Pacto Pullaro-Rossi: denuncian licitación amañada en el Aeropuerto Rosario para favorecer a Autobuses S.A. vinculada al clan Rossi
En el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) se registraron serias irregularidades en una licitación que terminó...
En el Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) se registraron serias irregularidades en una licitación que terminó...
La apertura de sobres de la Licitación Pública N° 492/25 fue frenada a último momento tras una investigación de El Liberador que expuso luminarias “fantasma”, duplicación de equipamiento ya instalado del lado Paraná y presuntos sobreprecios de hasta 88%. La suspensión llegó por pedido formal del representante de Entre Ríos, mientras el gobierno de Santa Fe mantuvo silencio y quedó otra vez bajo sospecha por su vieja pulsión por la obra pública opaca.
Rutas provinciales abandonadas, falta de mantenimiento y una infraestructura que colapsa cada vez que llueve. Mientras el gobierno de Pullaro y Enrico sostiene un discurso de obra pública y gestión, el norte santafesino sigue aislado, pagando impuestos sin ver respuestas en caminos, drenajes ni logística básica.
El proyecto original de la nueva terminal fue licitado hace varios años con la expectativa de construir un edificio moderno y funcional que ampliara la capacidad operativa del aeropuerto. Denuncian que solo se inauguró una pequeña parte.
La “autonomía municipal” que impulsa Unidos en Santa Fe se vende como modernización, pero funciona como un caballo de Troya: habilita más cargos, más asesores y más gasto político. La creación del viceintendente en Rosario y Santa Fe no mejora la gestión; institucionaliza un comisario político para controlar los concejos y abrir una nueva caja financiada con impuestos, mientras los vecinos siguen esperando seguridad, obras e iluminación.
Una nueva investigación pone bajo la lupa la Licitación Pública N° 492/25. El ente biprovincial pretende gastar $150 millones en equipos que, en gran parte, ya habrían sido instalados y donados por ENERSA hace un año.
La planificación oficial expone un giro profundo en la política de tránsito. Los números del Presupuesto 2026 muestran que las multas dejaron de ser una herramienta de prevención para convertirse en un pilar central del financiamiento para 423 cargos politicos. Crecen las críticas a la estrategia impulsada por el intendente y el secretario de Gobierno.
Mientras el ministro Lisandro Enrico acusa al Gobierno del presidente Javier Milei de “no hacer nada” por la A012, un documento oficial prueba lo contrario: el 22 de noviembre de 2024 la Dirección Nacional de Vialidad firmó y convalidó un Convenio de Cooperación que le otorgó a la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe la potestad de actualizar el anteproyecto y preparar toda la documentación licitatoria a su costo y cargo. Hasta hoy, según información remitida desde Vialidad Nacional, la Provincia no presentó avances ni consultas.
La obra pública santafesina, otra vez en la mira. Una licitación de 525 millones de pesos para reparar los accesos del viaducto que une Santa Fe y Entre Ríos terminó en una parálisis total: el hormigón no resiste y denuncian un esquema de "acomodos" políticos en los cargos de control.
Vecinos de Eusebia y Colonia Aldao se autoconvocaron para exigir el arreglo urgente de la Ruta Provincial 280-S: denuncian que “es imposible circular”, que el asfalto está destruido y que ya hubo accidentes y daños constantes. Vialidad promete repavimentar “en 2026”. Pero el problema excede esta traza: con un gobierno provincial que se llena la boca hablando de obra pública y destina fortunas a “imagen y difusión”, la realidad en el interior muestra rutas provinciales calamitosas y emergencias que se repiten.
En Santa Fe, la gestión de Pullaro triplicó la planta política y aumentó el gasto en cargos jerárquicos, mientras el ajuste cayó sobre los sectores más vulnerables del Estado: recorte de puestos, caída salarial en la base y menos capacidad operativa en áreas esenciales.
Tras dejar su banca y la presidencia del Concejo Municipal, Adriana “Chuchi” Molina pasó de sonar como la beneficiaria de una “Secretaría de Cercanía” inventada a medida a ser propuesta para el Tribunal de Cuentas. El enroque expone la lógica del poder provincial: el Estado como botín, cargos públicos para contener a los propios y organismos que deberían controlar el gasto convertidos en refugio político pagado por todos los santafesinos.
Las cámaras de Senadores y Diputados de Santa Fe aprobaron en tiempo récord, a días de Navidad, una ley que centraliza en el Estado la administración de la conectividad y habilita concesiones y licencias sobre infraestructura crítica. Mientras el gobierno se vende como “transparente”, abre el negocio que de pliegos, software, mantenimiento y centros de datos despierta una pregunta inevitable: ¿a quién le van a entregar esos contratos millonarios y qué garantías reales hay de que esa “regulación” no termine siendo control? En la era de 1984 -Orwell-, cuando el poder administra la red, también se queda con la llave para condicionar lo que la gente ve, dice y comparte.
En menos de 48 horas, el gobierno provincial giró más de $660 millones a Hughes, ciudad natal de Pullaro, mediante dos decretos consecutivos. La rapidez y el destino de los fondos reavivan dudas sobre criterios de prioridad y el uso discrecional de recursos en una provincia con comisarías e infraestructura crítica en emergencia.
Mientras la Provincia de Santa Fe sigue sin adherir a la transparencia fiscal al consumidor, los concejales Pablo Mussio y Ana Cantiani (La Libertad Avanza) impulsan en la ciudad capital un proyecto para que los sueldos, viáticos y contratos del poder municipal sean públicos, en datos abiertos y con sanciones para quienes oculten información.