GyC Consultora: la encuestadora adicta a Pullaro que erra todo y los medios comprados que lo reproducen
La encuesta difundida por La Capital vuelve a poner bajo la lupa a GYC Comunicaciones, la consultora que antes de las elecciones relegó a La Libertad Avanza a un “tercer lugar cómodo” detrás de Provincias Unidas y luego quedó desmentida por las urnas. El caso expone el uso sistemático de encuestas, titulares y pauta oficial para construir una “realidad editada” funcional al gobierno provincial de Maximiliano Pullaro.
En Santa Fe no se trata solo de números: se trata de cómo se construye una narrativa política con herramientas —y recursos— del Estado. En los últimos días, el diario La Capital y otros medios de gran difusión en la provincia volvieron a poner en primera plana una encuesta de GYC Comunicaciones que presenta al gobernador Maximiliano Pullaro con una imagen positiva superior incluso a la del presidente Javier Milei. Ese estudio le otorga a Pullaro un 56 % de valoración favorable y solo 23 % de negativa, frente al 53 % de imagen positiva y 32 % de negativa de Milei, según ese relevamiento.
Para cualquier lector atento, la pregunta no es si Pullaro puede tener buena imagen en algún segmento de la sociedad; el punto es cómo un número así llega a convertirse en “certificado” de gestión, tapa de diario y argumento para dar por consolidado un liderazgo político. Y aquí entra en juego el fenómeno que llamamos —en términos generales— “realidad editada”: la construcción de una percepción política a fuerza de encuestas, titulares y pauta oficial.
Dato reciente
Lo llamativo es que la misma consultora es presentada como “certera” por los medios que hoy amplifican sus números. Sin embargo, el archivo reciente invita a la prudencia.
En octubre de 2025, La Capital publicó un sondeo de GYC Comunicaciones que describía un escenario muy parejo y relegaba a La Libertad Avanza a un “cómodo tercer lugar” con 21%, detrás de Caren Tepp (26%) y Gisela Scaglia (25%).
Cuando llegó el voto real, el resultado fue un cachetazo a la ficción estadística:
- Agustín Pellegrini (LLA): 40,67%
- Tepp: 28,70%
- Scaglia: 18,32%
Ese contraste no prueba un delito. Pero sí exhibe algo igual de grave para la vida pública: una consultora capaz de errar por márgenes enormes y aun así seguir siendo presentada como “confiable” justo cuando el poder necesita buenas noticias.
3) El combustible del sistema: 46 mil millones para “imagen y difusión”
Nada de esto flota en el aire. La “realidad editada” se financia.
Durante el debate del Presupuesto 2026, las partidas rondan los 46 mil millones de pesos destinadas a imagen, difusión y comunicación del gobierno provincial. La cifra fue recogida por distintos medios como parte de las críticas a la orientación del gasto.
Cuando un Estado gasta a escala industrial en propaganda, no compra “comunicación”:
compra clima, silencios, titulares y protección.
Y no es una cuestión ideológica. Es el ADN del estatismo: radicales, socialistas y kirchneristas, mismos reflejos, distintos colores, siempre con el contribuyente pagando el megáfono.
4) Medios “amigos”, pauta y conflicto de interés
La otra pata del sistema es el ecosistema mediático. No hace falta que un medio mienta siempre: alcanza con que dependa.
Esa dependencia se construye con publicidad oficial, convenios, campañas, “suscripciones institucionales” y favores cruzados. Sobre montos asignados a determinados grupos mediáticos circularon publicaciones y posteos que mencionan cifras millonarias —por ejemplo, un salvataje cercano a los 2.000 millones de pesos en 2024 a un medio central del sistema—.
Lo relevante no es solo la cifra exacta, que debe probarse con documentación. Lo verdaderamente grave es que sin transparencia total, todo queda en zona gris y la sospecha se vuelve lógica.
En una provincia seria, esto se resuelve fácil:
- publicación online, mensual y auditada del listado completo de medios y productoras que reciben fondos;
- montos, objeto, duración y criterio de asignación;
- métricas verificables (alcance real, audiencia, tarifas);
- prohibición explícita de usar la pauta como premio o castigo político.
Si el gobierno está tan seguro de su gestión, no necesita encuestas como chaleco antibalas ni pauta como respirador artificial.
