El escándalo que rodea al intendente de Funes, Roly Santacroce: el caso podría escalar hacia una especie de “causa cuadernos” en Rosario, con eje en un presunto circuito de dinero vinculado a constructoras y fideicomisos millonarios.
Santa Fe atraviesa un giro preocupante: mientras el país intenta ordenar sus cuentas, el gobierno de Maximiliano Pullaro profundiza un modelo basado en deuda externa para sostener la obra pública: autopistas, obras hídricas, infraestructura portuaria y hasta los Juegos Suramericanos 2026 están siendo financiados con créditos internacionales, excesivo gasto público y millonarias deudas para el futuro de la provincia.
La abogada y escribana María Covadonga Susana Marcuzzi elevó una denuncia penal contra la cúpula del poder provincial y el Colegio de Escribanos. El caso ya llegó a la CIDH bajo la carátula de violación de Derechos Humanos y Abuso de Autoridad.
Tras ser destituida en 2010 por una falta administrativa leve, Marcuzzi lleva una década y media intentando reinsertarse profesionalmente. A pesar de contar con certificados de reincidencia limpios (2024-2025) y de no tener deudas ni causas penales, el Colegio de Escribanos y el Gobierno Provincial le cierran sistemáticamente las puertas, ignorando incluso dictámenes de la propia Fiscalía de Estado y la constitución.
Nuevamente el Gobernador de Santa Fe elige ir contramano a las politicas nacionales y no se hace lo que es mejor para los ciudadanos
Pullaro afirmó que Santa Fe mostró ser eficiente y bajar los impuestos como nunca se bajó en los últimos años... pero ese es el relato, en la práctica hace todo lo contrario e incluso se niega a adherirse a la transparencia fiscal impulsada desde Nación.
Educación en jaque: el Gobierno de Santa Fe prioriza su blindaje mediático sobre el salario docente. Con una propuesta económica que precariza el salario mediante sumas no bonificables, la administración de Maximiliano Pullaro ha encendido la mecha del conflicto. La crítica es unánime: no falta presupuesto, faltan prioridades
Licitada en 2022 para pavimentar 16 km entre Bella Italia y Aurelia, la obra pasó de un presupuesto oficial de $3.150 millones a cifras que hoy se estiman en $18.503 millones, con ejecución parcial, frentes paralizados y montos que nadie explica con claridad. Tras años de redeterminaciones y plata pública ya girada, la Provincia intentó que productores y frentistas vuelvan a pagar mediante “Contribución por Mejoras”, como si los impuestos no alcanzaran. Aurelia sigue aislada cuando llueve: el síntoma perfecto de una obra pública donde el dinero siempre aparece… pero la ruta no.
Santa Fe ya perdió hasta USD 53 millones por la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de mantener en dólares los fondos tomados para obras que se pagan en pesos. Especialistas advierten que se trata de un descalce evitable, en un contexto donde existen instrumentos en moneda local con tasa real positiva.
En menos de diez días, El Liberador volvió a demostrar que el control real no lo ejerce la “estructura” estatal, sino la presión pública: primero, una investigación sobre rutas intransitables del norte santafesino forzó a la Casa Gris a anunciar un “plan de obras”; y, días antes, otra nota de este diario frenó la apertura de sobres de una licitación del Túnel Subfluvial bajo sospecha de sobreprecios y compras duplicadas. No es gestión: es reacción tardía cuando el escándalo se vuelve imposible de tapar.
Vecinos de Eusebia y Colonia Aldao se autoconvocaron para exigir el arreglo urgente de la Ruta Provincial 280-S: denuncian que “es imposible circular”, que el asfalto está destruido y que ya hubo accidentes y daños constantes. Vialidad promete repavimentar “en 2026”. Pero el problema excede esta traza: con un gobierno provincial que se llena la boca hablando de obra pública y destina fortunas a “imagen y difusión”, la realidad en el interior muestra rutas provinciales calamitosas y emergencias que se repiten.
Mientras ajusta sobre médicos, docentes y empleados públicos, la gestión de Pullaro triplicó la planta política y el gasto en asesores con sueldos millonarios.
La Sociedad Rural de Rosario denunció que el gobierno de Maximiliano Pullaro dejó al campo sin controles ni políticas de seguridad específicas, mientras la inseguridad rural se profundiza.
