Mientras la Provincia montó un festival para “inaugurar” el Aeropuerto Islas Malvinas, el cambio de fondo que permite sumar rutas, frecuencias y aerolíneas viene de Nación: cielos abiertos, menos burocracia y reglas que dejan de ahogar al interior detrás de Ezeiza.
La obra pública santafesina, otra vez en la mira. Una licitación de 525 millones de pesos para reparar los accesos del viaducto que une Santa Fe y Entre Ríos terminó en una parálisis total: el hormigón no resiste y denuncian un esquema de "acomodos" políticos en los cargos de control.
Entre artistas, shows aéreos, paracaidistas, sorteos y despliegue técnico, el evento organizado por el gobierno de Santa Fe habría superado ampliamente los USD 450 mil. Sin rendición de cuentas clara, el festejo aparece como un acto de autopromoción pagado con dinero público.
En Santa Fe, la gestión de Pullaro triplicó la planta política y aumentó el gasto en cargos jerárquicos, mientras el ajuste cayó sobre los sectores más vulnerables del Estado: recorte de puestos, caída salarial en la base y menos capacidad operativa en áreas esenciales.
Tras dejar su banca y la presidencia del Concejo Municipal, Adriana “Chuchi” Molina pasó de sonar como la beneficiaria de una “Secretaría de Cercanía” inventada a medida a ser propuesta para el Tribunal de Cuentas. El enroque expone la lógica del poder provincial: el Estado como botín, cargos públicos para contener a los propios y organismos que deberían controlar el gasto convertidos en refugio político pagado por todos los santafesinos.
Tras los disturbios por los “trapitos” en Quilmes —con enfrentamientos, represión y un audio cruzado entre Mayra Mendoza y Juan Grabois— la tensión se trasladó a Lanús, otro distrito gobernado por La Cámpora. La postal del conurbano en vísperas de fin de año expone una guerra por poder, cajas y territorio dentro del mismo universo kirchnerista: cuando no hay acuerdo, la presión callejera pasa a ser método de negociación.
En sus primeras decisiones como concejal, David Sanfilippo, referente de La Libertad Avanza en Teodelina, dejó una definición política clara y poco habitual: rechazó cobrar la dieta y promovió un pedido de informes integral sobre la planta municipal. Dos gestos que expresan un mismo espíritu: menos Estado para la política, más recursos en el bolsillo de los vecinos.
Una ordenanza por el estacionamiento medido terminó con trompadas, represión y denuncias en la puerta del Concejo Deliberante de Quilmes y desató una guerra interna entre Mayra Mendoza y Juan Grabois, dos figuras del mismo universo kirchnerista. En el medio, los vecinos quedan atrapados en una elección absurda: pagarle a los municipales de Mayra Mendoza o a los trapitos de Grabois.
Las cámaras de Senadores y Diputados de Santa Fe aprobaron en tiempo récord, a días de Navidad, una ley que centraliza en el Estado la administración de la conectividad y habilita concesiones y licencias sobre infraestructura crítica. Mientras el gobierno se vende como “transparente”, abre el negocio que de pliegos, software, mantenimiento y centros de datos despierta una pregunta inevitable: ¿a quién le van a entregar esos contratos millonarios y qué garantías reales hay de que esa “regulación” no termine siendo control? En la era de 1984 -Orwell-, cuando el poder administra la red, también se queda con la llave para condicionar lo que la gente ve, dice y comparte.
Mientras La Libertad Avanza fue el único bloque que votó en contra, el resto del Concejo —peronismo, socialismo y sus socios— aprobó la renovación del sistema de estacionamiento medido con un esquema que permite ampliar hasta un 20% la zona, encarece el estacionamiento y deja decisiones clave en manos del Ejecutivo, sin pasar por el recinto.
En menos de 48 horas, el gobierno provincial giró más de $660 millones a Hughes, ciudad natal de Pullaro, mediante dos decretos consecutivos. La rapidez y el destino de los fondos reavivan dudas sobre criterios de prioridad y el uso discrecional de recursos en una provincia con comisarías e infraestructura crítica en emergencia.
La Libertad Avanza llevó al recinto una propuesta para bajar el costo político del Concejo. Pero el PJ y Unidos reaccionaron en bloque: modificaron el texto, lo volvieron “opcional” y lo diseñaron para que casi nadie lo elija, incluso castigando a los secretarios de bloque si un edil decide cobrar menos.
En su primera sesión, el concejal libertario Santiago Fontana logró aprobar la eliminación del cargo “Habilitado”, creado en 2009 y reactivado hace 13 días para una persona de Unidos. Un recorte concreto para empezar a cuidar la plata de los contribuyentes baigorrenses y abrir la discusión sobre gastos y planta municipal.
Mientras la Provincia de Santa Fe sigue sin adherir a la transparencia fiscal al consumidor, los concejales Pablo Mussio y Ana Cantiani (La Libertad Avanza) impulsan en la ciudad capital un proyecto para que los sueldos, viáticos y contratos del poder municipal sean públicos, en datos abiertos y con sanciones para quienes oculten información.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa del oficialismo que busca terminar con la presunción de culpabilidad del contribuyente, liberar dólares del colchón y empezar a revertir décadas de asfixia tributaria del Estado sobre quienes producen y ahorran.
