La expropiación de una vivienda de más de 70 años, ubicada debajo del puente Carretero y en condiciones habitacionales precarias, vuelve a poner bajo la lupa el manejo de la obra pública provincial. Tasaciones llamativas, cifras millonarias y un rápido deslinde de responsabilidades abren nuevos interrogantes sobre el destino de los fondos públicos en Santa Fe.
La rotura de un pilote en la obra del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé encendió...
El concejal de La Libertad Avanza pidió suspender por 180 días el plan de pavimentación impulsado por el Ejecutivo municipal para revisar los costos reales, abrir la documentación y evitar que los vecinos terminen pagando obras con valores desproporcionados. La discusión expone un problema de fondo: una municipalidad con serios problemas financieros que, mientras pide auxilio externo, traslada cargas millonarias sobre los frentistas.
Tras la visita de Pullaro y Enrico a una Villa Minetti anegada, resurgen las dudas sobre los millones anunciados para obras que, en la práctica, nunca aparecieron.
Rutas provinciales abandonadas, falta de mantenimiento y una infraestructura que colapsa cada vez que llueve. Mientras el gobierno de Pullaro y Enrico sostiene un discurso de obra pública y gestión, el norte santafesino sigue aislado, pagando impuestos sin ver respuestas en caminos, drenajes ni logística básica.
El proyecto original de la nueva terminal fue licitado hace varios años con la expectativa de construir un edificio moderno y funcional que ampliara la capacidad operativa del aeropuerto. Denuncian que solo se inauguró una pequeña parte.
Por decreto 5/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno del presidente Javier Milei reforzó el régimen de contrataciones del Estado nacional y endureció la exclusión de oferentes incluidos en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por prácticas corruptas, fraudulentas o colusorias, entre otras.
Una nueva investigación pone bajo la lupa la Licitación Pública N° 492/25. El ente biprovincial pretende gastar $150 millones en equipos que, en gran parte, ya habrían sido instalados y donados por ENERSA hace un año.
Mientras el ministro Lisandro Enrico acusa al Gobierno del presidente Javier Milei de “no hacer nada” por la A012, un documento oficial prueba lo contrario: el 22 de noviembre de 2024 la Dirección Nacional de Vialidad firmó y convalidó un Convenio de Cooperación que le otorgó a la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe la potestad de actualizar el anteproyecto y preparar toda la documentación licitatoria a su costo y cargo. Hasta hoy, según información remitida desde Vialidad Nacional, la Provincia no presentó avances ni consultas.
La obra pública santafesina, otra vez en la mira. Una licitación de 525 millones de pesos para reparar los accesos del viaducto que une Santa Fe y Entre Ríos terminó en una parálisis total: el hormigón no resiste y denuncian un esquema de "acomodos" políticos en los cargos de control.
Mientras el gobierno de Santa Fe hace de la “obra pública” su bandera y dedica tiempo a cuestionar al gobierno nacional, un puente provincial se desplomó en la Ruta Provincial 69S, dejando a la vista una contradicción imposible de maquillar: millones anunciados, décadas en el poder y una infraestructura básica abandonada hasta el colapso.
Mientras el senador Felipe Michlig acusa al gobierno nacional, los documentos oficiales revelan que la obra de la rotonda en la Ruta 34 y Arrufó se presentó recién el 7 de noviembre, de forma incompleta, y que Vialidad Provincial y la empresa contratada aún no respondieron requisitos técnicos básicos exigidos por Nación. La demora no es política: es responsabilidad provincial, tras 26 años de la misma casta en el poder.
Mientras el Gobierno nacional de Javier Milei intenta desarmar la bomba de tiempo de la deuda heredada, Santa Fe copia el manual del viejo régimen: más crédito, más obra pública y la cuenta para las generaciones que vienen.
Mientras en Comodoro Py Ernesto Clarens detalla cómo se cartelizó la obra pública y cómo funcionaban los “retornos” del kirchnerismo, el gobierno de Santa Fe –con el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y la senadora Leticia Di Gregorio a la cabeza– celebra con bombos y platillos una obra vial de casi $21.000 millones en el sur provincial. La ganadora es Lemiro Pablo Pietroboni S.A., constructora que estuvo al borde de la quiebra en 2001, resurgió “mágicamente” al calor de la obra pública K, cuyo dueño confesó en radio haber pagado coimas en 2016, que hoy está procesada por sobornos y fraude al Estado en contratos viales y que, además, viene encadenando adjudicaciones clave como el nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé y los puentes sobre el Quencho y el Careé.
