOMA SRL —vinculada al tesorero Pablo Toviggino, según documentos judiciales—, al expediente por la mansión de Pilar y a la lupa de la IGJ, que exige rendiciones y detalle de balances.
Por decreto 5/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno del presidente Javier Milei reforzó el régimen de contrataciones del Estado nacional y endureció la exclusión de oferentes incluidos en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por prácticas corruptas, fraudulentas o colusorias, entre otras.
Una investigación periodística expone un entramado de sociedades vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, que habrían concentrado contrataciones del gobierno de Santiago del Estero —sobre todo en seguridad privada para hospitales y edificios estratégicos, con licitaciones cuestionadas por falta de competencia— mientras se registran reordenamientos societarios en pleno avance del escándalo judicial y mediático.
Documentación citada por TN indica que los premios del Mundial Qatar 2022 (US$30 millones de FIFA + US$10 millones de Conmebol) habrían sido girados al exterior a TourProdEnter LLC. En los registros oficiales de Florida, la empresa figura con Érica Gabriella Gillette como “Manager” (administradora), la esposa de Javier Faroni.
Mientras en Comodoro Py Ernesto Clarens detalla cómo se cartelizó la obra pública y cómo funcionaban los “retornos” del kirchnerismo, el gobierno de Santa Fe –con el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y la senadora Leticia Di Gregorio a la cabeza– celebra con bombos y platillos una obra vial de casi $21.000 millones en el sur provincial. La ganadora es Lemiro Pablo Pietroboni S.A., constructora que estuvo al borde de la quiebra en 2001, resurgió “mágicamente” al calor de la obra pública K, cuyo dueño confesó en radio haber pagado coimas en 2016, que hoy está procesada por sobornos y fraude al Estado en contratos viales y que, además, viene encadenando adjudicaciones clave como el nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé y los puentes sobre el Quencho y el Careé.
Tras el bochorno del Boletín 6625 falsificado —creado minutos antes de que terminara el partido de Estudiantes pero fechado retroactivamente como “12 de febrero”—, la AFA volvió a cometer otro error aún más grosero: publicaron un nuevo boletín, supuestamente del 3 de abril de 2025, pero generado con una versión de Adobe Acrobat que recién salió al mercado en noviembre de 2025
En la tercera audiencia del juicio de los Cuadernos se leyó la confesión del financista Ernesto Clarens, pieza clave en la ruta de las coimas que, según la justicia, integraron Néstor y Cristina Kirchner junto a sus funcionarios y empresarios amigos. El propio arrepentido admitió que fue contratado para transformar sobornos en dólares, ordenar la recaudación semanal de la obra pública, intervenir en licitaciones direccionadas y canalizar dinero para campañas y favores políticos. Un nuevo capítulo de cómo el Estado kirchnerista funcionó como caja privada del poder.
La AFA creó, una vez finalizado el campeonato, un nuevo rótulo de “Campeón de Liga 2025” y se lo entregó a Rosario Central por liderar la tabla anual, pese a que el reglamento original no contemplaba ese título. La decisión desató un escándalo institucional, profundizó las sospechas de favoritismo hacia el club de Arroyito y terminó empañando el cierre de la carrera de Ángel Di María, envuelto ahora en el “Torneo de escritorio”.
El Tribunal Oral Federal 2 ordenó ejecutar bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y otros condenados para cubrir $685.000 millones robados al Estado. Tras años de maniobras, apelaciones y estrategias dilatorias, la exmandataria pierde parte del patrimonio acumulado durante el período de mayor corrupción de la historia argentina.
Mientras algunos agitadores digitales insisten con la fábula del “8%” y el supuesto financiamiento espurio desde la ANDIS, la causa judicial muestra otra película. No es el Estado ni la cúpula del gobierno quienes aparecen vinculados a retornos, sino un entramado privado–paraestatal que se movía en los bordes. Este artículo repasa los hechos, las pruebas reales y por qué esta opereta es otro capítulo de la batalla cultural contra un gobierno que incomoda.
La Tragedia de Once fue mucho más que un accidente ferroviario: fue el resultado de años de corrupción, desidia y complicidad política. Detrás de los 52 muertos y más de 700 heridos, se reveló el verdadero rostro de un Estado que priorizó los negocios y los subsidios sin control por encima de la vida humana. Una década después, las condenas llegan tarde, pero el mensaje persiste: en la Argentina, la impunidad también viaja en tren.
El gobierno chaqueño clausuró la Fundación Valdocco por sueldos duplicados, falta de documentación docente y uso indebido de fondos públicos.
Asignadas a dedo, creadas días antes y con domicilios en casas y departamentos particulares: las asociaciones civiles favorecidas por el gobierno de Santa Fe recibieron miles de millones sin estructura ni funciones reales en la lucha contra las adicciones.
